- “Escribió su testimonio sabiendo que lo ejecutarían, porque entendía que el silencio, no la muerte, era la derrota definitiva del periodismo”
El 8 de septiembre se conmemora en el mundo el Día Internacional del Periodista, en memoria de Julius Fučík, el escritor y periodista checoslovaco que los nazis ejecutaron en esa fecha de 1943. Ochenta y tres años después, mientras el mundo homenajea a quien pagó con la vida el precio de informar, el gobierno de Oaxaca eligió esa misma fecha para volver a ofrecer gestos donde el gremio pide hechos.
Ese día, en Palacio de Gobierno, se instaló otra Mesa de Trabajo con Periodistas y Personas Comunicadoras de Oaxaca, con la mesa completa del poder público estatal en el presidium: el gobernador Salomón Jara Cruz; el secretario de Gobierno, Jesús Romero López; la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Erika María Rodríguez Rodríguez; el vicefiscal Alejandro Ramírez Hernández, en representación del fiscal general José Bernardo Rodríguez Alamilla; las diputadas Eva Diego Cruz y Tania Caballero Navarro; la coordinadora de Derechos Humanos, Flor Estela Morales Hernández; el coordinador de Comunicación Social, Daniel Hernández Juárez; el secretario de Seguridad, almirante Félix Quiroz Javier, y el consejero jurídico, Geovanny Vásquez Sagrero. Los tres poderes del estado, reunidos frente al gremio al que, en los hechos, siguen sin garantizarle nada.
Sobre el caso que debería pesar más que una reunión, el asesinato del periodista y columnista Francisco Alejandro Leyva Aguilar, ocurrido en julio pasado, no hubo una sola novedad que informar. Sin detenidos. Sin justicia. Sin siquiera una fecha para otra reunión con la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión que se prometió. La mesa se instaló con la solemnidad de siempre y con el mismo vacío de siempre en lo único que de verdad importa.
Fue en ese contexto que, como integrante de la Comisión de Periodistas y en mi carácter de Secretario General del Sindicato Nacional de Medios de Comunicación (SINMCO), insistí en lo que ya debería sobrar tener que repetir: transparencia, unidad y consenso. Insistí, otra vez, en que se conforme el Comité Estatal de Atención y Protección Integral a Periodistas y Medios de Comunicación de Oaxaca, una figura que se presentó con diagnóstico técnico y propuesta ejecutiva desde hace meses, y que el Ejecutivo estatal sigue sin decretar. No es un asunto pendiente por falta de propuesta. Es un asunto pendiente por falta de voluntad.
Y la respuesta del gobierno a esa insistencia fue, otra vez, la más pequeña posible: el gobernador bautizó a la futura norma como “Ley para la protección del ejercicio periodístico”, un nombre sin contenido todavía; el secretario de Gobierno designó a una sola persona como enlace para atender temas de riesgo, como si el riesgo de morir por ejercer el periodismo en Oaxaca pudiera resolverse con un número de teléfono y un funcionario de guardia. Ni un enlace ni un nombre sustituyen a un Comité con facultades y protocolo de reacción inmediata. Ofrecer lo mínimo cuando se exige lo estructural no es un paso adelante: es una forma más de aplazar.
Al cierre de la reunión, el gobernador se comprometió, de palabra, sin que quedara una sola línea asentada en minuta, a que el Ejecutivo y el legislativo aceptarán todas las propuestas de ley que presente el gremio. Vale la pena decirlo sin eufemismos: un compromiso verbal, sin registro, de un gobierno que ya canceló sin explicación la mesa de seguimiento programada para el 7 de agosto, no es un compromiso. Es una promesa que se hace para cerrar la reunión del día, no para cumplirse la semana siguiente. Ya lo vivimos antes y no hay razón para creer que esta vez sea distinto si no queda algo firmado.
Por eso hay que decirlo “al chile”, para que quede escrito en algún lugar ya que no quedó escrito en esa mesa: no habrá ninguna ley sin la participación y el acuerdo de las y los periodistas oaxaqueños. Ningún poder del Estado, ni el Ejecutivo, ni el Legislativo, ni el Judicial tiene legitimidad para trabajar o votar una sola línea de una ley de interés para el ejercicio periodístico mientras no exista consenso real en las ocho regiones de Oaxaca, no solo en la mesa de la capital o un parlamento abierto donde se tomen fotografías los estudiosos.
Conviene no perder de vista la magnitud del riesgo del que estamos hablando, porque el gobierno insiste en tratarlo como un tema de agenda y no como una emergencia. En lo que va de 2026, México acumula al menos siete periodistas asesinados, entre ellos Leyva Aguilar en Oaxaca, de acuerdo con los conteos que llevan Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19. Desde el inicio del actual gobierno federal, en octubre de 2024, la cuenta de periodistas asesinados asciende ya a nueve, todos hombres. Y entre las entidades que históricamente concentran más homicidios contra comunicadores, Oaxaca figura junto con Veracruz, Guerrero, Chihuahua y Tamaulipas: no es una anomalía, es un patrón que las autoridades estatales conocen de sobra y que, año tras año, siguen sin desmontar.
La comparación internacional debería avergonzar a cualquier gobierno que la conozca: según datos de la organización Press Emblem Campaign, en el primer semestre de 2026 se documentaron al menos 41 periodistas y trabajadores de medios asesinados en el mundo, y América Latina ocupó el segundo lugar global con una docena de casos, cifra impulsada principalmente por la violencia registrada en México. Un país sin guerra declarada compite en letalidad contra la prensa con zonas de conflicto armado activo, y Oaxaca no es la excepción de esa estadística: es una de sus piezas.
Oaxaca no tiene que inventar nada. Tiene que dejar de administrar el silencio con reuniones protocolarias y empezar a instrumentar, con decisión política, lo que ya está escrito, empezando por el Comité Formal que se exige y que el gobierno, mesa tras mesa, sigue sin aceptar.
El homenaje a Julius Fučík, sin pasar por alto a Alejandro Leyva, no puede quedarse en la efeméride como marco de una reunión. Fučík escribió su testimonio sabiendo que lo ejecutarían, porque entendía que el silencio, no la muerte, era la derrota definitiva del periodismo. En Oaxaca, ocho décadas después, no se le exige a nadie ese heroísmo: se le exige al Estado lo mínimo que le debe a quien ejerce la libertad de expresión, y ese mínimo no es una promesa de palabra sin minuta, sino un Comité instalado, un decreto firmado y una ley construida con el gremio y no a sus espaldas.
Por eso lo repito, y lo seguiré repitiendo en cada mesa, en cada reunión, en cada texto, hasta que deje de ser necesario repetirlo: no pasará ninguna ley de protección al ejercicio del periodismo en Oaxaca sin el consenso de todas y todos. Ni una coma.
CON EL BRAZO IZQUIERDO / Froylán Méndez Ferrer
Afiliado al SINMCO
