• Presumen actos de tortura y tratos inhumanos contra jóvenes internos.

La senadora Lucía Meza Guzmán presentó un punto de acuerdo para solicitar a las autoridades federales, estatales y municipales un informe sobre los hechos ocurridos al interior del Centro de Asistencia Social para Adolescentes, ubicado en Temixco, Morelos, en septiembre de 2020.

Donde probablemente, señaló la senadora, se cometieron actos de tortura, tratos crueles e inhumanos, en contra de un grupo de adolescentes internados en dicho reformatorio a cargo del DIF estatal, advirtió.

La legisladora del Grupo Parlamentario de Morena refirió que jóvenes internos tomaron el control del Centro, por lo que se generaron actos de vandalismo contra el inmueble y contra varios de sus compañeros.

Indicó que la Comisión Estatal de Seguridad Pública desplegó un operativo para retomar el control del lugar, “donde tenemos el conocimiento que no se acataron protocolos sobre el uso de la fuerza y se realizaron acciones tendientes a vulnerar la dignidad e integridad de los menores”.

Meza Guzmán aseguró que se publicaron notas periodísticas y fotografías sobre estos hechos, en las que se aprecian a menores de edad, hincados, maniatados y con el dorso descubierto frente a elementos de seguridad.

Ante ello, dijo, los actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes desafían y cuestionan las capacidades y recursos del Estado mexicano para dar respuesta a situaciones que son obstáculos para la observancia de los derechos humanos.

La senadora propuso que se solicite a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que, en caso de existir expediente sobre el caso, envíe un informe sobre las investigaciones realizadas, así como a la Fiscalía General de Morelos, para que a las víctimas se les repare el daño, conforme a las medidas de restitución, rehabilitación y compensación.

La senadora indicó que corresponde a la Procuraduría de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia de Morelos, implementar políticas públicas para promover, respetar y proteger, el derecho de las personas contra cualquier acto de tortura y otros tratos o penas crueles.

El punto de acuerdo fue turnado directamente a la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, para su análisis y dictamen correspondiente.

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