11 febrero, 2020

Violación a la paridad de género en Oaxaca

Quicio
Eduardo Castillo Cruz*

El 26 de agosto de 2019 fue recibido el oficio PJEO/CJ/P/84/2019 en la oficina del gobernador de Oaxaca. Se trataba de la comunicación oficial que la entonces presidenta del Consejo de la Judicatura hacía después del procedimiento y examen de oposición aplicado a los aspirantes a ocupar la vacante que se dio con el fallecimiento de un magistrado.

Habían reunido los requisitos de ley exigidos en la convocatoria, 4 mujeres y 4 hombres: Jessica Maribel Arango Bravo, Gloria del Carmen Camacho Meza, Martha Elena Castillejos Sánchez, Alba Osorio Velasco, Ángel Alejo Torres, José Antonio Álvarez Hernández, Amado Gómez Gómez y Jorge López Reyes.

La conformación de esta lista se justificó con la siguiente redacción: “misma que se integra de cuatro mujeres y cuatro varones, en cumplimiento al principio de paridad de género”.

Transcurrieron casi 5 meses para que el gobernador de Oaxaca enviara una terna al Congreso, para su votación o rechazo, y cumpliera con el procedimiento marcado en el artículo 102 de la Constitución oaxaqueña.

Una obligación que no pudo desentenderse de la valoración del resultado de la evaluación, trayectorias y lectura de constancias de cada expediente.

En el oficio GEO/033/2019 que fue recibido el 21 de enero de 2020 en las oficinas del Congreso de Oaxaca, se lee una terna integrada por Ángel Alejo Torres, José Antonio Álvarez Hernández y Jorge López Reyes.

¿Si el oficio existía desde el 2019, por qué se envió hasta después de que se diera el relevo de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca?

Resulta complicado aceptar una simple omisión en la actualización del número de oficio.

Pero más complicado resulta aceptar que en la terna no aparezca una mujer, a pesar de la reforma constitucional federal del año pasado, sobre paridad de género (junio 2019), y del contexto que describe solo 8 mujeres (de 27) en la actual integración del órgano máximo de impartición de justicia de Oaxaca.

Es notoria la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de los artículos 101 y 102 de la Constitución Política de Oaxaca, que sirven de fundamento al acto del gobernador.

El que no hayan sido reformados no puede ser pretexto para dejar de cumplir con las normas de derechos humanos aplicables en términos de los artículos 1°, 4° y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

“Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.”

“Queda prohibida toda discriminación motivada por… género… que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.” (art.1)

“La mujer y el hombre son iguales ante la ley. El Estado garantizará la igualdad sustantiva.” (artículo 4)

“Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión.” (artículo 133)

Son también fuente del derecho a la igualdad y a la paridad de género en México: el inciso J) artículo 4 y artículo 5, de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Los artículos I, II y III de la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer. Los artículos 1, 2 y 3 de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación sobre la Mujer. Los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La redacción tramposa del artículo 102 de la Constitución de Oaxaca, no deja duda.

La intervención de los tres poderes en la parte inicial del procedimiento pareciera un esquema de contrapesos: el poder ejecutivo lanza la convocatoria para que el poder judicial certifique el cumplimiento de los requisitos de ley y aplique los exámenes de oposición, luego el poder ejecutivo recibe una lista de 8 aspirantes para elaborar una terna que envía al Congreso para su votación o rechazo.

Sobre las consecuencias de un posible rechazo por parte del Congreso o de no elegirlo dentro del plazo improrrogable de 20 días, se lee:

“La elección se hará por el voto de las dos terceras partes de los diputados del Congreso del Estado que se hallen presentes, dentro del improrrogable plazo de veinte días naturales. Si el Congreso no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Magistrado la persona que, dentro de dicha terna, designe el Gobernador del Estado.”

“En caso de que el Congreso del Estado rechace la terna propuesta, ocupará el cargo la persona que habiendo aparecido en la lista elaborada por el Consejo de la Judicatura designe el Gobernador del Estado.”

Se trata de una reforma publicada el 15 de abril de 2011, que para el caso de rechazo por parte del Congreso no tiene una consecuencia diferente a la que se leía, antes de esa fecha, en la redacción del artículo 101 de la Constitución de Oaxaca:

“Todos los Magistrados serán nombrados por el Gobernador del Estado y ratificados dichos nombramientos dentro del plazo improrrogable de diez días por la Legislatura del Estado, si no resolviere dentro de dicho plazo, se tendrán por ratificados. En el caso de que no los ratifique, el Gobernador hará nuevo nombramiento y si también se negare la ratificación, hará un tercer nombramiento que surtirá sus efectos inmediatamente a reserva de obtener la ratificación en el siguiente período ordinario de sesiones.”

Como puede apreciarse, la redacción de ambos retículos coinciden en la consecuencia de un posible rechazo por parte del Congreso. En uno y otro procedimiento, es el gobernador que termina imponiendo al magistrado o magistrada.

La redacción del actual artículo 102 marca dos consecuencias. Si el Congreso no elige al magistrado o magistrada dentro del improrrogable plazo de 20 días, incurre en una omisión que es sancionada con el nombramiento que haga el gobernador de cualquiera de los integrantes de la terna que haya enviado.

Si el Congreso rechaza la terna propuesta, “ocupará el cargo la persona que habiendo aparecido en la lista elaborada por el Consejo de la Judicatura designe el Gobernador del Estado”.

En términos de este último párrafo, no existe la posibilidad de que el titular del poder ejecutivo formule una nueva terna de la lista que le haya enviado el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de Oaxaca, porque el legislador reservó al gobernador la facultad discrecional de nombrar al magistrado o magistrada.

Lo que por supuesto no puede ser interpretada como una facultad que permite un ejercicio arbitrario y contradictorio a la constitución o tratados internacionales de derechos humanos.

Bajo la interpretación de que el plazo de los 20 días improrrogables se cuenta a partir del 21 de enero de 2020, en que fue entregado el oficio que contiene la terna, se ha dicho en el propio Congreso de Oaxaca que dicho plazo vence el lunes 10 de febrero de 2020 al no haber hasta el momento una resolución.

Otra interpretación del artículo 102 de la Constitución de Oaxaca, señala que el plazo de esos improrrogables 20 días transcurren una vez que el Pleno del Congreso tiene conocimiento de la terna, lo que hasta la fecha no ha sucedido.

Esta última interpretación tiene más proximidad a la intención de su redacción, dado que la votación de las dos terceras partes de los diputados del Congreso del estado, que se requiere para una elección válida, pone de manifiesto un requisito de conocimiento y resolución que debe ser cumplido de forma colegiada.

Lo lamentable es que, tanto en una interpretación como en otra, no hay posibilidad de una nueva terna donde se corrija el incumplimiento de la paridad de género por parte del gobernador, para que una mujer tenga oportunidad de ser votada por el Congreso de Oaxaca y ocupar el cargo de magistrada.

A menos que, como ha sucedió en Colima y Jalisco, alguna de las aspirantes impugne la inconstitucionalidad del procedimiento.

NOTA: Lamento profundamente la partida de Mayte García Robles, siempre amable (esposa de uno de mis maestros estimados), del abogado Roberto Olivares Arellanes, un hombre generoso y de Guadalupe Angela Ramírez Victoria de quien nos queda su poesía. En paz descansen. Mi solidaridad con sus familias.

SERVICIOS JURÍDICOS
bufjured@hotmail.com
Twitter: @bbufjured
Facebook: Eduardo Castillo Cruz
Whatsapp 9511148912

*Presidente del Foro Permanente de Abogados A.C.