lun. Jun 24th, 2019

Empresas acusadas de fraude reciben contratos por casi 400 MDP del gobierno federal

Ciudad de México.- Dos empresas sobre las cuales pesan acusaciones de fraude por la venta irregular de libros de texto en el año 2000, recibirán 388 mdp en contratos con el Gobierno Federal.

Las empresas en cuestión son Litografía Magno Graf S. A. de C. V. y Compañía Editorial Ultra, S. A. de C. V., las cuales son beneficiadas con contratos por adjudicación directa para la impresión de libros de texto gratuito durante la administración de López Obrador.

Ambas fueron investigadas penalmente por vender libros a sobreprecio durante la gestión del director de la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito (Conaliteg), Marco Antonio Meza, en 1999, y quien repite en el cargo en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Las empresas consiguieron 388 millones de pesos a través de contratos sin pasar por concurso público. Esta cifra representa la mitad del monto total entregado por adjudicación directa en el actual proceso de compra de libros de texto gratuito.

En los últimos 11 años, Litografía Magno Graf no había conseguido montos mayores a 152 millones por adjudicación directa. Esta vez obtuvo 249 millones de pesos en cuatro contratos, lo que la ubica como la principal empresa beneficiada.

Si bien ha sido proveedora del gobierno, nunca había tenido una adjudicación directa con esa cantidad. De hecho, representa casi lo triple a lo ganado el año pasado, cuando apenas consiguió 86 millones de pesos en contratos por licitación pública, y no tuvo adjudicaciones directas, de acuerdo con el análisis de contrataciones de 2007 a 2018 a través de la herramienta Contratobook

El mejor año de venta de dicha empresa fue en 2017, cuando ganó 227 millones de pesos en licitaciones públicas y 152 millones a través de adjudicación directa. Lo que contrasta con 2011, el año que menos ventas consiguió sólo con 4.4 millones de pesos, ganados por concurso. 

El dueño de Litografía es Armando Prida Huerta, quien también tiene las empresas Asociación Periodística Síntesis, S.A. de C.V., que edita el Periódico Síntesis de Puebla, con presencia también en Tlaxcala e Hidalgo, y la revista Rostros, dedicada a las noticias de sociales en Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas y Ciudad de México.  

En tanto, su hijo Armando Prida Noriega, tiene la empresa AyPP Constructores S. A. de C. V., que se encargó de las obras más emblemáticas de la administración del exgobernador Rafael Moreno Valle conocidas como la Estrella de Puebla y el Teleférico, según reportaron investigaciones periodísticas.  

Compañía Editorial Ultra es la segunda más beneficiada, con 139 millones de pesos a través de cuatro contratos directos para imprimir libros con y sin entrega de insumos.

De acuerdo con el análisis de Contratobook, el año pasado la empresa solo consiguió 51 millones de pesos a través de licitación pública. Su mejor año también fue 2017, cuando obtuvo 162 millones mediante concurso y 140 millones mediante adjudicación directa.

El sobreprecio 

Marco Antonio Meza fue director de la Conaliteg entre 1994 y 1999, antes había sido secretario particular del entonces secretario de Educación, Ernesto Zedillo. También coincidió en esa administración con el actual titular de la SEP, Esteban Moctezuma, quien entonces fue Subsecretario de Planeación y Coordinación Educativa y Oficial Mayor de la dependencia. 

Al concluir la gestión de Meza, la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo, ahora Secretaría de la Función Pública, investigó y comprobó el sobreprecio en el que incurrieron diferentes empresas, incluidas Litografía Magno Graf, que vendió cada libro de Español en 11.71 pesos en 1999, por lo que cobró 37 millones de pesos por 3 millones 207 mil libros.

En el 2002, en cambio, se pagó 7.25 pesos por libro y significó una erogación de 21 millones de pesos por 2 millones 932 mil ejemplares, según reportes periodísticos. Lo que confirmaba el sobreprecio. 

Mientras que Compañía Editorial Ultra vendió libros de Ciencias Naturales a 10.80 pesos en 1999, y ganó 30 millones de pesos por imprimir 2 millones 800 mil libros; y dos años después el costo fue de 6.84 pesos por unidad, lo que representó un pago de 16 millones de pesos por 2.5 millones de libros. 

Por ello, la Procuraduría General de la República (PGR) inició una investigación penal por el presumible desvío de más de mil millones de pesos de recursos públicos entre 1994 y 2000 por sobreprecio en la impresión de libros a través de contratos obtenidos de manera directa.

Aunque la Conaliteg no ha informado públicamente el número de contratos, ni la decisión de entregarlos por adjudicación directa a éstas y no otras empresas, los procesos se encuentran en la plataforma Compranet, donde, por ley, se deben registrar todos los procedimientos de contratación federal. 

Solo se encuentran formatos con los aspectos básicos de los contratos, pero no están los documentos completos, ni anexos, por lo que no se sabe el número de libros que cada empresa imprimirá ni el costo unitario.

Animal Político solicitó una postura al respecto a la SEP, quien respondió que “es competencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizar todas las licitaciones para las compras de la administración pública a través de su Oficialía Mayor”.

Incluso, “la SHCP lleva un calendario de adquisiciones de todo lo relacionado con los libros de texto gratuito del que sólo informa a la SEP su avance y decisiones. Por tanto, toda información relacionada a los contratos para la impresión de los libros de texto deberá solicitarse a esa instancia”.

Sin embargo, en la información oficial de Compranet, la Conaliteg aparece como el área que realizó las compras.

Con información de Animal Político y SHCP

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