GUADALAJARA, JALISCO – Una fuerte tensión política y administrativa ha estallado entre el Gobierno de Jalisco y el Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque. La Secretaría de Transporte (SETRAN) ha emitido un oficio formal en el que acusa a la administración de la alcaldesa Laura Imelda Pérez Segura de presuntos abusos de autoridad y cobros indebidos contra prestadores de servicio de transporte comunitario.
Según el documento ST/SP/26000444/2026, fechado en abril de este año, transportistas denunciaron ante el Estado ser víctimas de una red de extorsión. El “modus operandi” descrito señala que servidores públicos municipales exigen cuotas económicas bajo la amenaza de sanciones.
El punto más polémico de la denuncia es la imposición del uso de chalecos en color guinda, los cuales servirían como distintivo para identificar a los conductores que ya han cumplido con los pagos ilegales, una práctica que, según los afectados, también se ha reportado en municipios como Tequila.
El titular de SETRAN, Diego Monraz Villaseñor, fue enfático al señalar que el municipio no tiene facultades legales para intervenir en esta materia:
“Es competencia exclusiva de esta Secretaría de Transporte autorizar, regular y supervisar el servicio de transporte público en todo el Estado de Jalisco… el municipio no se encuentra facultado para sancionar ni regular el servicio”, dicta el oficio.
Por su parte, la alcaldesa Laura Imelda Pérez ha rechazado los señalamientos, calificándolos como ataques políticos. La munícipe sostiene que su gobierno no ha entregado uniformes ni está realizando cobros, y ha devuelto la presión al Ejecutivo Estatal, exigiendo que se culmine el proceso de regularización de mototaxis para dar certeza jurídica a los trabajadores y evitar lagunas que permitan la corrupción.
Este conflicto escala en un momento crítico para la movilidad del Área Metropolitana, dejando a los transportistas en medio de una disputa de competencias entre el ayuntamiento morenista y el gobierno estatal de Movimiento Ciudadano.
