CIUDAD DE MÉXICO. El escenario político nacional experimentó un drástico giro institucional este sábado, luego de que la Fiscalía General de la República formalizara citatorios ministeriales dirigidos al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a la mandataria de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván.
Ambas determinaciones, suscritas bajo la gestión de la fiscal general Ernestina Godoy, abren frentes de alta tensión judicial que involucran acusaciones de agencias de inteligencia y cortes federales de los Estados Unidos.
El emplazamiento judicial contra el sinaloense Rocha Moya responde directamente al expediente abierto en una corte de Nueva York por el Departamento de Justicia estadounidense.
La fiscalía federal lo ha convocado formalmente en calidad de investigado para desahogar una entrevista ministerial, un procedimiento que también alcanza a nueve excolaboradores de su administración presuntamente vinculados a redes de protección del narcotráfico.
Actualmente, Rocha Moya se encuentra bajo custodia de fuerzas federales a petición propia, en un entorno marcado por el reciente congelamiento de sus activos financieros por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera.
Por otra parte, la gobernadora chihuahuense Maru Campos Galván fue citada a testificar el próximo miércoles 27 de mayo en el marco de la carpeta de investigación conocida formalmente como el caso CIAgate.
Las indagatorias de la FGR buscan esclarecer la cadena de mando y las autorizaciones locales que permitieron una incursión operativa de la Agencia Central de Inteligencia en la Sierra del Pinal a mediados de abril.
El citatorio de la federación incluye también a su exfiscal general, César Jáuregui, ensanchando el espectro de responsabilidades administrativas en la entidad fronteriza.
La reacción desde el Palacio de Gobierno de Chihuahua fue inmediata tras notificarse el documento de manera personal a la mandataria. Campos Galván confirmó su asistencia a la sede ministerial argumentando un estricto respeto a la legalidad, aunque politizó el fondo del requerimiento al denunciar públicamente un supuesto sesgo institucional y cuestionar de manera directa si la autoridad judicial aplicaría los mismos criterios de rigurosidad frente al caso del mandatario sinaloense.
