CIUDAD DE MÉXICO. — En una de las operaciones más contundentes contra la delincuencia fiscal en lo que va del año, la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), desmanteló una sofisticada organización criminal conocida como “El Caballito”. La red delictiva operaba un esquema masivo de evasión fiscal, falsificación de comprobantes y lavado de dinero que provocó un quebranto al erario federal estimado en más de 12,000 millones de pesos.
El megaoperativo interinstitucional requirió el despliegue de 440 elementos de la Policía Federal Ministerial y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Las fuerzas federales ejecutaron de forma simultánea 30 órdenes de cateo en inmuebles ubicados en los estados de Jalisco, Guanajuato, Colima, Durango, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila. Como resultado, se aseguraron 11 residencias, 16 vehículos (incluidas dos motocicletas de gama alta) y fuertes sumas de dinero en efectivo de distintas divisas.
El ‘Modus Operandi’: Ingeniería Financiera e Impunidad Corporativa
De acuerdo con las carpetas de investigación federales, la organización utilizaba despachos de personas físicas e intermediarios financieros para diseñar trajes a la medida de empresas formales que buscaban reducir artificialmente su carga fiscal.
El modelo de operación política y financiera de “El Caballito” se estructuraba bajo los siguientes ejes:
- Empresas Fachada: Constitución de al menos 15 empresas fantasma y asociaciones civiles con presencia legal en estados estratégicos como Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo.
- Simulación Documental: Emisión sistemática de comprobantes fiscales por operaciones inexistentes (facturas apócrifas) para deducir impuestos de forma ilícita.
- Retorno de Capital: Un circuito de blanqueo que reintegraba el dinero a las cuentas de los empresarios beneficiados, ocultando el origen del recurso mediante triangulaciones bancarias.
Implicaciones Judiciales y Vinculación a Proceso
Un Juez de Control Federal con sede en Almoloya de Juárez dictó auto de vinculación a proceso contra ocho presuntos integrantes clave de la organización por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Entre los detenidos destacan Michael “N” y Salvador “N”, señalados por la FGR como los principales líderes y arquitectos financieros de la red criminal. Los otros imputados fueron identificados como Laura Belén “N”, Luis “N”, Manuel “N”, Elda “N”, Monserrat “N” y Lilia “N”. Debido a la gravedad de los delitos y el riesgo de sustracción de la justicia, el juzgador impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, otorgando además un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria.
Este golpe financiero representa un hito en la estrategia de fiscalización y combate a los llamados “factureros”, un delito que el Gobierno Federal ha catalogado como una amenaza directa a la seguridad nacional y a la estabilidad de las finanzas públicas. Las autoridades mantienen abierta la investigación para identificar a las corporaciones y empresarios que contrataron los servicios de “El Caballito” para evadir al fisco.
