sáb. Ene 25th, 2020

Diputados rechazan reducir financiamiento público a partidos políticos

También se proponía que el 30% de la bolsa total de recursos se distribuyera entre los partidos políticos de forma igualitaria y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieran obtenido en la en la elección de diputados inmediata anterior.

Ciudad de México.- Para la gran mayoría de los mexicanos los Partido Políticos son sinónimo de corrupción y desconfianza, no obstante, el respaldo ciudadano que reciben sea poco o mucho, se traduce en recursos públicos provenientes de los impuestos que pagan todos los ciudadanos.

Como ejemplo, para el 2020 el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó 5,239 millones de pesos para el financiamiento público de los siete partidos nacionales: MORENA, PRI, PAN, PT, MC, PVEM y el PRD. Esto implicó un aumento de 273 millones de pesos en comparación al 2019 cuando recibió 4,965.8 millones de pesos.

Durante el reciente proceso electoral que llevó al triunfo a Andrés Manuel López Obrador y a su partido MORENA, una de las principales propuestas fue la reducción del dinero público a los institutos políticos, compromiso hecho con millones de personas que dieron el voto masivo para que obtuvieran la presidencia del país, así como la mayoría en el Congreso de la Unión y en casi todas las legislaturas locales.

Esta promesa se llevó ante el Pleno de la Cámara de Diputados por medio de una iniciativa presentada por dos de las figuras más representativas de Morena en el Congreso, Tatiana Clouthier y Mario Delgado, este último Coordinador del Grupo Parlamentario de la cuarta transformación, sin embargo la propuesta fue rechazada hasta por sus aliados del Partido del Trabajo.

Con 274 votos a favor, 207 en contra y 0 abstenciones, Morena y su único respaldo, el PES, no alcanzaron la mayoría calificada que se necesitaba para la aprobación del dictamen que establecía la reducción del 50% al financiamiento público a los partidos políticos.

Mayoría calificada. Son las dos terceras partes, cuando menos, de los legisladores que se encuentran presentes en el Pleno al momento de realizar una votación.

La propuesta de reforma al artículo 41 constitucional establecía un cambio en la fórmula de financiamiento público, pasando de multiplicar el número total de sus ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65% del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) a solo el 32.5%.

También se proponía que el 30% de la bolsa total de recursos se distribuyera entre los partidos políticos de forma igualitaria y el 70% restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieran obtenido en la en la elección de diputados inmediata anterior.

Las bancadas de los partidos de oposición como Acción Nacional quien recibiría 950 millones de pesos; el Revolucionario Institucional con 896; el Partido de la Revolución Democrática con 445; el Verde Ecologista de México beneficiado con 426 millones, Movimiento Ciudadano con 441 e incluso el Partido del Trabajo que espera recibir 391 millones de pesos en el 2020, rechazaron la propuesta de Morena calificándola como un atentado democrático.

Es necesario reducir el costo del sistema electoral en México, pero el dictamen es un mecanismo más por Morena para “asfixiar hasta el exterminio el sistema de partidos políticos”, consideró el diputado panista Arturo Rodríguez Rivera al anunciar el voto en contra de su grupo parlamentario.

Verónica Juárez, coordinador de la bancada de la Revolución Democrática señaló por su parte que si la idea era la de ahorrar recursos, el gobierno federal debía de hacerlo en la estructura de los servidores de la nación y sus coordinadores, funcionarios clave en la operación de los programas sociales.

“¿Por qué no, si de verdad quieren ahorrar, si es auténtica la política de austeridad que pregonan Morena y el presidente de la República, por qué no eliminan la nómina y los gastos de operación de los servidores de la nación y sus coordinadores? Tan solo con ello, tan solo con ello se ahorrarían 3 mil 300 millones de pesos anuales”, cuestionó.

Al fijar su postura, el PT –en voz del diputado Gerardo Fernández Noroña–explicó que para “visitar casa por casa” o para “realizar brigadas” se requieren de recursos económicos, por lo que consideró que una reducción de estos sería “irresponsable”.

“Sólo en Venezuela no hay financiamiento público y se equivocan los compañeros (…) De ahí a suicidarnos políticamente, de sostener estas posiciones absurdas de retirar el financiamiento, es un acto de cobardía”, expresó Noroña.

La legisladora priista Dulce María Saurie, aseguró que de aprobarse la propuesta, se afectará al sistema político electoral y se perjudicará severamente a los futuros procesos electorales.

Previo a la votación, los morenistas Tatiana Clouthier y Mario Delgado, quienes desde el 7 de marzo de este año presentaron la primera iniciativa en este rubro, calificó como un hecho histórico la votación, con la cual se podría “reivindicar la dignidad” del recinto legislativo.

Sin embargo, al conocerse el resultado acusaron a los diputados que votaron en contra de haber decidido mantener sus privilegios y el despilfarro de recursos públicos.

Recordaron que esta reforma era una demanda ciudadana y desestimaron las excusas presentadas por los grupos de oposición e incluso del partido aliado que votó en contra.

La iniciativa también incluía un artículo segundo transitorio donde se explicaba que el Congreso de la Unión y las legislaturas locales contarían con un plazo no mayor de 60 días naturales para realizar las modificaciones normativas correspondientes de conformidad con lo previsto en el decreto.