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La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que preside el diputado Pablo Guillermo Angulo Briceño (PRI), se reunió con Claudia María Bazúa Witte, Auditora Especial de Cumplimiento Financiero y Jaime Bolaños Cacho Guzmán, titular de la Unidad de Normatividad y Enlace Legislativo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Angulo Briceño precisó que hoy inician una serie de reuniones de trabajo las y los legisladores con funcionarios de la ASF, para el análisis del Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021 y la Tercera Entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021.

Indicó que los ejercicios de rendición de cuentas abonan a generar mayor confianza en la ciudadanía para mejorar y perfeccionar la gestión pública, y se manifestó porque las reuniones fortalezcan el trabajo de la fiscalización y den resultados claros, con el fin de que quienes hayan cometido malos manejos o situaciones fuera de la legalidad, sean sancionados.

Participación de diputadas y diputados

La diputada Ana Elizabeth Ayala Leyva (Morena) resaltó que, de acuerdo a la ley, las observaciones en la Cuenta Pública aún son susceptibles de aclararse y justificarse, e inquirió qué se puede hacer para fortalecer a las unidades administrativas de la ASF y qué debe ser incorporado en la ley y en la normatividad para que las auditorías puedan combatir la corrupción.

El diputado Daniel Gutiérrez Gutiérrez (Morena) externó su preocupación sobre las áreas en las que las instituciones o entidades fiscalizadas deben tener mayor cuidado por sus auditorías especiales, para que sus alcances y resultados contribuyan al combate de la corrupción de las auditorías “forenses” y las áreas de oportunidad de las mismas, y respecto a las acciones para la recuperación de los recursos públicos que fueron observados en la fiscalización.

La diputada Inés Parra Juárez (Morena) inquirió sobre las modificaciones del Reglamento Interno de la ASF, los informes de los casos de prescripción, y si “concentrar y burocratizar no va contra el principio de eficiencia y eficacia, y qué se cree que la ASF optará por acusar a corruptos o defenderlos; hay falta de compromiso de la institución por combatir la corrupción”.

 Azael Santiago Chepi, diputado de Morena, se manifestó para que en el caso de Segalmex continúe la atención jurídica hasta llegar a las últimas consecuencias, y pidió abrir un espacio de discusión con otras áreas de la ASF para ampliar las capacidades y que más municipios puedan ser auditados.  

 Por el PAN, la diputada Sonia Murillo Manríquez pidió no dejar de cumplir lo que establece la Constitución Política en materia de fiscalización y pugnó por revisar a cabalidad los recursos de las megaobras de mayor relevancia, como son la Refinería Dos Bocas, el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles o las sucursales del Banco de Bienestar, pues el incremento de costos ha sido una constante, así como la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional en las obras.

El diputado Iván Arturo Rodríguez Rivera (PAN) recordó que para su grupo parlamentario uno de los ejes rectores de la democracia y el buen gobierno reside en los principios de transparencia y rendición de cuentas. Aplaudió que la ASF sostenga su trabajo bajo principios técnicos que abonan al ejercicio eficiente del gasto público y externó su preocupación sobre la evolución en los municipios.  

La diputada Cristina Ruiz Sandoval (PRI), vía zoom, argumentó que es de vital importancia el correcto manejo de los recursos públicos. Preguntó cuáles fueron los rumbos en donde más observaciones hay en la Cuenta Pública 2021 y cuánto es el monto observado en el caso de Segalmex.

También por vía digital, el diputado del PRI, Hiram Hernández Zetina, se manifestó por conocer el monto que detectó la Auditoría Superior de la Federación respecto a la obra del Tren Maya, pues “ha llamado la atención y nos gustaría saber el monto observado hasta el momento”.

 ​Vía plataforma digital, Gilberto Hernández Villafuerte (PVEM) mencionó que siguen las observaciones sobre la gestión del gasto público y preguntó cuáles serían las principales áreas de oportunidad que se identifican en los resultados que contribuyan a tener finanzas sanas en todos los ámbitos.

También del PVEM, el diputado Roberto Antonio Rubio Montejo cuestionó en qué consiste el nuevo modelo de fiscalización, los resultados, observaciones y acciones emitidas a los municipios del país y a las alcandías.

Del PT, el diputado Jorge Armando Ortiz Rodríguez relató que en la Cuenta Pública 2021 se determinó recuperaciones por 64 mil 835 millones de pesos, pero llama la atención que es en estados y municipios donde se concentra el mayor volumen de recuperaciones por aclarar (52 mil 211 millones de pesos); por eso, es vital conocer las expectativas que tiene la ASF sobre la aclaración, solventación y recuperación.

Mario Alberto Rodríguez Carrillo, diputado de MC, externó su inquietud sobre las necesidades de la Auditoría para hacer una exploración mixta y tener mayor información sobre la profundidad del gasto, lo que daría mayor información del dinero que se destina a las entidades federativas.

 El diputado Marcelino Castañeda Navarrete (PRD) mencionó que las auditorías dan cuenta de una mala administración, malos manejos y muchas irregularidades en las megaobras del gobierno, como son la Refinería Dos Bocas, el Tren Maya o el Aeropuerto Felipe Ángeles, por lo que es necesario conocer el daño.

Intervención de funcionarios de la ASF

Claudia María Bazúa Witte, Auditora Especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, expresó que en la Cuenta Pública 2021, los rubros donde hubo mayores observaciones son: Segalmex, Diconsa y Liconsa. El caso de Segalmex es emblemático; “no debe haber dilación y no vamos a caer en ninguna prescripción”.

 Argumentó que sobre Segalmex y Diconsa, hubo una revisión de 20 mil 666 millones de pesos y se determinaron 6 mil 706 millones de pesos como monto observado. En cuanto a las obras insignia del actual gobierno, precisó que, en lo referente al Aeropuerto Felipe Ángeles, se revisó una muestra de 23 mil 957 millones de pesos, con observaciones por 37.6 millones de pesos.

 Respecto, a la Refinería Dos Bocas, se revisó una muestra de 62 mil 835 millones de pesos, con observaciones de 384.6 millones de pesos; Tren Maya, se revisó 18 mil 483 millones de pesos, donde se tuvieron observaciones por mil 399 millones de pesos. Además, el Insabi no tuvo ninguna observación de monto, sino en promociones de responsabilidad administrativas y recomendaciones.

Lamentó que no se haya podido implementar un servicio público de carrera en la Administración Pública. Pugnó por avanzar en el uso de herramientas informáticas que permitan agilizar los trabajos de fiscalización y destacó la implementación del Buzón Electrónico.

Recordó que las áreas de riesgo para los entes fiscalizados son en el manejo de los recursos públicos no solo en la contratación y adjudicación de bienes y servicios, sino en los pagos y concertaciones. “Esa es el área que se debe vigilar para que los recursos se aprovechen adecuadamente y se usen de forma eficiente, honrada y transparente”.

Jaime Bolaños Cacho Guzmán, titular de la Unidad de Normatividad y Enlace Legislativo de la ASF, mencionó que la normatividad vigente tiene mucho espacio de estudio y análisis en las propuestas de actualización legislativa y la dispersión normativa da diferencia

“Estos son los temas se deben discutir con las y los legisladores, porque aquí se genera la norma que aplica la Auditoría en el proceso de fiscalización superior; me parece que son temas que pocas veces se tiene la oportunidad de compartir; se necesita armonizar y homologar las disposiciones administrativas”, añadió.  

Indicó que, si de verdad se quiere un combate a la corrupción, se debe contar con marcos normativos eficientes y eficaces, que se puedan construir entre la ASF y la Cámara de Diputados.

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