María del Sol, el feminicidio oaxaqueño que revela cadena de complicidades entre gobierno y caciques 

  • La fotoperiodista María del Sol fue asesinada en 2018 en Juchitán cuando cubría contra su voluntad la campaña de Hageo Montero, hermano de Francisco Javier Montero, exsecretario de Asuntos Indígenas de Oaxaca. En cuatro años han sido liberados dos presuntos autores materiales por omisiones de la Fiscalía oaxaqueña. Sin investigaciones sobre autores intelectuales peligra la integridad de la periodista Soledad Jarquín, su madre.
  • A la aparente negligencia e impunidad de la FGEO se suma la relación entre el clan Murat y el de los Montero, cuyas relaciones de poder y cacicazgo se remontan a la década de los setentas, bajo los intereses del PRI, la energía eólica y el control político del Istmo de Tehuantepec.

Texto: Karen Rojas Kauffmann 

Investigación e Infografía: Antonio Mundaca  

Eran las 2:27 de la madrugada del viernes 2 de junio de 2018, cuando los destinos de Pamela Terán Pineda y María del Sol Cruz Jarquín se cruzaron para siempre. Pamela, de 29 años, era Regidora de Energía con licencia y candidata a segunda concejal del Ayuntamiento de Juchitán por la alianza PRI-PVEM en la región del Istmo de Tehuantepec, mientras que María del Sol, con apenas 27, fotógrafa y videasta en ciernes se desempeñaba como jefa del Departamento de Comunicación Indígena Intercultural de la Secretaría de Asuntos Indígenas (SAI), hoy Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicanos (SEPIA).

María del Sol había sido enviada contra su voluntad y so pena de perder su empleo a una de las regiones más peligrosas de Oaxaca a “apoyar” la campaña electoral de Hageo Montero López, candidato a la presidencia municipal y hermano del jefe de María del Sol, Francisco Javier Montero López, entonces titular de la SEPIA, cuando aquella noche fueron sorprendidas por un comando armado. En el ataque, Adelfo Jiménez Guerra, el chofer de Pamela -que las esperaba en una camioneta gris- también fue asesinado.

“Esto toca la vida de cualquier persona. Y los mismos que le arrebataron la vida a mi hija, seguramente, lo digo de verdad lastimosamente, ya han arrebatado la vida de más personas. Este número de mujeres asesinadas durante el sexenio del gobernador Alejandro Murat va a superar por mucho, al número de víctimas de los cuatro últimos gobernadores del Estado de Oaxaca”, me dice en entrevista la periodista Soledad Jarquín Edgar, madre de María del Sol, visiblemente enojada. Muy adolorida.

Migajas de Murat para acallar a mujeres oaxaqueñas

Me platica que en marzo de 2021, el mandatario oaxaqueño anunció el programa Por ellas, acciones para familias víctimas de feminicidio, con el cual prometió atender a las víctimas indirectas de este delito. “Pero creo que él piensa que dándonos migajas nos va a tener calladas. Nosotras lo que queremos es justicia, porque sólo dándonos justicia nos vamos a acercar a la reparación del daño”, señala Soledad, convencida.

La periodista, que en 2006 fue acreedora el Premio Nacional de Periodismo, ha luchado durante casi cuatro años para obtener esa justicia que las autoridades le han negado. En 2018, el asesinato de su hija María del Sol, fue investigado como homicidio calificado a pesar de la insistencia de abogadas, organizaciones civiles y feministas de que se investigara el asesinato como un feminicidio. 

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El Fiscal que ordenó no reconocer el crimen como feminicidio 

“María del Sol recibió más de 10 impactos de bala, su cuerpo quedó muy lastimado. Destrozaron sus órganos internos, sus brazos, sus piernas, el ataque fue extremadamente violento y las heridas le causaron una muerte cerebral instantánea”, sin embargo, insiste Jarquín, el entonces Fiscal General del Estado de Oaxaca, Ruben Vasconcelos Méndez, bajo una serie de argucias legaloides nunca quiso reconocer el crimen de María del Sol y Pamela como feminicidios.

Y aunque con la llegada a la Fiscalía General del Estado de Arturo Peimbert Calvo, en marzo 2021, Soledad consiguió que se reclasificara el caso de su hija como feminicidio, el abogado y exdefensor de derechos humanos pidió el sobreseimiento parcial del proceso, por lo que en noviembre de 2021, José Eduardo ’n’., quien fuera el segundo implicado en el triple asesinato, salió libre.

Aquella liberación por las debilidades en las pruebas presentadas por la fiscalía, se sumó a la de Jehú ’n’, quien fue la primera persona detenida. Su aprehensión ocurrió el 28 de agosto de 2018 pero fue liberado seis días después por las inconsistencias exhibidas. Ambos eran empleados de Hageo López y Jehú, además, era su sobrino.

Operadores políticos que robaron pruebas

La mañana del triple asesinato, pretendiendo eliminar toda prueba del trabajo que María del Sol desarrollaba contra su voluntad, un funcionario del gobierno del estado sustrajo desde muy temprano, las pertenencias que María del Sol guardaba en hotel donde se hospedaba. 

“Cuando mis hijas intentaban recoger las cosas de su hermana asesinada fueron notificadas por empleados del establecimiento, que un hombre con identificación de la SAI se había llevado el equipo de trabajo de María del Sol”, dice consternada. Soledad hace una pausa larga. El hombre que sustrajo las pertenencias regresó dos horas después con el equipo que constaba de una cámara fotográfica, una cámara de video y una Mac Pro, diciendo: ‘ya me metí en un problema, aquí están las cosas’. Para entonces nosotras lo teníamos plenamente identificado porque los empleados habían tomado una foto de su identificación oficial”, me dice sin titubear.

Tras el robo del equipo de trabajo propiedad de su hija, la periodista Soledad Jarquín Edgar le dio aviso a Vasconcelos Méndez y levantó una denuncia por el probable delito de robo. Derivado de esta denuncia la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental (SCTG), realizó una investigación al interior de la SAI por presunta responsabilidad administrativa y encontró a 10 probables responsables de delitos de corrupción. 

Entre los servidores públicos involucrados se encontraba el funcionario de la SAI que la mañana del 2 de junio había sustraído las pertenencias de su hija. Entonces Soledad se enteró que el empleado era en realidad, un servidor público con rango de dirección dentro de la secretaría. “El señor estuvo trabajando impunemente sin que ninguna autoridad lo molestara hasta el 31 de diciembre de 2018 cuando llegó una nueva titular de la dependencia”, recalcó Soledad. 

Fiscalías que protegen a sus cuates

El martes 5 de junio de 2018 la titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Esther Araceli Pinelo López, anunció en una rueda de prensa que iniciarían investigaciones contra quien o quienes resultaran responsables al interior de la SAI por la presunta coacción de subordinados para que participaran en actos proselitistas. Sin embargo, medio año después del crimen la Fepade continuaba sin vincular a proceso el caso, a pesar de que la FGEO había informado que sí existía la carpeta de investigación por delito electoral. 

Aprovechando el cambio de titularidad en la fiscalía y ante la dilación de la Fepade, Jarquín Edgar cotejó los expedientes y descubrió que Pinelo López no abrió las investigaciones como había anunciado públicamente en junio de 2018, sino hasta julio de 2019.

“Ella muy inteligentemente saca de la carpeta la denuncia por robo, y abre una nueva carpeta en julio de 2019, eso explica el que no hayan molestado a los diez funcionarios públicos involucrados. Los tenían en la mira, si hubieran querido los hubieran detenido y no lo hicieron, pudieron especialmente detener a la persona que sustrajo las pertenencia de María del Sol”.

La periodista interpuso entonces un procedimiento especial sancionador por Delitos Electorales a través del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Oaxaca (IEEPCO). Esa carpeta se turnó al Tribunal Estatal Electoral (TEEO), y en octubre de ese mismo año el tribunal sancionó a Hageo Montero López con una multa irrisoria de 25 mil pesos por delito electoral. 

La madre de María del Sol se inconformó y la multa subió a 45 mil pesos. Soledad se volvió a inconformar y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que se cometió un delito electoral grave y, finalmente, le impuso a Montero López una multa de 90 mil 600 pesos. Además le pidió al gobernador Alejandro Murat Hinojosa que sancionara a Francisco Montero López por ser su superior jerárquico.

El excandidato y regidor sin dinero

Aquella sanción económica sin embargo, se desvirtuó cuando el entonces secretario de Finanzas, Vicente Mendoza Téllez Girón, le otorgó a Hageo Montero López ‘abonos’ de 3 mil 900 pesos para pagar la multa -que además debía realizarse en una sola exhibición en el transcurso de 180 días, según la multa establecida-, bajo el argumento de que Montero López no podía solventar los 90 mil 600 pesos. 

“Una excusa lastimosa y poco creíble pues en ese momento Hageo se desempeñaba como titular de la regiduría de Recursos Renovables del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza”, aseguró Soledad, completamente indignada. “El gobernador de Oaxaca tampoco emitió ninguna sanción contra Francisco Montero López, con el pretexto de que sigue esperando la resolución del Tribunal de Justicia Administrativa, trámite que continúa detenido bajo el pretexto de la pandemia”, precisó

El 24 de noviembre de 2020 y ante la evidente protección a los hermanos Montero, Soledad Jarquín Edgar asistió a la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, en la que denunció que el feminicidio de su hija continuaba impune y le entregó una carta con 18 mil firmas para exigirle un alto a los asesinatos de mujeres en el país. Esa misma tarde, Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, recibió a la periodista oaxaqueña tal y como le instruyó el Presidente para que se le diera atención al caso.  Sin embargo, año y medio después, ningún involucrado ha sido castigado.

El exfiscal premiado que se robó la justicia. 

Los actos para exigir justicia de Soledad Jarquín han sido muchos. Ha hecho marchas, concentraciones y demandas públicas para que el exfiscal Vasconcelos Méndez sea llevado a la justicia por su silencio, negligencia y complicidad. Las protestas incluso las realizó en el Congreso local de Oaxaca: “¡El señor que está ahí sentado es un corrupto, se robó la justicia para mi hija!”,  reclamó con vehemencia Soledad, el 25 de enero de 2022  durante el primer informe anual de Rubén Vasconcelos, premiado por Alejandro Murat como  titular de la Secretaría de Bienestar (Sebien).

“Rubén cometió omisión, simulación y corrupción en el caso de mi hija, así como en el de decenas de mujeres y ha sido él, el principal encubridor de los Montero López”, reclamó Jarquín Edgar ante el silencio cómplice de los legisladores oaxaqueños.

Durante los casi 4 años en espera de justicia, la familia Cruz Jarquín ha sido continuamente amenazada y violentada. Del triple homicidio hay seis carpetas de investigación, me enumera Soledad toda vestida de negro: “una por homicidio calificado, otra por delitos electorales cometidos por los hermanos Montero, una más por el robo del equipo donde Sol guardaba evidencia de la campaña política en la que fue obligada a trabajar, hay una carpeta en el Tribunal de Justicia Administrativa por el delito de corrupción, una por uso de recursos públicos -también contra los Montero- y finalmente, una más contra Rubén Vasconcelos por obstrucción de la justicia, interpuesta en 2020”. Todas hoy figuran como archivo muerto. 

Los autores materiales e intelectuales “se esfumaron”

La abogada de Soledad, Lourdes López Velasco, reveló que el expediente estaba plagado de irregularidades: se falsificaron firmas, faltaban discos con videos del momento de los hechos donde van caminando los presuntos agresores, la pericial de balística no era la que correspondía al triple asesinato, habían inventado un testigo, no estaba una prueba de telefonía de Pamela Terán, y otra pruebas telefónicas estaban ‘confundidas’.

“A mí me dolió mucho porque era finalmente la comprobación de lo que nosotras habíamos estado diciendo desde el principio. No investigan, y cuando no investigan, inventan. No fue un delito de homicidio es feminicidio. Y además cuando nosotras revisamos la carpeta encontramos muchas cosas que la fiscalía no investigó. Y se fue a la basura el caso”, precisó la periodista.

“Me queda claro que iban por Pamela Terán, me queda claro que el caso de mi hija es un feminicidio porque estaba en el momento de los hechos, el problema es que a estas alturas no tenemos absolutamente nada. No tenemos ni autores materiales, ni intelectuales”. Soledad hace una pausa larga y por unos breves segundos, su mirada se pierde en la nada.

Pamela, la regidora de la Energía Eólica 

Pamela Itzamaray Terán Pineda quería ser presidenta municipal de Juchitán. Fue candidata independiente en 2016. Tras perder fue concejal. Se le creó ex profeso la Regiduría de Energías Renovables para que tratará de manera directa los temas que tuvieran que ver con los parques eólicos. Oficialmente la encomienda se le dio por su popularidad creciente y sus relaciones con los sindicatos del transporte y la construcción en la región, además del control político que sostenía a través de la organización social “Despierta Juchitán”. 

Sin embargo, para varias fuentes consultadas, el verdadero motivo para colocarla en dicha posición estratégica se debió a que Pamela era hija de Juan Terán Regalado, conocido como el ‘Chapo del Istmo’, a quien muchos medios locales han señalado como el líder del Cártel de Juchitán, y que desde el 19 de abril de 2017 se encuentra preso por delitos contra la salud, portación de arma de fuego y delincuencia organizada.

Los jóvenes juniors, los viejos caciques.

En 2018 Pamela se sumó como aspirante a las filas del PRI y ocupó la posición número dos en la planilla de Hageo Montero López, hijo de Porfirio Montero Fuentes, presidente de la Unión de Propietarios de Energías Renovables del Istmo (Uperi), que reúne a campesinos que rentan sus tierras a diferentes parques eólicos. 

Montero Fuentes es además un líder evangélico que ha ejercido control político en la región desde las décadas de los setentas, debido a su cercanía con el exgobernador José Murat Casab, una amistad que les ha llevado a compartir no solo la militancia priista y la niñez como vecinos en los municipios de La Ventosa e Ixtepec,  de donde ambos son originarios respectivamente.

José Murat fue diputado federal por el PRI entre 1988 y 1991 y entregó la curul a Porfirio Montero para el periodo 1991-1994 en el extinto distrito 01 de Oaxaca. Porfirio Montero fue ademas, operador de José Murat cuando éste buscó el senado en la década de los noventas. 

Cuando Murat alcanzó el poder impulsó la carrera política del junior, Francisco Javier Montero, convirtiéndolo en asesor del Instituto de Desarrollo Municipal y Jefe de Unidad en Secretaría de Desarrollo Industrial y Comercial de 2000 a 2002, no sin antes nombrarlo Coordinador de “Oaxaca Joven” durante la campaña a la gubernatura en 1998. 

20 años después, Alejandro Murat Hinojosa, igual que su padre, además de impunidad, ascendió al cargo de Secretario de Estado al hijo de Porfirio Montero, lo designó como titular de Asuntos Indígenas y palomeó la candidatura de Hageo Montero de Juchitán por el PRI.  

Finalmente en 2018 Hageo Montero López perdió las elecciones contra Emilio Montero Pérez, candidato de Morena a la alcaldía de Juchitán. Curiosamente, Hageo Montero fue designado Regidor de Energía, la misma cartera que fue creada para Pamela Terán en el gobierno anterior, y que resulta vital para los intereses de su padre Porfirio Montero como líder de la UPERI.

Amenazas de muerte, la resaca de exigir justicia

La organización feminista Consorcio Oaxaca desde hace dos años ha denunciado que la periodista Soledad Jarquín ha recibido amenazas de muerte. El 15 de junio de 2020 encontraron en la puerta de su casa una bolsa negra con pedazos de carne de animal junto una cartulina presuntamente enviada por el Cartel de Jalisco Nueva Generación. Soledad ha denunciado que personas desconocidas fotografían las viviendas de sus familiares de forma sistemática. 

La ONG ha dicho que las frecuentes amenazas pueden responder a su labor con la campaña ”Hasta que la Justicia Llegue” con la que están evidenciando la impunidad y complicidad de los diferentes niveles del gobierno estatal respecto al caso de su hija.

El 7 de junio de 2021, la relatora especial de la ONU, Mary Lawlor, a las autoridades mexicanas garantizar la seguridad de la periodista Soledad Jarquín Edgar en el marco del tercer aniversario del feminicidio de su hija María del Sol Cruz Jarquín.

Artículo publicado en la Revista POLIGRAFO, Política Gráfica Objetiva del mes de abril 2022.

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