CIUDAD DE MÉXICO.– El senador mexicano Enrique Inzunza Cázarez desmintió de forma categórica las versiones que aseguran que ha entablado comunicación con el gobierno de los Estados Unidos o que planea entregarse en San Diego para actuar como testigo cooperante.
A través de un pronunciamiento emitido en sus redes sociales, el legislador por Sinaloa calificó como falsas las acusaciones de agencias estadounidenses que lo vinculan con redes del narcotráfico.
Permanencia en Sinaloa y defensa propia
Inzunza Cázarez aclaró que se encuentra en su estado natal junto a su familia, desactivando los rumores sobre su presunta salida del país. Asimismo, el senador descartó la contratación de asesores legales en el extranjero.
El senador afirmó de manera tajante que no ha establecido comunicación con ninguna agencia de los Estados Unidos, ni ha contratado abogados, añadiendo que es abogado de sí mismo y le basta su probidad.
El congresista enfatizó su total disposición para atender cualquier requerimiento formal, siempre y cuando este provenga de las instituciones de procuración de justicia mexicanas y se apegue al marco constitucional del país.
Ausencia estratégica en la Comisión Permanente
Al ser cuestionado sobre su inasistencia presencial a las sesiones de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, Inzunza explicó que se trata de una decisión deliberada. El senador argumentó que busca evitar que la oposición utilice el recinto legislativo para montar un “espectáculo mediático” en su contra.
Ola de señalamientos y congelamiento de cuentas
La postura de Inzunza se da en un contexto de alta presión política y judicial. A finales de abril, el Departamento de Justicia de EE. UU. formalizó señalamientos contra varios funcionarios de Sinaloa —incluido el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya— por presuntos nexos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa.
La situación escaló tras la entrega voluntaria de los exfuncionarios estatales Gerardo Mérida y Enrique Díaz a la justicia estadounidense. En paralelo, el sistema bancario mexicano procedió al congelamiento preventivo de las cuentas de los servidores públicos investigados.
