Oaxaca bajo el yugo del mototaxismo: La urgencia de regular un sistema desbordado por el crimen y la ilegalidad
Oaxaca.- Lo que comenzó como una alternativa de transporte en las colonias periféricas se ha transformado en una emergencia de seguridad pública y movilidad en todo el estado.
La proliferación de mototaxis en Oaxaca ha alcanzado un punto de no retorno, donde el vacío legal, la violencia sindical y la infiltración delictiva han desplazado el derecho de la ciudadanía a un transporte seguro.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Movilidad (Semovi), en el estado circulan más de 15,000 unidades, pero la legalidad es la excepción y no la regla.
El caso más crítico es Juchitán de Zaragoza, considerada hoy la “meca del mototaxismo” a nivel global. Con una densidad de 60 unidades por cada 1,000 habitantes, supera las estadísticas de ciudades en la India.
En este municipio del Istmo, de los 5,532 mototaxis en operación, solo 1,685 cuentan con una concesión formal. Esto significa que casi el 70% de la flota es “pirata”, operando sin placas, sin seguros de viajero y bajo el amparo de organizaciones políticas y sindicales que desafían la autoridad estatal.
La demanda ciudadana por una regulación inmediata no es un tema de tránsito, sino de supervivencia. El anonimato de las unidades ha facilitado un catálogo de delitos y tragedias.
Las unidades se han convertido en blancos y herramientas del crimen organizado. Recientemente, ataques armados contra mototaxistas en Juchitán y la zona metropolitana han dejado un saldo de ejecuciones a plena luz del día, incluso con pasajeros a bordo.
Grupos como la CTM, CATEM y el Sindicato Libertad (CATEM Jóven) mantienen una disputa violenta por el control de rutas. Los enfrentamientos en zonas como Santa Cruz Xoxocotlán y Plaza Bella han derivado en balaceras, quema de unidades y el uso de conductores como “halcones” para la vigilancia delictiva.
Aunado a ello, se ha documentado que el servicio es prestado frecuentemente por menores de edad o personas sin licencia, lo que se traduce en atropellamientos constantes y falta de responsabilidad civil ante accidentes.
Ante el anuncio del Gobierno del Estado sobre el inicio de un proceso de regularización integral —que incluye censos obligatorios, identificadores digitales con códigos QR y geolocalización—, los liderazgos del sector han reaccionado de forma agresiva.
En lugar de sumarse al ordenamiento, diversos grupos han iniciado una campaña mediática de desprestigio contra la administración estatal, utilizando redes sociales y comunicados para denunciar una supuesta “persecución laboral”. Sin embargo, para los usuarios, esta resistencia no busca proteger el empleo, sino mantener la opacidad que permite el cobro de cuotas ilegales y la impunidad en sus operaciones.
La implementación del programa “Transporte Seguro” busca que cada conductor esté plenamente identificado en una base de datos vinculada a la Fiscalía General del Estado. Mientras la autoridad intenta recuperar el control de las calles, la ciudadanía permanece como rehén de un sistema que, hasta hoy, se siente intocable.
La regularización no solo es una deuda administrativa; es la única vía para frenar la violencia que viaja sobre tres ruedas.
Imagen de @nathanoax
