HERMOSILLO, Son. — La cadena de conflictos derivados de la reforma al Poder Judicial sumó un nuevo capítulo de tensión institucional. La jueza oral penal Blanca Diva Ponce Caro se vio obligada a dimitir a su cargo tras juramentar públicamente como operadora política del partido oficialista Morena en el municipio de Cajeme.
A diferencia de los choques previos por suspensiones de amparo o la renuncia en bloque de ministros, este episodio encendió las alarmas de barras de abogados y de la oposición por exhibir, de forma abierta, la vulnerabilidad de la imparcialidad en los nuevos perfiles judiciales. La crisis forzó su salida fulminante del aparato de justicia y su posterior expulsión del partido en menos de 48 horas.
El Hecho: Captura Partidista en el Pódium
El conflicto estalló durante una asamblea masiva de la dirigencia estatal de Morena en Ciudad Obregón. Ponce Caro —quien obtuvo su constancia como jueza del Segundo Circuito tras los comicios judiciales de junio de 2025— subió al estrado para rendir protesta formal como Secretaria Ejecutiva de la sección electoral 899.
El acto, documentado en video y difundido ampliamente en redes sociales, evidenció una abierta violación al artículo 101 de la Constitución Federal, el cual prohíbe taxativamente a los integrantes del Poder Judicial ocupar cargos de dirección partidista o realizar proselitismo político.
La Respuesta Institucional y el Control de Daños
Ante la presión mediática y el riesgo de una impugnación mayor sobre las sentencias del circuito penal de Cajeme, el control de daños se ejecutó de forma inmediata desde dos frentes:
- Dimisión Judicial: Ponce Caro presentó su renuncia irrevocable ante el Consejo de la Judicatura del Estado de Sonora, dejando vacante la plaza penal que había asumido con una plataforma de “mano dura” contra el crimen.
- Purga Orgánica: La dirigencia de Morena en Sonora, encabezada por su comité estatal, se deslindó formalmente del nombramiento argumentando “desconocimiento” de la situación contractual de la abogada. El partido la separó del encargo partidista e inició el procedimiento ante la Comisión de Honestidad y Justicia para revocar su militancia. El puesto seccional fue asignado de inmediato a Georgina López Zepeda.
La Implicación Política
Para los analistas jurídicos, el caso de Ponce Caro no es un hecho aislado en el turbulento proceso de transición, sino el primer ejemplo concreto del riesgo de politización territorial que la oposición advirtió durante el diseño de la reforma. Aunque el sistema contuvo la falta mediante la renuncia de la implicada, el episodio reactiva el debate sobre la efectividad de los filtros de elegibilidad y los mecanismos de vigilancia para garantizar que los nuevos jueces electos mantengan una sana distancia de las estructuras partidistas que impulsaron sus candidaturas.
