Ciudad de México.- El vicecoordinador del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Pablo Gómez, presentó una Ley de Amnistía que beneficiaría a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

El legislador explicó que dicha propuesta estaría sujeta a una consulta ciudadana, siendo el pueblo de México quien decida si puede “olvidar las ofensas del pasado”.

“¿Está dispuesto el pueblo de México a perdonar a los ex presidentes los delitos en los que pudieron incurrir durante su mandato? Es nuestro deber preguntar”, señaló el legislador morenista.

En un segundo artículo establece que la amnistía extingue las acciones penales, dejando subsistente la responsabilidad civil y a salvo los derechos de quienes puedan exigirla.

También dejaría fundado que los exmandatarios que sean beneficiados por esta ley, no podrán ser detenidos ni procesados en un futuro por los mismos hechos, y que en caso de que los expresidentes hubieren tramitado un amparo, autoridad judicial dictará auto de sobreseimiento, es decir, se extingue el proceso penal por el que este fue solicitado o concedido.

“La amnistía extingue las acciones penales respecto de los delitos dejando subsistente la responsabilidad civil y a salvo los derechos de quienes puedan exigirla, así como los derechos de las víctimas de conformidad con la legislación aplicable”. 

En caso de ganar el “sí”, el Poder Legislativo deberá expedir la ley y el Ejecutivo tendría que promulgarla. Si fuera “no”, la Cámara de Diputados tendría que desechar la iniciativa.

De aprobarse la iniciativa, en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se publicaría un mandato por el que “se decreta amnistía en favor de las personas que desempeñaron el cargo de presidente de la República (…) entre el 1 de diciembre de 1988 y el 30 de noviembre de 2018, contra los cuales se hubiera ejercido o se pudiera ejercer acción penal ante los tribunales por la comisión de delitos”.

Pablo Gómez aseguró que la iniciativa no plantea el “olvido” de presuntos actos de corrupción cometidos por los expresidentes, sino que, mediante una consulta, se resuelva con un “No” de facto a la impunidad.

Gómez agregó que la consulta popular es un ejercicio directo de la potestad ciudadana de decidir y ordenar expresamente a las autoridades lo que deben o no hacer.

Esta iniciativa se presenta en el marco de la solicitud de un juicio en contra de los exmandatarios por los presuntos delitos que pudieran haber cometido durante sus gobiernos, un reclamo hecho desde la Presidencia de la República.

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