Por: Redacción .
Lo que debió ser un operativo de rescate y preservación animal bajo los más altos estándares internacionales terminó, una vez más, en una ejecución sumaria institucional. El tigre de Bengala blanco, bautizado como “Kenzo”, quien había escapado hace cinco días de un predio privado, murió hoy a manos de las autoridades mexicanas tras un operativo plagado de fallas técnicas, falta de pericia y una flagrante violación a los protocolos de manejo de fauna silvestre.
La versión oficial de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), encabezada por su titular, Mariana Boy Tamborrell, intentó maquillar el fracaso argumentando una “contención letal” debido a un presunto intento de ataque por parte del felino hacia los uniformados. Sin embargo, la indignación social y las voces de la comunidad científica no tardaron en derribar la narrativa gubernamental: a Kenzo lo mató la ignorancia, la falta de equipo adecuado y el nulo interés por la vida animal.
La soberbia burocrática: expertos ignorados
El aspecto más alarmante de esta tragedia es que pudo evitarse. Desde el primer momento en que se reportó el avistamiento del felino mediante drones térmicos en una zona de nopaleras, organizaciones civiles y especialistas en grandes depredadores ofrecieron formalmente su ayuda, equipo y asesoría técnica.
La Asociación de Zoológicos, Criaderos y Acuarios de México (AZCARM) y diversos médicos veterinarios expertos en fauna silvestre hicieron reiterados llamados a las autoridades locales, estatales y federales. El mensaje era unánime y claro: no se debía intervenir con personal sin capacitación. Los especialistas insistieron en el uso de rifles de dardos tranquilizantes con las dosis exactas de anestesia y en el despliegue de redes de contención específicas para felinos de gran tamaño.
Todas las advertencias fueron olímpicamente ignoradas. Las dependencias prefirieron el protagonismo político y el despliegue de elementos de seguridad pública armados con rifles de asalto, en lugar de priorizar una solución científica y ética. Al final, según reportan fuentes cercanas, una letal combinación de un disparo de arma de fuego con un manejo errático de sedantes terminó con la vida del majestuoso ejemplar en el municipio de Tepetlaoxtoc.
Protocolos inexistentes y el tufo de la corrupción
Este caso destapa la coladera de una crisis estructural mucho más profunda: la simulación institucional en el manejo de fauna exótica. El hecho de que Kenzo habitara en un supuesto “refugio” o predio privado en el municipio de Tepetlaoxtoc del cual pudo escapar fácilmente debido a “trabajos de mantenimiento”, evidencia las nulas inspecciones y la laxitud con la que se otorgan los permisos para poseer este tipo de animales en México.
En el fondo de este y cientos de casos similares en el país, subyace una red de posible corrupción y complicidad. Es un secreto a voces que los conocidos como Predios o Instalaciones que Manejan Vida Silvestre (PIMVS) operan frecuentemente bajo la sombra de la ilegalidad, protegidos por “moches” y lagunas legales que los inspectores federales deciden omitir. Las autoridades se vuelven cómplices al permitir el criadero y posesión de tigres y leones en zonas semiurbanas sin las medidas mínimas de seguridad.
Cuando el problema se les sale de las manos (literalmente, como ocurrió en Tepetlaoxtoc), la respuesta del Estado es el uso de la fuerza bruta. La falta de un protocolo estandarizado de emergencias para escapes de fauna demuestra que la dependencia dirigida por Mariana Boy Tamborrell opera con un retraso operativo alarmante, carente de herramientas de contención química (dardos, rifles especializados, fármacos correctos) y dependiendo de policías estatales para someter a un tigre de bengala.
La justicia que llega tarde
Como ya es costumbre para mitigar el golpe mediático, la PROFEPA procedió a colocar sellos de clausura total en el predio tras la muerte del animal. Una medida que la ciudadanía califica de “absurda y tardía”, pues el daño más grave —la pérdida de una vida debido a la incompetencia del propio gobierno— ya es irreversible.
La muerte de Kenzo no debe quedar como una simple cifra de negligencia local. Es un reminder urgente de que las instituciones ambientales en México necesitan una reestructuración profunda, auditorías severas contra la corrupción interna y, sobre todo, la humildad de escuchar a la ciencia y a los expertos que dedican su vida a proteger lo que el gobierno, con un solo balazo, es capaz de destruir.
