El Congreso de México acaba de aprobar una reforma que cambia por completo las reglas del juego en la justicia de nuestro país, permitiendo que los actuales magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) puedan reelegirse.
Con esta modificación a la Constitución, los mismos jueces que hoy controlan el tribunal tendrán el derecho de competir en las urnas durante la gran elección judicial programada para junio de 2028.
Aunque desde el Gobierno se defiende como un intento de igualar los derechos de todos los jueces, la realidad es que esta decisión rompe con una regla de oro de nuestra democracia: que las personas encargadas de calificar las elecciones tengan un tiempo fijo y limitado en su cargo para garantizar su neutralidad.
Para entender la gravedad de la medida, hay que mirar los números y los nombres. Magistrados como Mónica Soto, Felipe de la Mata, Felipe Fuentes y Reyes Rodríguez Mondragón llegaron a sus puestos en 2016.
Originalmente debían estar ahí por un periodo corto, pero diversas reformas políticas han ido alargando sus plazos. Ahora, con la nueva regla que elimina la prohibición de reelegirse, si estos magistrados ganan la votación popular en 2028, podrían quedarse en sus sillas hasta acumular 17 o 18 años consecutivos en el poder.
Esto transforma por completo al Tribunal Electoral, que pasará de ser un órgano que se renueva de forma escalonada para evitar vicios, a convertirse en un espacio donde unos cuantos funcionarios pueden perpetuarse por casi dos décadas.
El verdadero peligro de esta reforma es el conflicto de interés que genera en el corazón de nuestra democracia. La magistrada en retiro Janine M. Otálora Malassis ha advertido con firmeza que, bajo este nuevo esquema, los magistrados se convertirán en juez y parte.
Pensemos en esto de forma sencilla. El Tribunal Electoral es el árbitro final de todas las votaciones en México; es quien decide quién gana y quién pierde cuando hay trampas o quejas. Si los propios magistrados están metidos en una campaña política buscando que la gente vote por ellos para reelegirse en 2028, perderán toda la imparcialidad necesaria para castigar las faltas de los partidos políticos de los que inevitablemente van a necesitar apoyo para promocionarse.
Esta contradicción es tan evidente que provocó un fuerte choque incluso dentro del partido gobernante, Morena. Diputados de la propia base oficialista decidieron abstenerse o criticar abiertamente la propuesta por considerar que viola el principio histórico mexicano de “Sufragio efectivo, no reelección”.
Mientras tanto, los partidos de oposición acusaron que se trató de un madruguete legislativo para asegurar que el actual Gobierno mantenga un control cómodo sobre el órgano que decide el futuro de la presidencia, las gubernaturas y los congresos del país.
Al final, la consecuencia directa para los ciudadanos es la pérdida de confianza. Cuando un árbitro de fútbol empieza a jugar a favor de un equipo para que lo dejen seguir pitando el próximo torneo, el partido deja de ser justo. Lo mismo ocurre con la justicia electoral.
Al obligar a los magistrados a buscar el aplauso público y la reelección, la reforma arriesga la transparencia de las leyes para someterla al cálculo político. Mañana, cuando haya una elección cerrada o fraudulenta, la sociedad difícilmente creerá en la palabra de un Tribunal Electoral cuyos integrantes están más preocupados por cuidar sus puestos que por defender la democracia.
Prospectiva hacia 2028
Con la declaratoria de validez constitucional en marcha, el diseño institucional del TEPJF entra en un terreno inexplorado. El reto para el tribunal no solo será logístico, sino de percepción pública. La Sala Superior deberá blindar sus procesos internos para demostrar que la evaluación de las quejas electorales se mantiene ajena a los intereses político-electorales de sus propios integrantes. El éxito o el fracaso de este diseño normativo definirá la confianza ciudadana en la calificación de las elecciones federales de la próxima década.
