Ciudad de México.- La aprobación de una Ley que prohibe la venta, distribución, regalo o suministro de comida chatarra y bebidas azucaradas a menores de edad en el estado de Oaxaca y su posible emulación en varias entidades e incluso a nivel nacional, ha generado una reacción de oposición en el sector empresarial.

En particular tras la propuesta del Vicepresidente del Senado, Salomón Jara Cruz, quien sumó a la prohibición un aumento en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), el cual sería de al menos la mitad del precio del producto.

Ante esta próxima iniciativa, el vicepresidente nacional de enlace legislativo de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Raúl Riquelme Cacho, advirtió que desplegarán una estrategia estatal y nacional de cabildeo, para evitar e incluso revertir estas medidas.

“Lo haremos como industria organizada: Concamín, Canacintra, CCE, Antad, Concanaco y Canaco”.

El representante corporativo indicó que las prohibiciones no son soluciones viables e incluso podría generar un mercado negro y empeorar la condición socio nutricional de gran parte de la población.

También adelantó que de ser necesario recurrirán a la Suprema Corte.

“Como industria consolidada y ordenada vamos a hacer planteamientos formales a los legisladores en los congresos locales, lo haremos como industria organizada. Vamos a trabajar con todas las capacidades que tengamos a la mano porque las ocurrencias de algunos las multiplican por las borregadas de muchos otros”, declaró.

A los reclamos de Canacintra se suman los de Coparmex y del Consejo Coordinador Empresarial, cuya repuesta aunque ha sido más mesurada, es en abierta oposición a la imposición de esta prohibición y sobre todo, del aumento en el IEPS a bebidas azucaradas.

En este sentido, la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas (ANPRAC), señaló que no existe evidencia científica que confirme que el incremento de impuesto en bebidas saborizadas “contribuye de forma integral a mejorar los índices de sobrepeso y obesidad”, por el contrario indicaron, afectan directamente la economía de la población más vulnerable.

En respuesta Salomón Jara Cruz, senador de Morena que impulsa esta medida, aseguró que su bancada “será inmune” a las presiones de los cabilderos y “no dará un paso atrás” en la prohibición para que niñas, niños y adolescentes compren alimentos y bebidas de alto contenido calórico.

El antiguo Vocero del grupo mayoritario en el Senado, refirió que si bien están abiertos al diálogo, este “no tendrá sentido” si la industria no tiene el compromiso de reducir los endulzantes y el sodio en sus productos. Adelantando que la prohibición y el aumento de impuestos, serán una realidad.

“Lo digo de manera contundente, la prohibición y un cuantioso incremento al IEPS serán una realidad en el próximo período de sesiones, porque la salud del pueblo de México es una prioridad para las y los senadores de Morena”.

Jara Cruz señaló que una vez aprobadas las reformas, los industriales podrán ampararse y llegar a las instancias judiciales que consideren pertinentes, pero deben ser claros y decir que su único interés es proteger sus ganancias, añadió.

“Que no digan que están preocupados porque el IEPS lo pagarán los más pobres, ni porque reducir el acceso a sus productos contribuirá a la mala alimentación, porque para hacerlo deberán probar que un refresco de cola, un pastelillo y unas papas fritas son un desayuno o comida recomendados por la Organización Mundial de la Salud”, puntualizó.

Finalmente, el senador Salomón Jara Cruz dijo que si la Concamín, Canacintra, CCE, Antad, Concanaco y Canaco, van a organizarse, que sea para acordar la transición de la industria de la comida chatarra y las bebidas azucaradas hacia una industria de alimentos y bebidas saludables y con alto contenido nutricional.

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