Fiscalía acusa a Peña Nieto de crear red de sobornos para aprobar la reforma energética
La Fiscalía General de la República (FGR) acusó al ex Presidente Peña Nieto y al ex secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de haber conformado una asociación delictiva que de abril de 2013 a agosto de 2014 canalizó casi 100 millones de pesos en sobornos a legisladores, entre ellos Ricardo Anaya, para aprobar la reforma energética.
Así lo dio a conocer el portal de noticias Animal Político, que detalló lo ocurrido en las audiencias privadas del pasado 08 y 12 de abril en las que Lavalle Maury fue imputado y aprehendido.
De acuerdo al medio, el juez Marco Antonio Fuerte Tapia consideró que existen datos suficientes para corroborar de manera inicial que Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, Jorge Luis Lavalle y otros implicados por Emilio Lozoya en su denuncia sobre Odebrecht, podrían haber conformado una asociación criminal que utilizó recursos de origen ilícito para el pago de sobornos.
“El justiciable (Lavalle) junto con Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray Castro, Ernesto Javier Cordero Arroyo, David Penchyna Grub, Ricardo Anaya Cortes, Francisco Javier Cabeza de Vaca y Salvador Vega Casillas formaron parte de una asociación cuyos hechos son visibles, en la República Mexicana, desde el mes de abril de 2013 hasta agosto de 2014, con el propósito de llevar a cabo diversas conductas delictivas”, dijo el juez Fuerte Tapia, que coincidió con las conclusiones de FGR.
Los recursos transferidos para sobornar, dicen, provienen de transferencias ilícitas por parte de la constructora Odebrecht.
La entrega del dinero se realizó siempre en efectivo, en fajos de billetes de 500 y 200 pesos, a través de intermediarios en quince entregas distintas.
Esto ocurrió en al menos tres locaciones: unas oficinas ubicadas en contra esquina de la sede del senado de la República en Paseo de la Reforma; un departamento el número 327 de la calle Gabriel Mancera en la colonia Del Valle; y otras oficinas localizadas en el número 425 de la calle de Montes Urales, de la colonia Lomas de Chapultepec.
Las pruebas de la Fiscalía para realizar estas imputaciones se sostienen en tres declaraciones (y no una como se conocía hasta ahora) que ha rendido el ex director de Pemex, Emilio Lozoya, y de cuatro personas más que participaron o conocieron de las entregas del dinero a los legisladores.
El rol de Lavalle era particularmente importante pues él designó a una persona de su confianza, Rafael Caraveo Opengo, para ser el intermediario del dinero que iba destinado al grupo de legisladores panistas.
Este personaje, incluso firmó la recepción de las cantidades presuntamente enviadas a Lavalle.
“El propósito de la asociación de los legisladores mencionados junto con el entonces presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Hacienda Luis Videgaray era concretar la reforma energética atendiendo un interés económico que injustamente recibieron (…) para votar a favor de dicha reforma y así abrir a personas extranjeras la explotación de los recursos naturales propiedad de la nación”, dijo el juez al recapitular y coincidir con el caso presentado por los fiscales.
Todo lo anterior habría sido confesado tanto por Lozoya en sus declaraciones de agosto, septiembre y octubre de 2020, así como por el propio Caraveo Opengo quien, asegura, no sabía cuál era el destino final. Otros testigos de nombre Norberto Gallardo Vargas, Miguel Pérez Esquivel y Froylán Gracia Galicia confirmaron el esquema.
(Con información de Animal Político)
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