TABASCO — En un flagrante atropello al derecho de propiedad, Petróleos Mexicanos (Pemex) despojó de sus tierras al campesino Roberto Santos Prados, dividió su patrimonio y ahora utiliza el aparato judicial para perseguirlo penalmente. El afectado se ha visto obligado a ocultarse en la clandestinidad ante una inminente orden de aprehensión, una medida represiva de la paraestatal para evadir el pago de las indemnizaciones que por ley le corresponden.
La empresa del Estado respondió con todo su peso legal contra el legítimo propietario, acusándolo del delito de “oposición a actividades de utilidad pública” tras haber bloqueado el acceso al pozo petrolero Bricol 41, ubicado dentro de su propio rancho.
El conflicto exhibe el modus operandi de la petrolera en la región, la cual ingresó al terreno, destruyó la infraestructura del productor y partió la propiedad en dos para habilitar sus caminos operativos. A pesar de que Santos Prados cuenta con escrituras y prediales pagados al corriente, Pemex mantiene una ocupación de hecho sin haber firmado ningún contrato de ocupación superficial ni haber liquidado los daños ambientales y materiales.
A la par del acoso judicial de la empresa, el campesino denunció públicamente haber recibido amenazas de muerte por parte de supuestos líderes de sindicatos que operan en la zona petrolera. El afectado señaló que estas agrupaciones funcionan como brazos de choque que respaldan a Pemex en este tipo de acciones coercitivas para amedrentar a los dueños legítimos.
“Yo soy legítimo propietario… no estoy en contra de Pemex. Lo único que exijo es que si me causaron un daño, si dividieron en dos mi terreno, que me paguen lo que es justo”, sentenció el afectado desde un sitio no identificado por temor a ser detenido o agredido.
El productor arremetió contra la incongruencia del gobierno federal y de la propia empresa estatal. Santos Prados denunció directamente que, hace años, Andrés Manuel López Obrador bloqueaba pozos petroleros en Tabasco por motivos estrictamente políticos y jamás fue perseguido, encarcelado, ni cercado con el grueso expediente penal con el que ahora se castiga a un ciudadano que solo defiende el patrimonio de su familia.
La denuncia pública apunta también a la simulación institucional de los altos mandos de la paraestatal. El afectado acusó al funcionario Raúl Ojeda de haber prometido una mesa de negociación pacífica para revisar los avalúos de las tierras afectadas. Sin embargo, en lugar de una propuesta de pago, Ojeda utilizó el acercamiento para promover y agilizar la demanda penal en contra del campesino, razón por la cual el afectado exigió su renuncia inmediata por traición y abuso de funciones.
Mientras la producción petrolera continúa generando millones en el pozo Bricol 41, el legítimo dueño de la tierra enfrenta el despojo de sus bienes, el acoso de mafias sindicales y la pérdida de su libertad a manos del propio Estado.
