Giran 87 órdenes de aprehensión por caso Ayotzinapa

Ciudad de México.– Se libraron órdenes de aprehensión contra mandos y personal del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala; autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero, así como en contra de policías municipales y estatales.

A petición de la Fiscalía General de la República (FGR), el Juez Segundo de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, libró 83 órdenes de aprehensión contra 20 mandos militares y personal de tropa del 27 y 41 batallones en la ciudad de Iguala, así como a cinco autoridades administrativas y judiciales del estado de Guerrero; a 26 policías de Huitzuco; seis de Iguala y uno de Cocula; más 11 policía estatales de Guerrero y 14 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.

Todos ellos vinculados con la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas en la ciudad de Iguala, Guerrero, el 26 y 27 de septiembre de 2014, y fechas posteriores. Los delitos por los que se libraron las órdenes de aprehensión son por delincuencia organizada, desaparición forzada, tortura, homicidio y delitos contra la administración de justicia.

Las imputaciones, en cada caso, se darán a conocer en el proceso penal correspondiente, y el cumplimiento de las órdenes de aprehensión serán también informadas en el momento procesal que la ley autorice.

Cerca del medio día del viernes 19 de agosto, el exprocurador de justicia Jesús Murillo Karam fue detenido por elementos de la Fiscalía General, señalado por obstrucción de la administración de justicia, tortura y desaparición forzada.

Karam estuvo a cargo de las investigaciones realizadas por la entonces Procuraduría General de la República, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, arrojando como resultado la llamada “verdad histórica”, la cual indicaba que los jóvenes habrían sido asesinados, calcinados y arrojados a un río.

“Fueron privados de la vida, incinerados y sus cenizas arrojadas al Río San Juan (…) Esta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal en contra de los 99 involucrados, que han sido detenidos hasta hoy”, detalló Murillo Karam el 7 de noviembre de 2014.

Dicha versión ha sido rechazada por familiares de las víctimas así como por expertos internacionales, al señalar diversas inconsistencias, por lo que el actual gobierno federal realizó una nueva investigación, cuyos resultados se presentaron el pasado jueves 18 de agosto.

En el informe, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, reconoce que la desaparición de los 43 estudiantes fue un crimen de Estado donde participaron autoridades de los tres niveles de gobierno.

El documento, detallado por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), también advierte que no hay indicio alguno de que los estudiantes se encuentren con vida, aunque es necesario continuar con la búsqueda en diversas zonas de varios municipios de Guerrero.

Además, asegura que militares y funcionarios, por sus “acciones, omisiones o participación“, permitieron el secuestro y muerte de los 43 estudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa y seis personas más por parte del cártel Guerreros Unidos.

En este sentido, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su compromiso para que se esclarezca en su totalidad este caso, y se castigue a los responsables.

“Dar a conocer esta situación atroz, inhumana, y al mismo tiempo castigar a los responsables, ayuda para la no repetición. Que nunca más se den estos lamentables hechos en nuestro país”, declaró López Obrador.

Sin embargo y pese a que estos hechos son una de las peores violaciones de derechos humanos con fuerzas federales involucradas, para el mandatario federal lejos de afectar al ejército, lo fortalece.

Acompañado de los secretarios de la Defensa y de la Marina, Luis Cresencio Sandoval y José Rafael Ojeda, el presidente sostuvo que la participación de “malos servidores públicos” en los hechos de Ayotzinapa no supone el “mal funcionamiento de una institución”, más aun “si se hace el deslinde y se castiga a los responsables”.

“Lo que debilita a una institución es que no se actúe con apego a la verdad y haya corrupción, impunidad”, agregó López Obrador, cuyo gobierno ha sido criticado por el uso de las fuerzas armadas en prácticamente todos los ámbitos de la administración pública federal. Destacando su rol en materia de seguridad pública y la militarización de la Guardia Nacional, al igual que su activa participación en la construcción de las obras insignia de Obrador, como el aeropuerto Felipe Ángeles, el Tren Maya y la Refinería de Dos Bocas, entre otras declaradas como temas de Seguridad Nacional por voluntad presidencial.

Tras escuchar el nuevo informe federal, familiares de las víctimas anunciaron que someterán el documento a una valoración del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), creado por un acuerdo entre el anterior gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).