De acuerdo al informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, costará a los mexicanos al menos 331 mil 966 millones de pesos; el triple de lo prometido.
Cuando el gobierno de Andrés López Obrador informó la cancelación del nuevo Aeropuerto de Texcoco -argumentando diversos actos de corrupción que hasta la fecha no han sido comprobados o denunciados- dijo que tendría un costo de 100 mil millones de pesos.
La ASF documentó en el informe de desempeño 1394-DE que, a la fecha, el Estado mexicano ya sobrepasó esa cifra, detallando que se han gastado 163 mil 540 millones de pesos, advirtiendo que en los próximos años México gastará otros 168 mil 426 millones hasta sumar casi 332 mil millones de pesos, pudiendo ser la cifra todavía mayor debido a que “no existe una clara cuantificación de los costos”.
El organismo de fiscalización señala que encontró pendiente de liquidación el 70% del valor de los bonos emitidos para financiar el proyecto aeropuertario y que no fueron recomprados, con un valor de casi 80 mil millones de pesos, “cifra que podría incrementarse por una baja en la calificación crediticia”.
Además, apuntó que todavía hay pendientes pagos del Estado por comisiones o intereses generados por los bonos pendientes de recompra, “los cuales se verán afectados por las variaciones en el tipo de cambio que se puedan presentar en el peso/dólar”.
Y señaló que a 2019 todavía continuaban en proceso de resolución 41 juicios de amparo, un juicio contencioso administrativo y dos demandas de arbitraje internacional, derivados de la terminación anticipada de los contratos y convenios de obra, que podrían también inflar el costo de la cancelación.
“Existen limitantes en la disponibilidad y la suficiencia de la información proporcionada por el Grupo Aeropuertario de la Ciudad de México que impidieron estimar con mayor precisión el costo al que asciende la cancelación del NAICM, lo que pone en riesgo la transparencia y la rendición de cuentas en las implicaciones originadas por la cancelación del proyecto, y podría provocar que el costo de la cancelación se eleve, en detrimento de los recursos públicos a cargo del Estado”, concluyó la ASF.
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