Ciudad de México.- El 25 de agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) presentó una acusación  formal en contra de Rosario Robles Berlanga, exfuncionaria del Gobierno de Enrique Peña Nieto y excolaboradora del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, por su omisión ante los desvíos por más de cinco mil millones de pesos en el caso de la Estafa Maestra.

La Fiscalía pidió una pena de 21 años de prisión contra la extitular de Sedesol y Sedatu, así como una multa que se estima podrá alcanzar los 2.5 millones de pesos. Además de la inhabilitación del servicio público durante el mismo tiempo que esté presa.

De acuerdo al documento, la  pena es solicitada por el delito de omisión, pero se eleva hasta 21 años debido a que el juez Delgadillo Padierna, sobrino de la legisladora Dolores Padierna y acérrima opositora de Robles Berlanga, decidió convertir en dos un delito que la FGR había considerado solo como uno.

El ejercicio ilícito del servicio público es sancionado con hasta 7 años de cárcel, pero la dependencia acusa a Robles de dos cargos por este mismo delito. Es decir, son 14 años de prisión por sus omisiones en las dos dependencias.

Adicionalmente la Fiscalía argumenta que este delito lo cometió de manera continuada, lo que implica una agravante que aumenta la sanción con la mitad de la pena máxima, es decir, 3 años y medio por cada delito, de los que resultan otros 7 años de prisión.

Ahora la Auditoría Superior de la Federación en su calidad de víctima así como la defensa de Robles tienen un plazo de 10 días hábiles para presentar su posicionamiento y pruebas. Transcurrido el plazo, se realizará una audiencia intermedia para presentar y desechar las pruebas que se presenten y fijar las posturas de ambas partes.

Tras esta audiencia intermedia, que se espera ocurra a finales de septiembre; se podrá llevar a cabo el juicio oral ante un nuevo juez lo cual podría ser antes de que concluya el año, previo al inicio formal del proceso electoral 2020-2021.

Por su parte, el abogado defensor Epigmenio Mendieta, señaló que la pena que pide la FGR que se le imponga a la exfuncionaria federal es de carácter selectivo y desproporcionada.

“Me parece totalmente desproporcionada dicha acusación y es una muestra de la justicia selectiva que el Estado lleva contra Robles. Están pidiendo la pena máxima por un delito que ni siquiera cometió porque ella no tenía facultades para impedir la firma de convenios con las universidades. Se trata de un delito que además ya estaría prescrito y en el que, en todo caso, la responsabilidad es de Emilio Zebadua quien era el oficial mayor. Pero estamos seguros que probaremos que Rosario es inocente”.

El defensor de Robles subrayó que la FGR está pidiendo la pena máxima para la exfuncionaria, como si se tratara de la persona más peligrosa.

“El delito prevé una pena mínima de 2 años y la máxima es de 7, entonces lo que quiere la Fiscalía, en el caso de los dos delitos por los que acusan a Rosario Robles, es la pena máxima, como si se tratara de la persona más peligrosa”, apuntó.

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