El Gobierno de México, respaldado por la dirigencia de Morena, sus gobernadores y grupos parlamentarios; manifestó su rechazo total al informe presentado por el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU.
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum calificó el documento como “tendencioso” y “carente de rigor metodológico”, desatando una de las confrontaciones diplomáticas más agudas en materia de derechos humanos de los últimos años.
A través de un comunicado conjunto de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (SEGOB), el Ejecutivo federal acusó al Comité de ignorar los esfuerzos realizados desde octubre de 2024 para depurar el Registro Nacional de Personas Desparecidas y No Localizadas.
Por su parte, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, secundó la postura oficial afirmando que el informe utiliza cifras “extrapoladas” que pertenecen a administraciones pasadas para atacar al proyecto político actual.
El bloque oficialista argumenta que el análisis de la ONU se basó únicamente en una muestra reducida de estados y que no reconoce la disminución en el ritmo de nuevos casos que el gobierno reporta en sus cifras internas. Morena en el Senado calificó el reporte como un “ataque político” que no contribuye a la solución del problema, sino que busca desprestigiar las labores de búsqueda coordinadas por la federación.
Ante el rechazo frontal de las instituciones mexicanas, el presidente del Comité de la ONU, Olivier de Frouville, defendió la integridad del trabajo realizado por el organismo y lanzó una advertencia severa sobre la realidad que enfrentan miles de familias en el país.
De Frouville señaló que la magnitud de la tragedia en México —con más de 130,000 personas desaparecidas— y la persistente impunidad no pueden ser ignoradas con argumentos administrativos.
“Nuestras conclusiones no son políticas, son el reflejo del dolor y la falta de justicia que observamos en el terreno. La magnitud de la crisis y la falta de resultados efectivos en la identificación de restos humanos sugieren que podríamos estar ante crímenes de lesa humanidad si no se toman medidas urgentes para desmilitarizar la seguridad y fortalecer el sistema forense”, declaró De Frouville en respuesta a los cuestionamientos del gobierno.
El presidente del Comité lamentó que la respuesta institucional se centrara en la descalificación de los datos en lugar de atender las recomendaciones estructurales, como el fortalecimiento de las fiscalías y la protección de los colectivos de madres buscadoras, quienes siguen siendo víctimas de ataques violentos.
Los colectivos de madres buscadoras y organizaciones de derechos humanos también han reaccionado con indignación, acusando a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum de “negacionismo” y de intentar invisibilizar una tragedia que no se detiene.
El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM), bloque que agrupa a más de 80 colectivos de todo el país, emitió un pronunciamiento en el que calificó la postura oficial como “insensible y alejada de la realidad en las fosas”. Señalaron que, más allá de las cifras y la metodología, la crisis forense es innegable.
“Al Gobierno le preocupan los porcentajes; a nosotras nos preocupa que hay más de 50 mil cuerpos sin identificar en las morgues. Rechazar el informe es darnos la espalda una vez más”, afirmaron representantes del movimiento.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), organización civil referente en la defensa de víctimas; advirtió que el rechazo del Estado mexicano a las recomendaciones internacionales marca un retroceso democrático. Señalando que el informe de la ONU no es un ataque político, sino un diagnóstico técnico necesario.
“La descalificación de los mecanismos internacionales de supervisión es una señal alarmante de cerrazón que deja a las víctimas en una mayor desprotección”, indicaron en un comunicado.
Organizaciones internacionales como Human Rights Watch (HRW) y Amnistía Internacional se sumaron al respaldo del Comité de la ONU, lamentando que México prefiera cuestionar la “soberanía” y el “método” antes que abordar la colusión de autoridades con el crimen organizado y la militarización, factores que el informe identifica como catalizadores de las desapariciones.
*Imagen de Raquel Cunha
