Diputados “apagan” Reforma Eléctrica del Presidente López Obrador

El dictamen, que contemplaba diez artículos transitorios, fue fundamentado por los presidentes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, diputado Juan Ramiro Robledo Ruiz (Morena) y de Energía, diputado Manuel Rodríguez González (Morena).

Con 223 votos en contra y 275 en favor, la oposición en la Cámara de Diputados logró “apagar” la Reforma Eléctrica propuesta por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

No obstante, al no alcanzar la mayoría calificada (332 votos), la Cámara de Diputados desechó el dictamen que reformaría los artículos 4º, 25, 27 y 28 de la Constitución Política, en materia de energía y de acceso a la energía eléctrica.

Tras ocho horas de sesión en donde no faltaron las amenazas, los arrebatos, el uso de adjetivos y algunas agresiones, las bancadas unidas del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano derrotaron al grupo parlamentario de Morena y sus aliados en el intento de aprobar la propuesta energética del titular del Ejecutivo Federal.

El Presidente de la Mesa Directiva, Sergio Gutiérrez Luna expresó que al no alcanzarse la mayoría calificada, “con fundamento en lo que dispone la fracción g) del artículo 72 constitucional y en términos del artículo 232 numeral I del Reglamento de la Cámara de Diputados, se desecha el proyecto de decreto”.

Indicó que las diputadas y los diputados del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano retiraron el voto particular que presentaron ante las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, y de Energía, “por lo que se tiene por retirado y no se procede a su discusión”.

Además, diputadas y diputados de los grupos parlamentarios de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT, MC y PRD, expresaron su posicionamiento en torno al dictamen, y emitieron sus posturas a favor y contra.

¿Qué proponía la iniciativa?

El documento de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Energía, contemplaba modificaciones a la iniciativa presentada por el Presidente de la República.

En el artículo 4º precisa que toda persona tendrá acceso al uso y suministro de energía eléctrica suficiente y asequible como condición previa para el goce de los derechos humanos que establece la Constitución. El Estado garantizará las condiciones y la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a la energía eléctrica.

El artículo 25 menciona que el Estado preservará la seguridad y autosuficiencia energéticas de la nación, y el abastecimiento continuo de energía eléctrica a toda la población, como condición indispensable para garantizar la seguridad nacional y el derecho humano a la vida digna.

En el artículo 27 constitucional se considera al litio y demás minerales como estratégicos para la Transición Energética, y se prevé que no sean objeto de concesión.

Señala que corresponde exclusivamente a la nación el área estratégica de la electricidad, consistente en generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica. La nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines.

Resalta que el Estado queda a cargo de la Transición Energética y utilizará de manera sustentable todas las fuentes de energía de las que dispone la nación, con el fin de reducir la emisión de gases y componentes de efecto invernadero, para lo que establecerá las políticas científicas, tecnológicas e industriales necesarias, a fin de llegar a esta transición, impulsadas por el financiamiento y la demanda nacional como palancas de desarrollo.

El artículo 28 indica que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), organismo del Estado con personalidad jurídica y patrimonio propio, será responsable de la electricidad y del Sistema Eléctrico Nacional, así como de su planeación y control; será autónoma en el ejercicio de sus funciones y en su administración, y estará a cargo de la ejecución de la Transición Energética en materia de electricidad, así como de las actividades necesarias para ésta.

La CFE, añade, generará, al menos, el 54 por ciento de la energía eléctrica que requiera el país. El sector privado participará hasta en el 46 por ciento de la generación. El servicio público de abastecimiento de energía eléctrica será prestado exclusivamente por la Comisión, la que podrá adquirir energía eléctrica del sector privado.

Transitorios

En los artículos transitorios, refiere que conforme a lo dispuesto en los artículos 25, 27 y 28 constitucionales de este Decreto, se constituye al Estado en el responsable del Sistema Eléctrico Nacional a través de la CFE, por lo que el mismo día de la entrada en vigor se instalará el Sistema.

Añade que la CFE se convierte en organismo del Estado responsable del área estratégica de la electricidad, de su planeación y control. Adoptará las medidas necesarias para la instrumentación de lo dispuesto en el presente Decreto. La CFE se integra como un solo organismo del Estado en forma vertical y horizontal, por lo que se suprime la separación legal de sus empresas subsidiarias y filiales. Subsistirán la Subsidiaria CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos y las filiales CFEnergía, CFE International y CFECapital, y podrá crear las que considere convenientes.

Además, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) con sus funciones y atribuciones se reincorpora a la CFE, en lo que corresponda. La CFE queda a cargo de los procedimientos para despachar sus centrales por mérito económico, cumpliendo con criterios de confiabilidad, continuidad y estabilidad. Los permisos de generación eléctrica otorgados y los contratos de compraventa de electricidad con el sector privado, se cancelan, así como las solicitudes pendientes de resolución.

Refiere que la CFE desarrollará el despacho económico de unidades de generación eléctrica, considerando la participación de generadores, de las centrales eléctricas de la CFE en por lo menos el 54 por ciento de la energía eléctrica requerida por el país; y de las centrales eléctricas del sector privado hasta el 46 por ciento de la energía requerida por el país, garantizando los costos más bajos para el servicio público y considerando los costos totales de producción.

También, indica que el porcentaje de la energía eléctrica que se reconoce a la inversión privada es la que se generaba al amparo de los permisos y contratos cancelados a las empresas que operaban a las centrales de los Productores Independientes de Energía, las centrales eléctricas construidas a partir de la reformas energéticas de 2013, las centrales eléctricas de autoabastecimiento auténtico que hayan operado conforme a los términos establecidos en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y las centrales adjudicadas de las subastas de largo plazo.

Menciona que estas centrales eléctricas podrán seguir generando electricidad y competir para ofertar los menores costos de producción, para que sea adquirida por la CFE a través del CENACE, en el corto y largo plazo, para beneficio de los usuarios finales. La CFE celebrará contratos de cobertura financiera bilateral de largo plazo para la adquisición de energía eléctrica y capacidad generada por el sector privado.

Precisa que la generación procedente de las modificaciones a los permisos de autoabastecimiento que fueron otorgados en contravención a lo establecido en la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, no será reconocida ni adquirida por la CFE. La generación excedente de los Productores Independientes de Energía, derivada de permisos sobrepuestos al permiso original de la central, tampoco será reconocida ni adquirida. Las solicitudes de permisos pendientes de resolución no serán autorizadas.

Subraya que la CFE adquirirá la energía eléctrica y capacidad generada por el sector privado, requerida en el corto plazo, mediante la competencia para su despacho por sus menores costos de producción. La CFE establecerá, por medio de disposiciones generales, las modalidades de contratación necesarias para la adquisición de energía eléctrica y capacidad generada por el sector privado, a fin de dar cumplimiento al servicio público de abastecimiento.

También, establecerá las modalidades necesarias para la contratación de bienes, servicios, obras y combustibles, determinará las tarifas de las redes de Transmisión y Distribución, así como las tarifas a usuarios finales.

Además, se cancelan los Certificados de Energías Limpias. El Ejecutivo Federal instrumentará mecanismos que contribuyan a la eficiencia energética, la reducción de las emisiones y el incremento de la utilización de energías limpias, en los procesos de generación y consumo de energía eléctrica.

En el Cuarto Transitorio se señala que la participación en la generación eléctrica del sector privado se sujetará a la planeación y control a cargo de la CFE y a la regulación para la continuidad y confiabilidad de la electricidad; lo anterior, para efectos de garantizar en todo momento la continuidad de la generación para la prestación del servicio público de electricidad.

El Quinto precisa que para la Transición Energética soberana se establece: política industrial para la electricidad, desde la transformación de recursos naturales, hasta la manufactura de equipos de usos finales; ciencia y tecnología nacional; propiedad intelectual del Estado, de tecnologías, sistemas y equipos; manufactura por entidades públicas de componentes y equipos considerados críticos; financiamiento de la banca de desarrollo y mercado nacional, a fin de crear empresas públicas, sociales y privadas de capital nacional.

El Sexto menciona que para los efectos de la reforma del artículo 25 y del párrafo cuarto del artículo 28 de la Constitución a que se refiere este Decreto, las concesiones mineras otorgadas por el Estado Mexicano y por las cuales ya se está explorando y/o explotando oro, plata, cobre y otros minerales, se conservan en los términos que fueron otorgadas. Estas concesiones no amparan la explotación y producción del litio ni de otros minerales denominados de tierras raras, en los términos de la legislación minera.

Subraya que a las concesiones mineras ya otorgadas por el Estado Mexicano y en aquellas que a la fecha existan antecedentes de exploración de litio debidamente avalados por la Secretaría de Economía, no les será aplicada la restricción referida en el párrafo anterior.

En el Séptimo se reconocen los contratos de generación distribuida existentes y se mantienen las condiciones vigentes para nuevos contratos hasta 0.5 megawatt.

Los ayuntamientos y organizaciones del sector social sin fines de lucro podrán celebrar contratos para el autoconsumo con la generación distribuida, hasta por 1.0 megawatt cumpliendo los requisitos que establezca la CFE; lo anterior, considerando las necesidades de control y planeación del Sistema Eléctrico Nacional.

Mientras que el Octavo subraya que los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal dedicadas a las actividades que comprende el presente Decreto, se respetarán en todo momento de conformidad con la Ley.

El Noveno Transitorio abunda que dentro de los 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que resulten necesarias al marco jurídico, a fin de hacer efectivas las disposiciones del presente Decreto.

El Décimo, precisa que a la entrada en vigor del Decreto, la CFE procederá a establecer un esquema tarifario del servicio público que permita reducir las tarifas de alumbrado público, de bombeo de agua potable, saneamiento y doméstico; asimismo, revisará las que correspondan a las instituciones de salud y educación pública, con el objeto de que su suministro se preste en condiciones asequibles.

La discusión

Durante la sesión presencial, diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT, y PRD participaron a favor y en contra del dictamen que buscaba reformar los artículos 4º, 25, 27 y 28 de la Constitución Política, en materia de energía y de acceso a la energía eléctrica.

Morena

El diputado Óscar Cantón Zetina mencionó que la iniciativa tenía cinco puntos fundamentales: recuperar la soberanía y seguridad energética, plantear un nuevo modelo eléctrico nacional, generar tarifas justas y baratas para la población, avanzar hacia la transición energética, que el litio sea de los mexicanos y que la electricidad sea un derecho social y humano, no una mercancía.

La diputada Lidia Pérez Bárcenas señaló: “ofrecemos una reforma integral que le da espacio al sector social, reducirá los precios de los recibos de luz y convierte la electricidad en derecho humano. Con su aprobación, toda persona podrá acceder al uso y suministro de energía suficiente y asequible como condición previa al goce de los derechos humanos”.

A su vez, la diputada Aleida Alavez Ruiz dijo que era una reforma que no sólo buscaba recuperar, en beneficio de la nación, a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), “sino paulatinamente la soberanía energética que en las últimas tres décadas perdimos deliberadamente”. Aseguró que se fortalecerá y aumentará la generación de energías limpias y renovables, a partir de la participación de la CFE y de los privados.

PAN

La diputada María Josefina Gamboa Torales dijo estar en contra de una reforma “abusiva, excesiva, de imposición e injusta”. Añadió que la CFE produce energía sucia y cinco veces más cara que una empresa privada, se cobran dos veces los recibos de luz y van a seguir subiendo los precios de la gasolina y de la energía eléctrica, porque se tiene sumido al país en un desastre financiero, económico, social y político.

El diputado Santiago Creel Miranda afirmó que la iniciativa vulnera los derechos humanos, ya que el cambio que se propone perjudica la generación de energías más baratas. Es una reforma que trasgrede el principio de progresividad y, por lo tanto, es regresiva; afecta el derecho de vivir en un ambiente sano y tener un desarrollo sustentable, pues con las emisiones sucias se elevaría al doble de lo que hoy se tiene.

PRI

El diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez expresó: “hoy no acompañamos este dictamen por insuficiente. Nosotros pugnamos por 12 propuestas, las cuales en la práctica solamente son enunciadas, pero en ningún momento vemos que se refleje ni su contenido, ni su espíritu”. Aseguró que no se consigna la electricidad como un derecho humano, tampoco se acepta que los más pobres reciban de forma gratuita electricidad y no se garantiza la protección al medio ambiente.

A su vez, el diputado Ildefonso Guajardo Villarreal comentó que “cuando analizamos los puntos de debate me resulta totalmente incomprensible que estamos hablando de que la solución para México es la hidroeléctrica”. Subrayó que se contravienen compromisos internacionales y se afecta el futuro de los mexicanos que merecen tener empleos bien remunerados. La CFE, encargada del sector eléctrico, siendo juez y parte “es violatorio del capítulo de inversión”.

PVEM

Las y los diputados del Partido Verde, dijo el diputado Armando Antonio Gómez Betancourt, “hemos analizado la propuesta de reforma constitucional en materia eléctrica, entendiendo que se trata de un cambio de la mayor trascendencia y, con ella, no solo está en juego el presente sino el futuro de muchas generaciones. No hay pretexto para no aprobar la reforma eléctrica. Votar en contra de ella es traición a la patria e ir en contra del interés nacional”.

Por su parte, el diputado Pedro Vázquez González comentó que el proyecto desmantelará la reforma eléctrica de 2013 que permitió al capital privado despojar del sector energético al Estado mexicano a costa de los consumidores. “Este asunto es de la mayor importancia para la estabilidad de las y los mexicanos”.

“Estamos blindados contra la traición”

Antes de la votación, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador publicó un mensaje en sus redes sociales asegurando que estaban blindados contra la traición en caso de que la propuesta no obtuviera la mayoría de votos.

Tras confirmarse lo que la oposición ya advertía, el mandatario aseguró que los diputados fueron respaldados por “los saqueadores”, refiriéndose a las empresas extranjeras a las que el gobierno federal acusa de beneficiarse a costa del Estado mexicano en complicidad con funcionarios y representantes populares.

“El día de ayer se cometió un acto de traición a México por parte de un grupo de legisladores, que en vez de defender los intereses del pueblo, de la nación, en vez de defender lo público, se convirtieron en francos defensores de empresas extranjeras que se dedican a medrar, a robar”, señaló AMLO en su conferencia de prensa del lunes 18 de abril.

Además, añadió que envió una propuesta de ley -que solo requiere una mayoría simple en ambas Cámaras- para definir la propiedad exclusiva del Estado sobre las reservas del litio que hay en el país.

Dicha reforma -que fue aprobada en tan solo dos días por ambas Cámaras- declara como una actividad exclusiva del Estado la exploración, explotación y aprovechamiento del litio, además de impedir concesiones y contratos privados para la explotación del mineral.Así como la creación de un nuevo organismo descentralizado para la administración de este recurso.

Traidores a la Patria

A raíz de la votación en contra de la Reforma Eléctrica promovida por el Presidente, el partido oficialista Morena, inició una campaña en contra de los Legisladores de oposición que no emitieron el voto a favor de la propuesta del Ejecutivo Federal.

A través de medios digitales y manifestaciones presenciales, simpatizantes del Movimiento de Regeneración Nacional han señalado a las y los diputados de Acción Nacional, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, acusándolos de traidores a la patria y de estar al servicio de empresas extranjeras.

En respuesta, varios representantes populares han presentando denuncias en contra de Morena por violentar su derecho a la libre manifestación de ideas y violar el fuero constitucional del que gozan las y los Diputados.

Incluso han acusado al partido del Presidente de incitar una campaña de odio en su contra.

Morena hará consulta para denunciar a Diputados

El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que organizarán una consulta ciudadana para decidir si se presenta una denuncia penal en contra de los 223 diputados que votaron en contra de la reforma eléctrica y se les sancione por “traidores a la patria”.

“Nosotros no podemos quedarnos cruzados de brazos, hemos consultado a nuestros abogados y coinciden en que sí podemos presentar una demanda por el delito de traición a la patria, sustentado en el artículo 123 del Código Penal Federal, contra los 223 legisladores que votaron en contra de una reforma que trataba de regresarle la soberanía del sector eléctrico a nuestro país”, declaró Mario Delgado

Detalló que la recolección de firmas será durante dos semanas, asegurando que pedirán que se investigue y que se llegue hasta las últimas consecuencias.

El código penal, en su artículo 123, señala que por el delito de traición a la patria corresponde una pena de prisión de cinco a 40 años, así como una multa de 50 mil pesos a la persona que realice actos contra la independencia, soberanía o integridad de la Nación Mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero.

Artículo publicado en la Revista POLIGRAFO, Política Gráfica Objetiva del mes de abril 2022.