Investiga Gobernación financiamiento de colectivos; madres buscadoras reviran ante el Mundial: “Nos faltan más de 133 mil”
CIUDAD DE MÉXICO — El arranque de la Copa Mundial de Fútbol 2026 en la capital del país se vio marcado por una profunda confrontación entre el Gobierno federal y colectivos de víctimas. La Secretaría de Gobernación (Segob) anunció que revisa formalmente quién financió el traslado en autobuses de decenas de familias de personas desaparecidas, provenientes principalmente de Jalisco, que protestaron en las inmediaciones del Estadio Ciudad de México durante la jornada inaugural.
La titular de la Segob, Rosa Icela Rodríguez, argumentó que se indaga el origen de los recursos para determinar si existen “intereses ajenos” o motivaciones partidistas detrás de la movilización. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró en su conferencia matutina que, si bien la movilización contó con presencia institucional de atención a víctimas, es relevante señalar la procedencia coordinada de los manifestantes en camiones.
Cifras de una crisis bajo la lupa internacional
La respuesta oficial desató la indignación de activistas y defensores de derechos humanos, quienes criticaron que el foco gubernamental se centre en la logística de los traslados y no en la crisis humanitaria que atraviesa el país. De acuerdo con reportes de organizaciones civiles y el cruce de datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), el panorama actual expone la gravedad del problema:
- Crisis acumulada: México registra más de 133,000 personas desaparecidas y no localizadas.
- Reorganización de datos: De los más de 130,000 casos contabilizados formalmente bajo la nueva metodología federal, aproximadamente el 33% no presenta ningún tipo de actividad institucional o movimiento de datos reciente, mientras que un 36% mantiene fichas con datos catalogados como “insuficientes” para la búsqueda efectiva.
- Rezago penal: Existe una brecha crítica entre las denuncias y la justicia, estimándose que hay apenas 3,869 carpetas de investigación abiertas a nivel federal frente al universo total de víctimas.
