CIUDAD DE MÉXICO – La senadora por Morena, Mariela Gutiérrez Escalante, admitió públicamente que, durante su administración como alcaldesa de Tecámac (2019-2024), se ordenó el sacrificio de aproximadamente 10,000 perros callejeros.
En una reciente conferencia de prensa, la legisladora defendió las acciones del Centro de Bienestar Animal municipal, asegurando que los sacrificios se realizaron “conforme a la ley” y bajo estrictos protocolos de salud pública.
Según Gutiérrez Escalante, la medida se aplicó a ejemplares que habían atacado a ciudadanos o que se encontraban en estado de salud terminal. Sin embargo, activistas y defensores de los derechos animales han calificado el acto como una “matanza sistemática” que priorizó la eliminación sobre la esterilización y el cuidado.
A pesar de los argumentos de la senadora sobre la legalidad de los actos, expertos legales y organizaciones civiles señalan que tanto ella como sus exfuncionarios del área de salud y bienestar animal podrían haber incurrido en diversas conductas delictivas y administrativas
En el Código Penal del Estado de México, el maltrato animal se castiga severamente. Si se demuestra que los sacrificios no cumplieron estrictamente con las normas de salud (como la NOM-033-SAG/ZOO-2014) o que se aplicaron de forma masiva como método de control poblacional —lo cual está prohibido—, se configurarían delitos ambientales y de maltrato.
Con penas que van de los 2 a los 6 años de prisión, además de multas económicas significativas.
Por su parte, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México establece que los servidores públicos deben actuar bajo principios de legalidad y ética. Ordenar una matanza masiva fuera de los supuestos de emergencia sanitaria extrema podría considerarse un abuso de facultades.
Lo que podría llevar a sanciones de Destitución o inhabilitación para ejercer cargos públicos por hasta 10 o 20 años, así como, multas resarcitorias.
Además, el sacrificio masivo de fauna urbana sin los dictámenes técnicos individuales que acrediten la peligrosidad o el sufrimiento incurable de cada animal puede ser interpretado como una alteración grave al ecosistema local y a las normas de protección de biodiversidad urbana.
Actualmente, Mariela Gutiérrez goza de fuero constitucional por su cargo en el Senado de la República. Para que pueda ser procesada penalmente, se requeriría un juicio de procedencia (desafuero) en la Cámara de Diputados, proceso que solo se activa si una fiscalía presenta pruebas sólidas de la comisión de un delito.
Por su parte, los exfuncionarios municipales involucrados no cuentan con dicha protección y podrían ser llamados a comparecer ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) de manera inmediata si se formalizan las denuncias correspondientes.
