sáb. Ene 25th, 2020

Por presión mediática, Gobierno de Oaxaca atiende caso de mujer atacada con ácido

A pesar de que en Oaxaca se declaró la Alerta por Violencia de Género hace más de un año, en este caso la respuesta gubernamental tardó tres meses y se dio gracias a la presión mediática que ha generado la noticia.

Oaxaca.- La fracasada –por inexistente- estrategia de prevención y atención a la violencia de género en el estado de Oaxaca, continúa evidenciando la incapacidad del gobierno de Alejandro Murat para atender este creciente delito en la entidad.

El caso más reciente, dado a conocer gracias a las Redes Sociales, es el de María Elena Ríos, una joven de 26 años que fue atacada con ácido mientras caminaba junto a su madre en las calles de Huajupan de León, municipio indígena ubicado en la región Mixteca.

La atención por parte del Estado fue nula y tardía, acusaron familiares de la víctima, quienes han denunciado intromisión de actores políticos para proteger al supuesto autor intelectual del crimen, a quien identifican como Juan Vera Carrizal, empresario gasolinero y ex diputado local del PRI.

A pesar de que en Oaxaca se declaró la Alerta por Violencia de Género hace más de un año, en este caso la respuesta gubernamental tardó tres meses y se dio gracias a la presión mediática que ha generado la noticia.

Durante los primeros 90 días la atención médica se brindó en el hospital general “Doctor Aurelio Valdivieso” donde un equipo multidisciplinario ha dado la mejor atención posible, sin embargo por la gravedad de las quemaduras causadas por el agente químico -las cuales dañaron principalmente su cara y tórax- la atención especializada era necesaria lo antes posible.

Desafortunadamente, dada la situación económica de la familia de María Elena no les fue posible costear un traslado y la atención necesaria, situación que se resolvió rápidamente tras la intervención del gobierno estatal por presión de medios nacionales e internacionales.

Por medio de un comunicado emitido por el gobierno de Oaxaca, el director del nosocomio, Ernesto Garzón Sánchez, explicó que en esta unidad médica se le realizaron tres intervenciones quirúrgicas, en un periodo de tres meses, ya que el “ácido corrosivo” provocó lesiones profundas en la paciente.

Recordó que el 10 de septiembre fue ingresada y se le aplicó el protocolo quirúrgico y tratamiento específico (analgesia y antibioticoterapia) en el área de Cirugía especializada.

Asimismo, los días 2 y 21 de octubre se realizaron dos intervenciones en las que se practicaron toma y colocación de injerto en brazo derecho, sin complicaciones durante la operación, sin embargo, en la evolución se presentó necrosis de tejido.

Explicó que en el caso de María Elena, la cicatrización de sus lesiones requiere más tiempo para preparar las zonas afectadas y evitar en lo posible, el rechazo, ya que es necesaria la granulación de la piel (fase de recuperación que admita la adherencia del tejido), y la evolución es más compleja por el tipo de químico utilizado en la agresión.

Por ello, nuevamente entró a quirófano el 28 de noviembre y se continuó con la vigilancia en el área de Hospitalización de especialidades, donde la paciente se encontraba estable; sin embargo, en busca de una atención más especializada se solicitó la referencia al tercer nivel de atención.

“Por instrucciones del gobernador del estado, Alejandro Murat Hinojos, el titular de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), Donato Casas Escamilla, realizó las gestiones necesarias para la recepción de María Elena en el Centro Nacional de Investigación y Atención de Quemados (CENIAQ) del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) Luis Guillermo Ibarra Ibarra, en la Ciudad de México”, reza la misiva, que omite mencionar los tres meses de demora en la respuesta institucional.

Y aunque la administración de Murat Hinojosa ha reiterado su compromiso con “la paciente y su familia”, así como el respeto y garantía de los derechos humanos en la entidad oaxaqueña, la impunidad que se vive en Oaxaca dista mucho del discurso oficial.

Tanto la víctima como sus familiares y amigo cercanos, han señalado a un ex diputado local del Partido Revolucionario Institucional, agrupación política a la que pertenece el actual gobernador, lo que aparentemente ha brindado protección e impunidad ante la Fiscalía General a cargo de Rubén Vasconcelos.

Señalamientos que parecieran corroborarse con la falta de capacidad de las instituciones de justicia para dar con los responsables, a pesar de contar con videos, testimonios y retratos hablados del agresor, así como los indicios de quién habría ordenado el ataque y por qué.

Este caso se suma a la creciente lista de agresiones en contra de mujeres en Oaxaca, el tercer estado con mayor indice de impunidad en el país, con más de 120 feminicidios en tan solo un año.

Las grandes ausentes continúan siendo la Secretaría de la Mujer, a cargo de Ana Vásquez Colmenares, quien solo aparece en eventos sociales y reuniones para la fotografía con el gobernador y funcionarios federales; así como la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General del Estado, ambas instituciones incapaces de prevenir y sancionar los delitos en contra de las mujeres oaxaqueñas.