CIUDAD DE MÉXICO.- La ministra María Estela Ríos González presentó un proyecto de sentencia que propone determinar que las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos carecen de carácter obligatorio o vinculante para el Estado mexicano, específicamente en casos de desplazamiento forzado interno.
La propuesta ha encendido las alarmas entre constitucionalistas y organizaciones civiles, quienes advierten un retroceso en la protección de los derechos fundamentales y un debilitamiento del principio de convencionalidad.
El caso llegó a la Suprema Corte a raíz de un juicio de amparo promovido por familias desplazadas por la violencia. Las víctimas argumentan que el Congreso de la Unión ha incurrido en una omisión legislativa al no crear una ley federal especializada que atienda su situación. De esta forma, acusan al Estado de ignorar de manera sistemática los informes y alertas que el organismo interamericano ha emitido sobre México en años recientes.
Para dar respuesta a esta demanda, la propuesta de la ministra Ríos González se sostiene sobre un criterio estrictamente formalista del derecho nacional. El proyecto argumenta que los informes y recomendaciones de la comisión no son tratados internacionales ratificados por el Senado ni constituyen jurisprudencia obligatoria para los jueces del país.
Al carecer de fuerza coercitiva, el documento establece que las resoluciones del organismo interamericano deben considerarse meras guías orientadoras o sugerencias de carácter político y moral, pero nunca mandatos jurídicos con dientes. La ministra sostiene que un organismo externo no puede obligar legalmente al Poder Legislativo federal a legislar sobre una materia específica, defendiendo así la autonomía de las cámaras locales.
De aprobarse este proyecto por el Pleno de la Suprema Corte, las repercusiones institucionales serían inmediatas para el sistema político. En primer lugar, el Congreso de la Unión quedará liberado de la presión jurídica internacional para legislar en materia de desplazamiento forzado, dejando el tema a expensas de la voluntad política del momento.
Asimismo, se generaría un efecto dominó que abriría la puerta para que el gobierno mexicano desestime recomendaciones internacionales en otras crisis críticas, como las desapariciones forzadas, la crisis forense o la tortura, bajo el argumento de que no son obligatorias.
Esto representaría un costo diplomático considerable, ya que México rompería con una larga tradición institucional de apertura al escrutinio internacional, debilitando su liderazgo en foros extranjeros de derechos humanos.
El proyecto de la ministra coloca a los integrantes de la Corte ante una disyuntiva histórica: priorizar el formalismo soberanista de las leyes nacionales o ratificar el peso de los compromisos internacionales frente a las víctimas de la violencia en el país.
La postura de una ministra afín a la 4T
La autoría del proyecto cobra especial relevancia en el tablero político actual debido al perfil de la ministra Ríos González, plenamente identificada como una aliada orgánica del proyecto de la Cuarta Transformación.
Antes de integrarse al máximo tribunal, se desempeñó como consejera jurídica de la Presidencia de la República durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por ello, analistas de la agenda gubernamental interpretan esta propuesta como un reflejo de la visión del oficialismo, la cual prioriza la soberanía nacional y la autodeterminación de los poderes de la Unión por encima de las presiones e intervenciones de organismos internacionales.
