30 enero, 2020

Policías agreden a mujer embarazada y su familia

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que inició una carpeta de investigación administrativa en la Dirección General de Asuntos Internos, “a fin de revisar el actuar de los uniformados y la falta de protocolos”.

Ciudad de México.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana agredieron a una familia que circulaba en avenida Revolución y Andrea Cataño, casi esquina con Eje 6, donde el conductor del vehículo fue interceptado por dos motopatrullas, quienes de forma agresiva, les solicitaron que descendieran para efectuar una “revisión preventiva”.

Al no contar con una orden para detenerlo, el conductor que fue identificado como Alfredo Saldívar portero del equipo de fútbol PUMAS, se rehusó a bajar de la unidad, lo que generó una discusión con los policías que de acuerdo al gobierno capitalino, se encontraban en el lugar como parte del Operativo Rubik, el cual tiene el objetivo de identificar vehículos con reporte de robo, aunque esto no permite violar los derechos humanos que establece la Constitución, incluido el libre tránsito.

Saldívar viajaba con su hijo menor de edad y con su esposa quien a pesar de gritar que esta embarazada, fue agredida por dos agentes de policía que intentaban bajarla del vehículo para revisar sus pertenencias, esto mientras otro elementos sometía al deportista.

Tras las agresiones, que fueron difundidas por la afectada quien sufrió varias lesiones, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que inició una carpeta de investigación administrativa en la Dirección General de Asuntos Internos, “a fin de revisar el actuar de los uniformados y la falta de protocolos”.

“La SSC reprueba totalmente el actuar de los efectivos y se mantiene en contacto permanente con el representante legal de los afectados, para llegar al esclarecimiento de los hechos, y determinar la responsabilidad de los efectivos”, señaló la dependencia en un comunicado.

Añadió que no permitirán “actos contrarios al código de ética, ni algún otro que vulnere la integridad, honorabilidad e imagen de la dependencia”, asegurando que de ser el caso, no terminarán en sanciones administrativas internas, sino en investigaciones a fondo, “que deriven en la destitución y detención de los malos elementos”.