Por un FUTURO para periodistas y activistas en Jalisco

La creciente violencia en el país está llegando a niveles nunca antes vistos, superando incluso la fallida guerra contra el narco en el sexenio de Felipe Calderón. Con más de 100 mil homicidios en menos de cuatro años, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador heredará a su sucesor un cementerio nacional, resultado de una fracasada estrategia en materia de seguridad.

Sin embargo, la responsabilidad no es solo del gobierno federal, ya que si bien el combate al crimen organizado está dentro de su ámbito de competencia, los Estados también deben aportar en esta lucha que afecta a todos los sectores sociales, sin discriminar edad, sexo ni profesión. Siendo este último factor, uno de los más determinantes al momento de sufrir una agresión. 

De acuerdo a cifras oficiales, desde la llegada de la llamada “Cuarta Transformación” han sido asesinados 48 periodistas y 68 activistas o defensores de Derechos Humanos, esto sin importar que varios de ellos eran beneficiarios del mecanismo de protección del gobierno federal y en algunos casos, de los estatales. 

Las agresiones, según datos de la Secretaría de Gobernación federal, provienen en su mayoría de autoridades locales, desde municipales hasta estatales, lo que aumenta los riesgos y el nivel de impunidad. 

Ante este preocupante escenario, asumiendo su responsabilidad como representante popular, la Diputada local de Jalisco y dirigente del partido FUTURO, Susana de la Rosa Hernández presentó ante el Congreso del Estado la iniciativa “Periodismo en Libertad” que tiene como objetivo mejorar las condiciones de seguridad para las personas dedicadas a dicha profesión, así como a la defensa de los derechos humanos, “actividades que están unidas por la búsqueda de la verdad”, puntualizó la legisladora. 

“Esta iniciativa nace de la necesidad de dar respuesta a uno de los problemas más graves que sufrimos como sociedad: el hecho de que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo a nivel mundial”, añadió de la Rosa al explicar que la iniciativa contempla la creación del Instituto para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, que deberá de cumplir con las siguientes características:

• Primero: Ser un organismo público descentralizado  que convierta al actual consejo del mecanismo en una Junta de Gobierno y en un Consejo Consultivo.

• Segundo: Que la persona encargada de dirigir este Instituto sea elegida por el Congreso, a partir de una terna de perfiles propuestos por el Consejo Consultivo, el órgano ciudadano de consulta. El nuevo mecanismo de protección debe ser autónomo del Gobierno del estado, para que las personas dedicadas al periodismo tengan la confianza de solicitar medidas de protección cuando las necesiten y que estas no dependan de la voluntad de los gobernantes en turno.

• Tercero: Que este Instituto esté a cargo de dictar y dar seguimiento puntual a las medidas de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos; que presente y acompañe denuncias; que establezca las políticas para prevenir la violencia; y que se encargue de atender las necesidades de salud integral de aquellas personas acogidas a las medidas de protección.

“Tenemos en claro que la creación de un nuevo mecanismo de protección independiente para Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, no es lo único que se tiene que hacer para garantizar la libertad de expresión. Sin embargo esta iniciativa representa un primer paso, en la ruta para hacerle frente a este problema desde el poder legislativo”, concluyó de la Rosa en su exposición de motivos. 

¿Cómo funcionaría el Instituto? 

Para dar vida al Instituto para la Protección de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos del Estado de Jalisco, Susana de la Rosa propone derogar la Ley Estatal de Protección a personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas actual, creando un nuevo marco legal que garantice una atención integral a esta problemática. Destacando que el mecanismo actual es insuficiente. 

El Instituto estaría conformado por una Junta de Gobierno y un Consejo Consultivo; el primero con 5 representaciones ciudadanas y 4 por parte de instituciones públicas y; el segundo, con 9 Consejerías ciudadanas, buscando que sean las personas defensoras y periodistas quienes lleven la rienda de las políticas en la materia. 

La persona que quede al frente al Instituto sería seleccionada por las y los diputados de entre una terna propuesta por el Consejo Consultivo, dotando de agencia e injerencia a las personas consejeras, reivindicando la figura del Consejo.  

De igual forma se busca que el presupuesto en comunicación social, oficina que en más de una ocasión ha servido como medio para amedrentar a las personas dedicadas al periodismo, sea una referencia para el presupuesto del Instituto y que este no sea menor al 5% del presupuesto que sea asignado al concepto general presupuestal “3600 Servicios de Comunicación Social y Publicidad” de las dependencias del Poder Ejecutivo, el cual este 2022 alcanzó un total de $ 242,499,400.00 por lo que el 5% serían cerca de $ 12 millones 124 mil 970 pesos para la defensa de activistas y periodistas en Jalisco. 

Artículo publicado en la Revista POLIGRAFO, Política Gráfica Objetiva de Julio. Descarga gratis.