OAXACA. — Trabajos de investigación periodística encabezados por la periodista Paola Flores y el analista de contenido político Ángel Petrikowski (“Dime Petri”), han sacado a la luz un presunto conflicto de intereses y posibles actos de corrupción que apuntan hacia el primer círculo del gabinete estatal.
Las indagatorias de los comunicadores involucran de manera directa a Iñigo Arturo Aragón García, actual Subsecretario de Fomento Económico y Atracción a la Inversión de la Secretaría de Desarrollo Económico (SEDECO), quien figura simultáneamente como el beneficiario económico detrás del macroprograma de embellecimiento urbano del gobierno del estado.
La controversia, documentada en los reportes periodísticos, gira en torno al programa institucional “Sicarú Lula’” (Linda Oaxaca), una estrategia metropolitana impulsada por la administración del gobernador Salomón Jara Cruz con una inversión superior a los 2 mil 800 millones de pesos. Entre las líneas prioritarias del programa se encuentra el mejoramiento visual de la periferia urbana, lo cual incluye el remozamiento masivo y la pinta de más de mil fachadas y accesos públicos de la Zona Metropolitana de Oaxaca.
El cruce de datos e información comercial realizado por los comunicadores reveló que la proveeduría de los miles de litros de pintura vinílica indispensables para ejecutar estos llamados “Mega Tequios” institucionales se otorgó a Pinturas Prolux. Esta firma tiene su única fábrica en el municipio de San Antonio de la Cal y está vinculada directamente al propio subsecretario de la SEDECO, Iñigo Aragón, quien funge como su director general.
De acuerdo con las revelaciones de Paola Flores y Ángel Petrikowski, el esquema detectado en Sicarú Lula’ no constituye un hecho aislado o una adjudicación extraordinaria. Los cominicadores enfatizan que, durante años, Aragón García ya venía operando de manera sistemática como proveedor de insumos del gobierno del estado, manteniendo en plena vigencia su cargo público.
Esta duplicidad de funciones, expuesta a través de los medios locales, le habría permitido al funcionario asegurar recurrentemente contratos comerciales para el suministro de materiales con diversas dependencias del Ejecutivo estatal. De esta manera, su empresa lograba facturar directo al erario oaxaqueño desde su posición de poder, evadiendo las restricciones normativas que prohíben a los servidores públicos comercializar bienes o servicios con el gobierno al que pertenecen.
El análisis de los periodistas expone una situación que confronta de manera directa las normas de transparencia. Mientras que por un lado el subsecretario Aragón García participa activamente en la coordinación, planeación y difusión de los avances del programa metropolitano, por el otro, su firma comercial privada absorbe el beneficio económico derivado del suministro de los materiales pagados con fondos de los contribuyentes.
Esta conducta violenta los artículos vigentes de la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Esta ley prohíbe explícitamente que los servidores públicos intervengan en asuntos donde tengan un interés personal o de negocios. De igual manera, les impide utilizar su cargo para favorecer la contratación de sus propias empresas familiares.
Ante la gravedad de los hallazgos documentados por Flores y Petrikowski, el gobierno estatal guarda silencio. Ni la Secretaría de la Honestidad ni el área de comunicación social han emitido una postura formal sobre el caso, manteniendo bajo reserva si se iniciará una auditoría de contratos o la separación inmediata del cargo de Aragón García.
