CIUDAD DE MÉXICO – En una decisión que delimita las fronteras de la libertad de expresión en el debate político, la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) prohibió el uso del calificativo “narcopartido” para referirse a Morena. Esta medida cautelar obliga a la oposición a retirar decenas de publicaciones digitales de forma inmediata.
Sin embargo, el fallo coincide con un período de alta presión internacional y nacional, derivado de investigaciones periodísticas y expedientes judiciales que vinculan directamente a figuras del partido oficialista con cárteles de la droga.
La resolución más reciente de la autoridad electoral, emitida el 17 de junio de 2026, ordenó al Partido Acción Nacional (PAN) y a su dirigente nacional, Jorge Romero, eliminar un total de 42 publicaciones de sus plataformas digitales.
El órgano electoral determinó que expresiones como “narcopartido”, “narcoestado” o “narcopacto” constituyen una imputación de delitos graves sin base judicial firme en territorio nacional, lo que legalmente califica como propaganda calumniosa. Este criterio no es nuevo, ya que durante el proceso presidencial de 2024 el INE ordenó editar las transmisiones del tercer debate para suprimir el mismo adjetivo empleado por la entonces candidata opositora Xóchitl Gálvez, bajo el argumento de salvaguardar la equidad y evitar descalificaciones sin sentencias locales previas.
A pesar del blindaje regulatorio que el INE otorga a Morena en el discurso público doméstico, las acusaciones de vínculos entre la llamada “Cuarta Transformación” y el crimen organizado han escalado a las cortes. A finales de junio de 2026, reportes de medios internacionales como The New York Times revelaron que más de una decena de funcionarios y miembros de Morena iniciaron negociaciones confidenciales con la DEA para operar como testigos colaboradores a cambio de beneficios procesales.
Este escenario se enmarca en la acusación formal del Departamento de Justicia de Estados Unidos ante la corte del Distrito Sur de Nueva York, donde se involucra al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al senador Enrique Inzunza Cázarez, por presunta colusión con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa. Dicha indagatoria provocó la entrega voluntaria a la justicia norteamericana de exfuncionarios locales sinaloenses, como el exsecretario de Seguridad, Gerardo Mérida Sánchez, y el exsecretario de Finanzas, Enrique Díaz Vega, procesados por operar redes financieras para la organización criminal.
En el ámbito nacional, las controversias sobre la cercanía del partido oficialista con el narcotráfico incluyen gestiones, reuniones y capturas de alto impacto que contradicen la postura gubernamental de que los señalamientos carecen de sustento.
Durante el sexenio anterior, el expresidente Andrés Manuel López Obrador protagonizó diversos eventos públicos polémicos, como el saludo de mano a la madre de Joaquín “El Chapo” Guzmán en Badiraguato durante marzo de 2020. Asimismo, el propio mandatario confirmó haber intervenido ante la Cancillería mexicana y el gobierno estadounidense para gestionar visas humanitarias para las hermanas y la madre del capo, sumado a la admisión pública de haber ordenado la liberación de Ovidio Guzmán en octubre de 2019 tras el fallido operativo militar en Culiacán. En sus conferencias matutinas, el expresidente incluso ofreció disculpas públicas por referirse al narcotraficante por su apodo, señalando que prefería llamarlo formalmente por su nombre, Joaquín Guzmán Loera.
Las sospechas de financiamiento ilícito a las estructuras de Morena también han sido documentadas ampliamente a través de figuras clave como Sergio Carmona, conocido como el “Rey del Huachicol”. Este empresario tamaulipeco, asesinado en 2021, fue señalado en investigaciones periodísticas por inyectar recursos económicos masivos a campañas electorales del partido en el norte del país, incluyendo la de Américo Villarreal en Tamaulipas y diversas operaciones en Sinaloa, vinculándosele en reuniones previas con el entonces dirigente de Morena, Mario Delgado.
Paralelamente, reportes de agencias como ProPublica e InSight Crime revelaron expedientes de inteligencia de la DEA basados en testimonios de operadores protegidos, como Édgar Valdez Villarreal, alias “La Barbie”, quienes afirmaron haber aportado millones de dólares del narcotraficante a la primera campaña presidencial de López Obrador en 2006.
Finalmente, la colusión ha alcanzado detenciones formales de funcionarios de primer nivel en distintas regiones del país. En septiembre de 2025 se ejecutó la captura de Hernán Bermúdez Requena, exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la gestión del morenista Adán Augusto López, cuyos supuestos vínculos con líderes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ya habían sido expuestos en los informes de inteligencia militar filtrados en el caso Guacamaya Leaks.
De igual forma, en julio de 2023 quedó en evidencia el diálogo directo entre gobernantes y delincuentes cuando la entonces alcaldesa morenista de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, fue captada en video durante una reunión en un restaurante con Celso Ortega Jiménez, líder del grupo criminal “Los Ardillos”, un hecho que derivó en su expulsión del partido y demostró la existencia de pactos locales.
La postura del INE permanece firme: mientras no existan sentencias condenatorias dictadas por un juez en México, los partidos políticos no pueden usar los tiempos del Estado para fijar el adjetivo de “organización criminal” de manera generalizada. Por su parte, la oposición acusa un intento de blindaje institucional frente a realidades complejas que ya se litigan en cortes nacionales y extranjeras, dejando la discusión electoral en un terreno donde la verdad jurídica de los presuntos nexos avanza de manera independiente a la narrativa permitida en los spots y las redes sociales del país.
