Oaxaca, una de las entidades con la mayor biodiversidad del país, se ha convertido en el estado más peligroso para los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente, sumando al menos 25 asesinatos de activistas, en los últimos 4 años, bajo el gobierno del priista Alejandro Murat Hinojosa.
El crimen más reciente, es el del presidente del Comisariado Ejidal de Paso de la Reyna y defensor del Río Verde contra megaproyectos, Fidel Heras Cruz, quien fue asesinado en la comunidad La Esperanza, perteneciente al municipio de Santiago Jamiltepec, el pasado sábado 23 de enero.
El cuerpo sin vida fue encontrado al interior de su camioneta, con impactos de arma de fuego, a 300 metros de la entrada a la comunidad La Esperanza, perteneciente al municipio de Santiago Jamiltepec.
Las autoridades de la agencia Paso de la Reyna mencionaron que el pasado jueves 21 la víctima recibió un “anónimo” con amenazas de muerte, localizado dentro de una bolsa en las obras de construcción de la sede del Comisariado.
En esos mismos días el propio agente Filogonio Martínez Merino fue alertado de la presencia de una camioneta sospechosa, con dos personas a bordo, en el paraje denominado “El Zanate”, por lo que dio parte a la policía municipal y pidió lo acompañaran y escoltaran hasta la comunidad.
Además de ser la autoridad ejidal, Fidel Heras Cruz era un defensor del territorio en contra de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina y del Proyecto Hidroeléctrico Río Verde.
Uno de los posibles móviles del homicidio se relaciona con la extracción de materiales petreos por parte de la presidenta municipal de Santiago Jamiltepec, Celia Rivas Márquez.
Desde 2019, Rivas Márquez insistió en entrar al Río Verde para extraer material pétreo. La comunidad inicialmente se opuso, por lo que la funcionaria se vio obligada a suscribir un convenio, sin embargo, debido a la falta de cumplimiento del mismo, en varias ocasiones la comunidad se negó a que continuara con la explotación del río.
“La crisis más grave se presentó en agosto de 2020, cuando la familia Iglesias y la presidenta municipal presionaron a las autoridades ejidales para aumentar el volumen de extracción, sin hacer los pagos correspondientes ni presentar ningún permiso ambiental por las afectaciones al río”, señalaron los pobladores.
En diciembre de 2020, añadieron, “dejaron de extraer el material y abandonaron provisionalmente su maquinaria en la jurisdicción del ejido de Paso de la Reyna. A los pocos días del abandono, la maquinaria sufrió daños menores, esto ocasionó el enojo de Manuel Iglesias, hijo del difunto Chulindo Iglesias, cacique de la región, quien se ostenta como concesionario del río. Manuel Iglesias exigió entonces el pago de daños y lanzó amenazas en contra de Fidel Heras”.
Las autoridades de Paso de la Reina manifestaron que apenas el domingo 17 se celebró una asamblea de ejidatarios donde Fidel Heras rindió un informe sobre la situación de la explotación del material pétreo y el avance de la construcción del edificio que albergará la sede del comisariado, y se acordó invertir los recursos de la extracción. Algunos ejidatarios señalaron que se mencionó un adeudo de más de 500 mil pesos por parte de la familia Iglesias a la comunidad, y también que era importante que el comisariado cobrará el adeudo.
“Entonces, debido a estos acontecimientos, previos al crimen cometido contra el defensor comunitario y autoridad ejidal de Paso de la Reyna, Fidel Heras Cruz, no se descarta un móvil político en esta ejecución, debido a su activa defensa del territorio y del Río Verde, además de los antecedentes de defensa del territorio en contra de la construcción del Proyecto Hidroeléctrico Paso de la Reina y del Proyecto Hidroeléctrico Río Verde”, denunciaron.
Exigieron al gobierno del estado su intervención, en el ámbito de sus atribuciones, para dar seguimiento hasta que se esclarezcan los hechos y se brinde atención a quienes hacen la denuncia.
El crimen fue condenado por el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever), las autoridades agrarias y municipales del ejido Paso de la Reyna, la Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca y las organizaciones Servicios para una Educación Alternativa (Educa), Consorcio-Oaxaca y Ecosta Yutu Cuii, entre otras.
La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca también condenó el homicidio del defensor comunitario e integrante del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever) y, según el expediente DDHPO/CA/022/(09)/OAX/202, pidió a la Fiscalía General de Justicia del estado dictar las medidas de protección necesarias a las personas que resulten víctimas directas e indirectas, para garantizar su integridad.
Asimismo, requirió a la Secretaría de Seguridad Pública la implementación de rondines de vigilancia en el tramo que va de la agencia municipal Paso de La Reina a la cabecera de Santiago Jamiltepec, y el paraje La Esperanza, sitio donde ocurrió el ataque.
Luego de condenar este nuevo crimen, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad afirmó que en el sexenio de Alejandro Murat Hinojosa han sido asesinadas al menos 25 personas defensoras de derechos humanos: seis en 2017, nueve un año después, seis en 2019, tres el año pasado y ahora Heras Cruz.
La mayoría de las víctimas eran defensores de los pueblos indígenas, de la tierra y el territorio.
La Defensoría señaló que entre 2015 y 2020 ha iniciado 232 indagatorias relacionadas con violaciones a derechos humanos, cometidas contra personas defensoras de derechos humanos.
El Comité Cerezo de México señaló, a través de un informe publicado este año, que 14 personas defensoras de los derechos humanos fueron asesinadas de manera extrajudicial en 2020. El listado es encabezado por Oaxaca, donde se llevaron a cabo seis de estos crímenes.
Heras Cruz fue hallado al interior de su camioneta con impactos de armas de fuego, los reportes locales afirman que fue asesinado alrededor de las 18:00 horas mientras se encontraba en las inmediaciones de la comunidad La Esperanza, perteneciente al municipio de Santiago Jamiltepec.
El Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (COPUDEVER), entre otros grupos defensores no descartaron un móvil político en su ejecución resultado de su activa defensa del territorio y del río.
La institución exigió al Gobierno de Oaxaca su intervención para esclarecer los hechos y atender las denuncias y solicitó a la Fiscalía General del Estado abrir una carpeta de investigación sobre el caso.
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