mar. Oct 22nd, 2019

CNDH confirma que un bebe de 2 meses, un niño de 13 años y 4 mujeres, fueron ejecutados por policías en Temixco, Morelos

El resultado del operativo fueron seis personas muertas, cuatro mujeres de 67, 40, 27 y 22 años, así como un bebe de dos meses y un niño de 13 años. Cinco detenidos y dos oficiales con el uniforme dañado.

Morelos.- La madrugada del 30 de noviembre de 2017, integrantes de la Comisión Estatal de Seguridad Pública acudieron al número 238 de la calle Francisco I. Madero, en la colonia Rubén Jaramillo, Temixco, tras recibir una denuncia ciudadana. Ahí, les dijeron, se ubicaba una casa de seguridad donde “se presumía la existencia de personas privadas de la libertad”.

Según la versión de las autoridades, sujetos armados abrieron fuego en contra de los uniformados cuando arribaron al sitio y estos repelieron el ataque.

Las detonaciones se prolongaron durante al menos dos horas y concluyeron cuando los presuntos integrantes de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se rindieron, según el reporte oficial.

Al interior del domicilio -detalla una ficha levantada en la escena- se hallaban los cadáveres de seis personas, supuestos familiares de los delincuentes- quienes habrían quedado en medio del fuego cruzado.

Sin embargo la versión del entonces comisionado de seguridad, Jesús Alberto Capella Ibarra, no coincide con los testimonios de los familiares y vecinos, quienes aseguran que los cadáveres presentaron tiros de gracia.

El resultado del operativo fueron seis personas muertas, cuatro mujeres de 67, 40, 27 y 22 años, así como un bebe de dos meses y un niño de 13 años. Cinco detenidos y dos oficiales con el uniforme dañado.

Casi dos años después de este crimen, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) acreditó que personal de la Comisión Estatal de Seguridad de Morelos ejecutó de forma arbitraria a seis personas, entre los que se encuentran dos menores, durante los tres operativos que se realizaron en los límites de Temixco y Cuernavaca el pasado 30 de noviembre de 2017, los cuales derivaron en el enfrentamiento armado entre policías y civiles.

Después de la investigación de los hechos, el organismo concluyó que los elementos de seguridad incurrieron en allanamientos a las casas en las que estaban las víctimas.

También incurrieron en detenciones arbitrarias de siete personas, incluido un adolescente; uso excesivo de la fuerza que culminó en la ejecución de seis personas, incluidos dos menores de edad; trato cruel, inhumano y degradante derivado de las lesiones a cuatro personas, entre ellos dos infantes; dilación en la puesta a disposición de los detenidos ante el Agente del Ministerio Público del Fuero Común en Cuernavaca, Morelos, y colocación deliberada del arma de fuego y los indicios balísticos que se relacionaron con el cadáver de una víctima.

La CNDH emitió la Recomendación 21VG/2019, donde atribuyó al Gobierno local la implementación inadecuada de políticas públicas para abatir los altos índices delictivos imperantes; mientras que señaló a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Morelos por la dilación irregular de las carpetas de investigación radicadas por las conductas delictivas cometidas en agravio de las víctimas, y a la Dirección General de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad por las irregularidades observadas en la resolución de la carpeta administrativa instruida contra los elementos policiales que participaron.

En el documento dirigido a Cuauhtémoc Blanco Bravo, Gobernador de Morelos, y a Uriel Carmona Gándara, Fiscal General de Justicia en la entidad, la CNDH exige continuar con la investigación sobre la manipulación de tres cadáveres de las víctimas.

Asimismo, pidió al mandatario morelense que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), brinde a los familiares de las víctimas de ejecución arbitraria y a las personas que resultaron lesionadas la reparación integral del daño, en término de ley; reparación integral a los propietarios de los inmuebles que resultaron dañados por esos hechos, y que los familiares de las víctimas privadas de la vida sean inscritos en el Registro Nacional de Víctimas para que accedan, en lo conducente, al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, de conformidad con la Ley General de Víctimas y la homóloga del estado de Morelos.

Además, la Comisión Nacional recomendó colaborar en las investigaciones ministeriales y procedimientos administrativos que, respectivamente, se inicien ante la Fiscalía General y la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad para determinar la identidad de los agentes que intervinieron en las violaciones a los derechos humanos de las víctimas, así como de quienes en la cadena de mando que, en su caso, ordenaron, autorizaron o toleraron los hechos referidos, y contra el médico de esa dependencia por las imprecisiones en los dictámenes que emitió respecto de las lesiones que sufrieron dos adolescentes, y contra el personal de la Unidad de Rescate Urbano, Atención a Siniestros y Urgencias Médicas que omitió certificar las lesiones infligidas a cuatro personas menores de edad.

“De igual manera, deberá colaborar en las investigaciones ministeriales y procedimientos administrativos que se inicien ante la Fiscalía General y la Unidad de Asuntos Internos de la Comisión Estatal de Seguridad contra el personal involucrado en la dilación en la puesta disposición de los detenidos ante la autoridad ministerial y los elementos de esa corporación policial que de manera deliberada colocaron el arma de fuego y los indicios balísticos que se relacionaron con el cadáver de una víctima”, indicó en un comunicado.

A su vez, llamó a implementar acciones mediante políticas públicas para solucionar y combatir los índices de violencia y criminalidad imperantes en Morelos; a fortalecer con las autoridades municipales de la entidad mecanismos de participación ciudadana para escuchar a la población y atender problemas relacionados con desempleo, pobreza, desigualdad social, prevención del delito, violaciones a derechos humanos y acceso a la justicia, acorde con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU.

Por último, la CNDH exhortó a Carmona Gándara a dar seguimiento a la integración de las investigaciones de los homicidios de las seis personas con el objetivo de identificar, localizar, detener, procesar y sancionar a los responsables; así como para que las víctimas accedan a la justicia.

“También deberá colaborar con la CNDH en la queja que presente ante la Visitaduría General de esa Fiscalía General, por las omisiones en la integración de las carpetas de investigación del caso, y contra el perito médico forense, por imprecisiones en las necropsias a las seis personas privadas de la vida”, finalizó.

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