La Secretaría de la Función Pública (SFP), a cargo de Irma Eréndira Sandoval, ha cometido diversas irregularidades y cuenta con deficiencias en su estructura, señala el reporte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El documento señala que la SFP solo realizó 92 investigaciones de evolución patrimonial, cifra que no representa un avance sustancial en comparación con las 575 mil 834 declaraciones presentadas por los funcionarios ese año.

Esto quiere decir que la Secretaría de la Función Pública no investigó a los burócratas de la Cuarta Transformación, y tampoco dispuso de “una política, lineamiento o metodología que estableciera las bases y justificara la selección de los servidores públicos sujetos a investigación”, pues la mitad de las investigaciones se originaron en notas periodísticas.

La ASF también denunció a la SFP por no actualizar el Registro de Servidores Públicos Sancionados, y por no tener evidencias que muestre sus actividades derivadas de los expedientes generados por las “quejas, denuncias y peticiones ciudadanas por presuntas faltas administrativas en contra de servidores públicos federales”.

Entre sus duras críticas contra la dependencia, el organismo fiscalizador subrayó que la Coordinación de los Órganos de Vigilancia y Control “mostró limitaciones, debilidades, deficiencias y discrecionalidad en los procesos de selección, designación y administración del personal que integró su estructura, aunado a las debilidades y deficiencias que reflejó el Sistema de Evaluación del Desempeño que implementó”.

Sentenció que la dependencia “no aportó evidencia de los mecanismos establecidos para medir y determinar la magnitud de las faltas administrativas y el nivel de corrupción en las dependencias y entidades de la APF durante 2019, situación que provocó que no se propiciara la transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas entre las instituciones federales, ni tampoco el impulso a su papel estratégico de vigilancia y control”.

Además, denuncia que la dependencia “mostró resistencias al proceso de fiscalización, al no permitir el acceso al equipo auditor a sus instalaciones y archivos, y sus servidores públicos se negaron a comparecer ante la ASF”

“Se concluye que la posición adoptada por la SFP durante el proceso de fiscalización resultó ser incongruente con la estricta aplicación de los principios de transparencia, rendición de cuentas, y combate a la corrupción y a la impunidad que la propia dependencia federal impulsa en el ámbito de sus facultades”, acusó la ASF.

Según el organismo fiscalizador, la dependencia a cargo de Sandoval se negó en enseñarle un expediente de investigación sobre “presuntas anomalías e incongruencias” en el estado patrimonial de un “líder sindical”, bajo el argumento de que no tenía la información.

El organismo fiscalizador también criticó el “informe de fiscalización de la función pública”, que Sandoval presentó con bombo y platillo en febrero de 2020, pues afirmó que el concepto de fiscalización empleado “no se encuentra debidamente fundamentado en el marco constitucional, ni emitido de acuerdo a las previsiones operativas del Sistema Nacional Anticorrupción y del propio Sistema Nacional de Fiscalización”.

En la auditoría número 76-DS, la ASF apuntó la “inadecuada regulación, dirección, coordinación, evaluación y seguimiento” de la SFP en su papel al frente del Sistema del Servicio Profesional de Carrera, causadas por las “serias deficiencias” de la dependencia en “todos los subsistemas”, las cuales “podrían poner en riesgo el cumplimiento del objeto” del servicio.

Dicho servicio pretende garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la función pública con base en el mérito; sin embargo, según la ASF, a finales de 2019 menos de 1% de los servidores públicos correspondían al servicio; ello, según el organismo, se debió entre otros a que la SFP no implementó “mecanismos innovadores para atraer a los mejores hombres y mujeres”.

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