por Horacio Corro Espinosa

No se puede negar que existen servidores públicos que, con sus acciones, afectan la imagen de la oficina donde se desempeñan. 

La mayoría de nosotros conocemos a oficinistas de gobierno que trabajan de manera impecable, y otros, de manera indecente. Un servidor público es aquel que le brinda a la sociedad un servicio de utilidad social y que lo hace sin obtener ganancias privadas.

En la Secretaría General de Gobierno del Estado de Oaxaca (Segego), hay funcionarios que dividen y tuercen los propósitos del Secretario para, después de unos días, entrar a conciliar y demostrarle a todos, que tiene la capacidad de liderazgo dentro de los diferentes grupos sociales.

Desde que llegó a la Secretaría General de gobierno, Francisco García López, le soltaron los demonios en la zona mixteca. La pregunta es, quién le dedicó al nuevo secretario esas trampas. Desde luego que es alguien de adentro que le quiere cobrar los favores por saber “destrabar” los problemas, cuando en realidad no los había.

Bueno, pero como en esa Secretaría hay de todo, quiero platicarles de un flamante funcionario de esa oficina. Ese empleado “jerárquico”, comenzó a llevar a su oficina a todos sus paisanos, mismos que regresaban al pueblo y le presumían a los demás los logros del hombre que había salido varios años atrás. Ahora tenía un gabinete con escritorio y piso alfombrado, además, estaba rodeado de secretarias, y un montón de computadoras. En fin, pues, que se convirtió en una leyenda en Santa María Tutla.

Se trata del trabajador accesorio, Ángel Martínez García, quien les prometió a las autoridades de su lugar de origen, Santa María Tutla, agencia de San Andrés Dinicuiti, echar abajo el decreto donde la ranchería Reforma, se convierte en núcleo rural por decreto de la 63 legislatura del Congreso del Estado.

Así, el influyente “funcionario” de la Secretaría de gobierno, convence al Agente de Tutla, Saúl Varela Gutiérrez, echar abajo ese decreto mediante varios miles de pesos.

Para ello, trata de convencer a Salomón Jara, a Flavio Sosa, a Margarita García García, a Benjamín Robles, entre otros, para que lo ayuden a lograr su objetivo, de lo contrario, tiene que regresar la cantidad de dinero que posiblemente ya se gastó. 

Si fuera un buen abogado como dice serlo, acudiría directamente a la Suprema corte de justicia de la nación, y tal vez.  

Dentro de los consejos y asesorías que le ha dado al agente de Tutla, es que los de la ranchería Reforma, nunca más vuelvan a utilizar el panteón de ese lugar. Así que los habitantes de este sitio tuvieron que improvisar un terreno como panteón.

Lo cierto es que Ángel Martínez, trabajador de la Segego, se ha dedicado a sacar dinero de donde puede. Hace unos meses circuló una carta en las redes sociales, donde se pedía la renuncia de la presidenta municipal de San Andrés Dinicuiti. 

Martínez García, acudió a ella inmediatamente y se puso a sus órdenes. Le dijo que mediante un dinero, hablaría con los diputados locales para que ella no perdiera su investidura, además, recogió firmas de las agencias municipales de Tutla, Santiago del Río, Antonio de León, entre otras, para llevárselas a los diputados y se dieran cuenta que ella tenía el respaldo del municipio.

Lo escandaloso del asunto es que la Delegada de Atención Regional en la Mixteca, Yolanda López Velasco, así como el representante de la Segego en la mixteca, Baruc Alavez Mendoza, le han permitido a Ángel Martínez, ser juez y  parte en los asuntos de su pueblo contra las agencias vecinas. 

Permiten esta intromisión porque se trata del exlíder de los burócratas de gobierno, lo que se traduce, que la Segego, nunca ha sido imparcial con la comunidad indígena de Reforma.

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