5 marzo, 2021

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Aprueban y remiten al Senado, dictamen sobre salud mental


• Fue aprobado, en lo particular, por 457 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones

• Se aceptaron reservas a los artículos 3, 72, 73 Bis, 74 Bis, 75 y 75 Bis de la Ley General de Salud

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de salud mental y prevención de las adicciones.

El documento avalado por 457 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, y remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales, considera prioritaria la atención de la salud mental y la acerca la población en sus propias comunidades.

Establece que la salud mental y las adicciones tendrán carácter prioritario dentro de las políticas de salud y deberán brindarse conforme a los principios establecidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales en materia de derechos humanos.

Asimismo, el Estado garantizará el acceso universal, igualitario y equitativo a la atención de la salud mental y adicciones a las personas en el territorio nacional. Toda persona tendrá derecho a gozar del más alto nivel posible de salud mental, sin discriminación.

Explica que se entenderá por adicción el consumo repetido de varias sustancias psicoactivas hasta el punto en el que el consumidor se intoxica de forma continua, muestra deseo compulsivo de consumir y dificultad para interrumpir o modificar el consumo de la sustancia y se muestra decidido a obtener sustancias psicoactivas por cualquier medio.

El propósito último de los servicios de salud mental es la recuperación y el bienestar, el despliegue óptimo de sus potencialidades individuales para la convivencia, el trabajo y la recreación. La recuperación significa el empoderamiento de la persona para poder tener una vida autónoma, superando o manejando el trauma, agrega.

Además, la atención a la salud mental deberá brindarse con un enfoque comunitario, de recuperación y con estricto respeto a los derechos humanos de los usuarios de estos servicios, en apego a los principios de interculturalidad, interdisciplinariedad, integralidad, intersectorialidad y participación social.

Las instituciones públicas del Sistema Nacional de Salud deberán brindar acceso a los servicios de atención de salud mental y adicciones cumpliendo los principios de cercanía, respeto a la dignidad y a los derechos humanos de la persona; erradicación de estigmas y estereotipos, atención especial a los grupos en situación de vulnerabilidad, participación de los familiares y de las organizaciones de usuarios de ayuda mutua.

Las personas con trastornos mentales y por consumo de sustancias psicoactivas tendrán derecho a una mejor atención sin discriminación y con respeto a la dignidad de la persona; tener un representante que cuide sus intereses, consentimiento informado de la persona en relación al tratamiento a recibir, y no ser sometido a medidas de aislamiento o contención coercitivas.

Además, diagnóstico integral, no ser sometido a tratamientos irreversibles; derecho de confidencialidad y contar con un sistema de apoyo y asistencia.

El internamiento sólo podrá llevarse cuando éste aporte mayores beneficios que otras opciones terapéuticas ambulatorias en el entorno familiar, comunitario o social. El mismo podrá ser voluntario, involuntario u obligatorio conforme al reglamento que determine la Secretaría de Salud.

En su régimen transitorio, el dictamen señala que aquellos hospitales psiquiátricos que cuenten con adecuadas condiciones en infraestructura y organizacional transitarán a Centros Terapéuticos para la atención de la salud mental y adicciones en un plazo de 180 días naturales contados a partir de la entrada en vigor del decreto.

Además, el Ejecutivo Federal tendrá un plazo no mayor a 180 días naturales a partir de la entrada en vigor del decreto para emitir las disposiciones reglamentarias. Las erogaciones que se generen se realizarán con cargo al presupuesto autorizado de los ejecutores de gasto correspondientes y en caso de que se realice alguna modificación a la estructura orgánica de los mismos.

En lo particular, se aceptaron las reservas de los diputados de Morena, Víctor Adolfo Mojica Wences, a los artículos 3, 72, 73 Bis y 74 Bis, y Óscar Rafael Novella Macías, al artículo 75, así como la de la diputada de MC, Martha Tagle Martínez, al artículo 75 Bis.

En términos del dictamen quedaron los artículos 72 Bis, 74, 74 Ter, 75, 75 Ter, 76, 77, 184 Bis, la denominación del Capítulo Séptimo, así como los artículos Tercero y Cuarto transitorios, reservados por diversos diputadas y diputados del PAN, PRI, MC y PRD.

Reservas sobre los trastornos por el consumo de sustancias

El diputado Mojica Wences precisó que las modificaciones a los artículos 3, 72, 73 Bis y 74 Bis fueron consensuadas y compartidas por los grupos parlamentarios de Morena, Acción Nacional, Movimiento Ciudadano y Encuentro Social.

Explicó que en el artículo 3 queda únicamente la atención de la salud mental; en el artículo 72 se establece que la salud mental y la prevención de las adicciones tendrán carácter prioritario dentro de las políticas de salud y deberá brindarse conforme a los principios establecidos en la Constitución.

Dentro del artículo 72 se anuló el último párrafo, que decía: “por adicción el consumo repetido de varias sustancias psicoactivas hasta el punto en el que el consumidor se intoxica de forma continua, muestra deseo compulsivo de consumir y dificultad para interrumpir o modificar el consumo de la sustancia y se muestra decidido a obtener sustancias psicoactivas por cualquier medio”.

Mientras que el artículo 73 Bis, quedó: “Las Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Salud deberán brindar acceso a los servicios de atención de salud mental y trastornos por el consumo de sustancias en cumplimiento con los principios siguientes”. 

El diputado Víctor Adolfo Mojica Wences añadió que en ese mismo artículo 73 Bis, en lugar de “adicciones” sea nombrado como “trastornos por el consumo de sustancias”.

En el artículo 74 Bis, relativo a las intervenciones prioritarias de salud mental y adicciones, se agrega la palabra “prevención” en cada una de las entidades nosológicas en las que se despliega. En la fracción sexta, se elimina “la atención ambulatoria de epilepsia y crisis convulsivas”, por considerar que esto tiene que ver más con cuestiones neurológicas.

Reservas relativas a internamiento

El diputado Óscar Rafael Novella Macías (Morena) destacó que la reserva al artículo 75 fue en consenso con los grupos parlamentarios de Morena, PAN, PRI, MC, Encuentro Social, PRD y PVEM, para que por ningún motivo el internamiento pueda ser indicado, prolongado, si tiene el fin de resolver problemas familiares, sociales, laborales o de vivienda y de cuidado del paciente.

En el párrafo cuarto del artículo 75, explicó, se precisa: “Las instituciones de atención de trastornos mentales y por consumo de sustancias psicoactivas deberán privilegiar el internamiento voluntario, sin que medie la coerción del personal de las instituciones, con el consentimiento informado del tratamiento, otorgado por el paciente.

El internamiento involuntario deberá ser notificado a la autoridad judicial y, en su caso, podrá ser revisado por la misma, a petición de la persona internada o de su representante. En todo caso, durante dicho procedimiento deberá garantizarse la defensa de los intereses de la persona internada, la cual no podrá ser incomunicada de sus familiares, tutor o representante legal”.

Mientras que en el párrafo sexto, queda: “En el caso de internamiento de niños, niñas o adolescentes se recabará la opinión de los mismos y se dejará registro en la historia clínica; en caso de no estar de acuerdo con el internamiento, la institución, junto a la madre, el padre o tutor, deberá valorar otras alternativas de atención”.

También se aceptó la reserva presentada por la diputada Martha Tagle Martínez (MC), para modificar el artículo 75 Bis y establecer que los prestadores de servicios de salud mental, públicos o privados, están obligados a comunicar a la persona, de manera accesible y oportuna, la información completa, incluyendo los objetivos, los beneficios, los posibles riesgos y las alternativas de un determinado tratamiento, para asegurar que los servicios se proporcionen sobre la base del consentimiento libre e informado. 

Una vez garantizada la comprensión de la información a través de los medios y apoyos necesarios, la persona usuaria de los servicios de salud mental tendrá el derecho a aceptarlos o rechazarlos.       

En la discusión, la diputada Frinné Azuara Yarzábal (PRI) dijo que el consentimiento informado en cualquier condición de salud debe ser expreso. Subrayó que se debe dar al paciente la información completa, de manera accesible y oportuna, incluyendo los posibles riesgos y las alternativas de un determinado tratamiento para asegurar que los servicios se proporcionen sobre la base de este consentimiento libre e informado.

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