“No temas ni a la prisión, ni a la pobreza, ni a la muerte. Teme al miedo.”
–Giacomo Leopardi
De acuerdo al Diccionario de Asilo de CEAR-Euskadi, la militarización se refiere al empleo de estrategias de control y uso de armamentos propios del ámbito militar en otros sectores. Puntualizando que la militarización no solo se plasma en la presencia del ejército, sino que también se constituye a partir de leyes que la justifican.
En este sentido, es importante entender la militarización como un proceso mediante el cual “diversos ámbitos de las funciones primordiales del Estado adquieren lógicas militares”, es decir, los problemas se observan desde una perspectiva de amenaza o enemigo y se recurre a las dinámicas bélicas para solucionarlos.
Los especialistas Abigail Hall y Christopher Coyne, indican en su estudio “The Militarization of U. S. Domestic Policing”, que la militarización puede ser de dos tipos: Directa e Indirecta.
La Directa, explican, es cuando fuerzas militares son desplegadas para participar en labores de control interno. Mientras que la indirecta se asocia a “marcos institucionales” en los que las policías civiles adquieren de manera paulatina características militares, entre las que están estrategias de armamento y tácticas.
Esto quiere decir que la militarización se refiere a quiénes realizan funciones de seguridad pública, tanco a cómo se hacen.
México ¿camino a la militarización?
En el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, el uso de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública se convirtió en la estrategia medular para combatir al creciente crimen organizado, el cual alcanzó niveles de violencia nunca antes vistos hasta ese momento.
Con la administración de Enrique Peña Nieto se continuó empleando al ejército y a la Marina en tareas de combate al narcotráfico y crimen organizado, sin embargo, la presencia militar se redujo en las principales ciudades del país y se “reforzaron” áreas menos pobladas pero con mayor control de células criminales, y aunque existieron resultados en detenciones y decomisos, la violencia siguió creciendo junto a la impunidad.
Durante todos estos años, la oposición encabezada por los partidos de izquierda y particularmente por el hoy presidente, Andrés Manuel López Obrador, criticó incansablemente el uso de la fuerza militar en tareas del orden civil, exigiendo el regreso del ejército a los cuarteles, empleando ese discurso como bandera política y electoral.
Sin embargo, con la llegada de López Obrador al poder Ejecutivo el ejército se ha convertido en una institución casi omnipresente con injerencia no solo en temas de seguridad, también en infraestructura pública, administración de puertos, aeropuertos y contención a movimientos civiles, lo que ha despertado alarmas sobre un posible rumbo a un modelo de gobierno autoritario que busque emplear al ejército para mantenerse en el poder.
No obstante, para algunos expertos el fenómeno que atraviesa México con la llamada Cuarta Transformación, también obedece a un proceso de militarismo, como indican Daira Arana y Lani Anaya en su artículo “De la militarización al militarismo”, publicado en la revista Nexos.
Pero primero, ¿qué es el militarismo? El historiador español Carlos Seco Serrano, definía al militarismo como “la inserción de militares de alta graduación en el juego de los partidos políticos a causa de la esencial debilidad del sistema representativo, que lleva a grupos políticos a utilizar la fuerza militar para alcanzar sus objetivos”, por lo tanto podemos deducir que el militarismo consiste, entre otros aspectos, “en la influencia política del aparato militar en la orientación del poder del Estado”.
Esto implica la preponderancia del poder militar sobre el poder civil en términos políticos y en donde la esfera castrense influye en la toma de decisiones políticas del Estado más allá de las tareas de seguridad y defensa nacional.
Por ello, lo que ocurre en México debe ser analizado desde la perspectiva de una militarización y el avance del militarismo, sobre todo dadas las atribuciones que se le han conferido a las fuerzas armadas, colocándolas incluso, por encima de instituciones de carácter civil; tanto en influencia y toma de decisiones, como en cuestiones presupuestales.
La militarización de la seguridad pública
Al referirnos al proceso de militarización de la seguridad pública hablamos de la participación directa de los militares en operaciones de naturaleza policial. Propuesta que se conjuga con la ideología militarista que considera a las fuerzas castrenses como las más preparadas para garantizar la seguridad de la nación.
En este sentido, el gobierno del presidente Obrador propuso que la Guardia Nacional, fuerza de seguridad de carácter civil creada en la actual administración para reemplazar a la Policía Federal; pase a ser parte de la Secretaría de la Defensa Nacional en aspectos operativos y administrativos.
Iniciativa que tras varias demoras, avanza en el Congreso de la Unión pese a la resistencia de la oposición.
Diputados aprueban control de la SEDENA sobre la Guardia Nacional
El sábado 3 de septiembre, con 264 votos a favor, 212 en contra y 1 abstención, la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y particular, modificaciones a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de la Guardia Nacional, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública.
Entre los ejes prioritarios de este paquete de reformas, se encuentra el traslado del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que ha sido señalado por grupos de oposición, como un paso más a la militarización del país.
No obstante, dicha reforma no modifica la constitución, por lo que se mantiene el carácter civil de la Guardia Nacional, aunque la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal le otorgue a la SEDENA tener control sobre ella.
Tras una discusión que comenzó el viernes 2 de septiembre y duró cerca de 15 horas, la propuesta impulsada por el Ejecutivo Federal fue aprobada por su mayoría legislativa, por lo que el documento fue enviado al Senado de la República, también controlado por Morena, para su ratificación.
De acuerdo con la iniciativa que fue presentada por el diputado Ignacio Mier Velazco a nombre de las bancadas de Morena PVEM y PT, como coalición, el propósito es fortalecer la consolidación institucional de la Guardia Nacional como cuerpo policial permanente, profesional y disciplinado adscrito a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, bajo el control operativo y administrativo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Además de “contribuir a la preservación del orden público y la paz social con pleno respeto a los derechos humanos y los estándares internacionales en la materia”.
Refiere que la transferencia del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la Sedena, responde a la “necesidad de superar los obstáculos administrativos y de disponibilidad de recursos”, frente a los desafíos que plantea la violencia y crimen en el país.
“Representa para el Estado mexicano el más grande reto, que tiene la obligación de afrontar con todos los recursos lícitos a su alcance”.
Añade que la complejidad, diversificación y gravedad del crimen organizado, sumadas a su capacidad logística y económica, dispersión geográfica y disponibilidad de armamento de alto calibre, constituyen amenazas para la paz, la seguridad y el desarrollo de las comunidades, la vigencia de los derechos humanos y la gobernabilidad democrática.
“El riesgo que enfrentamos es sumamente delicado para el Estado mexicano, ya que el crimen organizado en nuestro país se ha convertido en una fuerza “cuasimilitar” que usa la violencia en contra de la población y de las instituciones públicas. Son grupos que desbaratan las buenas obras de la sociedad civil, son poderosos y representan intereses arraigados y el peso de una empresa mundial de miles de millones de dólares; pero no son invencibles”, subraya.
Destaca que la Ley de Seguridad Nacional reconoce a la delincuencia organizada como amenaza a la seguridad nacional, la cual también es un tema de seguridad pública, por constituir diversos delitos del orden federal que debe combatir y prevenir la Guardia Nacional, lo que demuestra la necesidad de que el control operativo y administrativo de la Sedena sobre la Guardia Nacional se realice de manera directa y con una sola directriz.
Propone una fórmula equilibrada para la participación de la Defensa en el ejercicio del control operativo y administrativo de la Guardia Nacional; se establecen reglas claras para su funcionamiento, con una estricta y clara separación y delimitación de las dependencias involucradas, para prevenir y remediar abusos por parte de las autoridades en el ejercicio de sus facultades, o en la extralimitación en éste, en particular cuando ello sucede en el campo de la seguridad pública interior.
Los cambios propuestos garantizan la protección de dicha corporación policial frente a intereses ajenos a sus misiones constitucionales, y aseguran su profesionalización y continuidad institucional a través del tiempo.
El propósito final, asegura, no es militarizar al país o implantar el autoritarismo, sino cuidar, con la tutoría de la Sedena, el crecimiento sano de la que debe ser la principal institución de seguridad pública de México. Con ello se garantiza el combate a la impunidad y el respeto irrestricto de los derechos humanos.
Fast track legislativo
Aprovechando su mayoría legislativa, Morena y sus aliados acordaron acelerar el proceso para que la iniciativa fuera discutida sin ser dictaminada en Comisiones y pudiera ser votada a la brevedad, considerando que para aprobarse solo debía contar con la mayoría simple de los presentes, es decir el 50% más uno.
En respuesta, los partidos de oposición presentaron cuatro mociones suspensivas para detener la discusión de la iniciativa. Sin embargo todas fueron rechazadas por el bloque oficialista.
Una de las mociones la presentó la diputada Maria de Jesus Aguire del PRI, quien señaló que todo lo relacionado con la seguridad pública no merece verse deprisa o por la vía del fast track. Posición similar a la del legislador Jorge Espadas del PAN, quien mencionó que no existían argumentos que justificaran la urgencia del debate.
Del PRD, Marcelino Castañeda indicó que la iniciativa viola el diseño institucional previsto en la Constitución, por lo que también presentó una moción suspensiva. Al igual que el diputado Jorge Alvarez Maynez de Movimiento Ciudadano, quien advirtió que “a este paso lo siguiente será declarar como oficialía de partes a la Cámara de Diputados”.
Inicia el debate
Tras varias horas de retraso, y una vez agotado el protocolo, comenzó la discusión del paquete de reformas a diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley de la Guardia Nacional, de la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y de la Ley de Ascensos y Recompensas del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública.
Al hacer uso de la tribuna en representación del Partido del Trabajo, el diputado Gerardo Fernández Noroña declaró que el gobierno federal no usará jamás a las fuerzas armadas para reprimir al pueblo. Argumentando que fue la derecha quien militarizó a México mientras gobernaba.
Por su parte, el diputado Ricardo Villarreal de Acción Nacional señaló que se pretende materializar un fraude a la Constitución al entregar el mando de la seguridad pública a las fuerzas armadas, cuando debe ser siempre de carácter civil.
El diputado Francisco Huacus del PRD comentó que la iniciativa a discusión refleja el fracaso de la estrategia de seguridad del gobierno federal. Advirtiendo que contraviene a la Constitución que establece que la Guardia Nacional será de carácter civil.
En defensa de la iniciativa, el diputado de Morena y vicealmirante retirado Jaime Martinez refirió que el objetivo de ésta es fortalecer la administración y operación de la Guardia Nacional a través de la Secretaría de la Defensa Nacional, “institución comprometida con la patria”, añadió.
Opinión contraria a la que emitió el diputado Jorge Triana del PAN, quien señaló que lo que propone es inconstitucional y sólo pretende la militarización del país.
Rechazo político, social y empresarial
Previo a la votación, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, informó que presentó un amparo “para frenar el madruguete militarista de Morena que agudiza la crisis de violencia y el deterioro de nuestras fuerzas armadas”.
Más tarde en el Pleno, el líder naranja dijo que la Guardia Nacional “es un rotundo fracaso”, comparando sus resultados con los que tuvo la extinta Policía Federal.
“Lo dijimos con Calderón, lo dijimos con Peña Nieto e insistimos con este Gobierno: la guerra no hace la paz… Dónde está García Luna, mañana estarán ustedes”, espetó Máynez quien concluyó su participación diciendo “nos vemos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Al rechazo se sumó el líder nacional del PRD, Jesús Zambrano quien calificó la reforma como “una barbaridad dictatorial y abiertamente anticonstitucional”.
La Senadora del PAN, Xóchitl Gálvez,, acusó que los diputados de Morena dieron el sí a la “militarización y reafirmaron su servilismo a los caprichos” del presidente López Obrador, adelatando que desde el Senado de la República darán batalla en contra de la iniciativa.
“No tienen respeto al Poder Legislativo ni a la Constitución. ¡Qué poca dignidad! En el Senado daremos la batalla” –Xóchitl Gálvez.
Tras emitir su voto en contra, Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI y coordinador de los diputados federales del tricolor, aseguró que ni él ni sus compañeros serán “cómplices” de que México caiga en un desequilibrio de fuerzas por la “incapacidad” del Gobierno de Morena, refiriendo que las tareas de seguridad pública se deben ejercer por una institución civil.
Por su parte, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) puntualizó que “esta maniobra” altera el espíritu constitucional y refleja una profunda contradicción frente a los compromisos de campaña expresados por el titular del Ejecutivo Federal y los acuerdos legislativos alcanzados en la materia”.
La COPARMEX dijo que las Fuerzas Armadas deben cumplir con sus funciones y no distraerse en tareas que les son ajenas y subrayó que la iniciativa presidencial en materia de Guardia Nacional es contraria a la Constitución y apuesta por la militarización del país.
En el mismo sentido, Mexicanos contra la corrupción advirtió que el problema principal de esta iniciativa es que si bien la Guardia Nacional (GN) mantendrá su carácter civil porque seguirá adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), todos sus elementos estén cobijados bajo el fuero militar.
Esto quiere decir que las acciones ilegales cometidas por los elementos de la Guardia Nacional quedarán fuera de la justicia civil —que aplica a todos los ciudadanos y fuerzas de seguridad pública, como las policías— y serán juzgados inicialmente dentro de la justicia militar. Abriendo así, “la puerta de par en par a la impunidad”, lamentó la asociación.
¿Qué se reformó?
La iniciativa plantea, entre otras cosas, que la Sedena tenga el control operativo y administrativo de la GN; que el Presidente sea quien proponga al mando de dicha corporación y que el comandante al frente de la Guardia sea elevado a General de División.
Además, establece que el personal militar que se integró a la Guardia no regresará a sus cuarteles en 2024, como se había estipulado en 2019, cuando se creó este cuerpo de seguridad pública.
Artículo publicado en la Revista POLIGRAFO, Política Gráfica Objetiva. Descárgala gratis aquí
