A pesar de ser un caso central en la lucha del gobierno de Andrés Manuel López Obrador contra el legado de corrupción que dejó el sexenio anterior, la Fiscalía General de la República (FGR) “extravió” documentación de la investigación contra Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex y uno de los más cercanos colaboradores al expresidente Enrique Peña Nieto.
De ello da cuenta una investigación del periodista Abel Barjas para el periódico Reforma, en donde detalla la pérdida de la documentación sobre la evolución del patrimonio del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, así como sus declaraciones patrimoniales.
Esto en medio de la investigación contra políticos y exlegisladores que supuestamente recibieron sobornos de la constructora brasileña Odebrecht para la aprobación de la reforma energética en 2013.
De acuerdo con Barajas, quien consultó informes del Poder Judicial de la Federación, “en la indagatoria aparece un oficio que especifica la inclusión de esos documentos; sin embargo, las 51 páginas con la información patrimonial del ex director de Pemex no están agregadas en el expediente”.
Uno de los acusados de recibir dichos sobornos, el exsenador panista, Jorge Luis Lavalle Maury, solicitó una audiencia al juez de control del Reclusorio Norte con el fin de que los fiscales expliquen si omitieron u ocultaron la documentación. Aún no hay fecha para esta audiencia, dada la pandemia de Covid-19.
La FGR rechazó el 23 de enero entregar los documentos a Lavalle y alegó que no tenían relación con la investigación sobre los presuntos sobornos denunciados por Lozoya.
“La evaluación y declaraciones patrimoniales omitidas en esta indagatoria fueron clave para que la SFP inhabilitara al ex director de Pemex por un periodo de 10 años para ocupar cualquier cargo público a nivel federal, una sanción dictada en mayo de 2019″, reseña Barajas.
En la denuncia de hechos de Lozoya aparecen los nombres del exsecretario de Hacienda Luis Videgaray, los panistas Francisco García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez, Ernesto Cordero, Ricardo Anaya y Jorge Luis Lavalle, así como David Penchyna, José Antonio Meade, José Antonio González Anaya y Carlos Treviño, vinculados al gobierno de Enrique Peña Nieto.
El pasado 26 de enero, un juez federal aplazó la audiencia del exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury, a petición de la FGR, que busca imputarlo por los delitos de cohecho y asociación delictuosa.
El exlegislador fue señalado por Lozoya de intentar extorsionarlo con 50 millones de dólares para aprobar las llamadas reformas estructurales.
De acuerdo con Reforma, la FGR pidió el aplazamiento, porque los fiscales que iban a participar en la audiencia presentaban síntomas de Covid-19.
El panista escribió en su cuenta de Twitter: “En relación con el desistimiento de la FGR a la audiencia inicial, reitero mi total disposición a acudir ante el juez de la causa las veces que sean necesarias. Mientras tanto, ejerceré mi derecho de defensa ante la FGR frente a las mentiras del delincuente confeso Emilio Lozoya”.
A mediados de enero, Quinto Elemento Lab señaló que la FGR decidió ocultar los avances de la investigación del caso Odebrecht y Altos Hornos, al argumentar que las investigaciones están en trámite por lo que se trata de información reservada y confidencial, según las respuestas que dio a peticiones de solicitudes formuladas.
La Fiscalía tampoco informó los avances y el estado que guarda la investigación que inició en agosto de 2017 la Fiscalía de Delitos Electorales para esclarecer el presunto financiamiento ilegal de la constructora brasileña a la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto, y reservó el estatus de las indagatorias iniciadas a partir de la denuncia que presentó Lozoya en agosto pasado.
La FGR informó que los datos recabados se “encuentran estrictamente reservados” y se mantienen bajo sigilo porque su divulgación podría afectar el curso de las indagatorias.
Con estos argumentos, la Fiscalía se niega a informar sobre el avance de las investigaciones aun cuando el INAI le ordenó desde junio de 2019 elaborar una versión pública del expediente de la investigación de Odebrecht pues se trata de un caso de corrupción de interés público.
Emilio Lozoya Austin, quien se acogió a un criterio de oportunidad por parte de la Fiscalía, fue acusado de los delitos de asociación ilícita, cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita, por supuestamente haber recibido sobornos por más de 10 millones de dólares por parte de la compañía brasileña Odebrecht y 3.5 millones de dólares por parte del empresario Alonso Ancira, quien fuera propietario de Altos Hornos de México (AHMSA), a cambio de contratos y de la compra de la planta Agro Nitrogenados a un sobreprecio injustificado.
Con información de Reforma, Aristegui Noticias y Quinto Elemento Lab
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