21 diciembre, 2019

Diputados exigen al gobierno de Oaxaca regular el transporte público

Los diputados también exhortaron al gobierno de Oaxaca para que en coordinación con los 570 Ayuntamientos, generen “estrategias, acciones y campañas de sensibilización y disuasión para que los motociclistas cumplan con sus obligaciones y medidas de seguridad que les establece la ley”.

Oaxaca.- Ante la incapacidad de los gobiernos municipales y del estado, para ordenar el transporte público y privado en la entidad, la LXIV Legislatura hizo un llamado a la administración de Alejandro Murat Hinojosa, así como a las autoridades municipales, para implementar las acciones necesarias que garanticen el cumplimiento de la Ley y la seguridad de la ciudadanía.

Respecto al transporte público, responsabilidad de la Secretaría de Movilidad de Oaxaca a cargo de Mariana Nassar Piñeyro, el congreso local exigió sancionar -acorde a sus facultades- las anomalías cometidas por choferes y operadores de unidades que pongan en riesgo la integridad de los usuarios o de terceros.

Este llamado se hace ante la falta de capacidad de la SEMOVI para garantizar que los concesionarios del transporte público cumplan con lo establecido en la ley, lo que ha ocasionado diversos accidentes que han costado decenas de vidas, pese a los talleres que imparte la dependencia a los choferes de las unidades, cursos que a decir de los propios asistentes, son exposiciones sin ninguna utilidad efectiva al volante, aunque en algunos de los casos, señalan, sí les brinda una perspectiva diferente sobre la importancia de su labor.

A la deficiencia institucional se suman otros factores que impiden la regulación del transporte público, como las condiciones laborales de los choferes, la irregularidad en la tenencia y renta de concesiones; la competencia desleal de los vehículos piratas, los conflictos sindicales y la nula seguridad al realizar su trabajo, así como el aumento en los combustibles y lo que esto implica, entre otros.

En promedio un chofer de transporte público en la modalidad de pasajeros (taxis, taxis foráneos y autobuses urbanos), trabaja de 6 a 10 horas al volante para juntar la cuota que entregan al “patrón” (en promedio 350 y 950 pesos diarios para taxis y autobuses respectivamente) y lograr un ingreso propio, después de cubrir combustible y la limpieza del vehículo.

La falta de rutas eficientes y la saturación de las existentes, se suma a las causas de accidentes y caos vial, así como al aumento en la inseguridad al transitar por ciertas zonas en horarios pico, sobre todo en la zona metropolitana de la capital oaxaqueña.

Otra de las principales problemáticas que enfrenta el ordenamiento y control vial, es la falta de mecanismos administrativos que procuren la formación de una cultura vial desde la práctica institucional hacía el entorno social, como la obligatoriedad de exámenes teóricos, prácticos y psicológicos, a los interesados en obtener una licencia de conducir, procedimiento que actualmente es un acto meramente recaudatorio.

Los diputados también exhortaron al gobierno de Oaxaca para que en coordinación con los 570 Ayuntamientos, generen “estrategias, acciones y campañas de sensibilización y disuasión para que los motociclistas cumplan con sus obligaciones y medidas de seguridad que les establece la ley”.

Exigieron a la Secretaría de Seguridad Pública que a través de la Policía Vial que encabeza David Antonio Jiménez, técnico electricista egresado del CONALEP; vigile que los conductores no incurran en faltas que puedan ocasionar un accidente y, que apliquen el reglamento de tránsito, es decir, que cumplan con el trabajo que ya deberían estar haciendo.

De igual forma, los representantes populares solicitaron a las autoridades estatales y municipales aplicar el reglamento vigente y sancionar malas prácticas, como el que los taxis lleven más de cinco pasajeros, incluido el conductor, cuando presten el servicio público.

La crisis que enfrenta Oaxaca en materia de transporte y movilidad, se complica con la designación de funcionarios inexpertos en áreas estratégicas, cumpliendo con el único objetivo de cubrir cuotas y deudas con diversos sectores y actores políticos.

Después de tres años de haber comenzado su administración, el gobierno de Alejandro Murat ha demostrado que no cuenta con las herramientas humanas y materiales, así como la voluntad para regular el transporte público, privilegiando los acuerdos políticos y los beneficios económicos, por encima de los intereses del pueblo de Oaxaca.