CIUDAD DE MÉXICO.– En un golpe timón bajo su nueva dirigencia, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) interpuso este martes 21 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por un presunto daño al erario público que supera los 600 millones de pesos.
Las querellas, presentadas por el Auditor Superior Aureliano Hernández Palacios Cardel, señalan directamente a por lo menos 30 funcionarios y exservidores públicos de los tres niveles de gobierno. Las investigaciones abarcan irregularidades graves cometidas en la gestión de recursos federales entre los años 2020 y 2024.
Red de corrupción en Cofepris y desvíos municipales
Entre los casos más graves documentados por la ASF destacan tres denuncias penales en contra de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris). En dicha dependencia se detectó una presunta red de corrupción y simulación de servicios que provocó un daño patrimonial de 121.9 millones de pesos, donde un verificador y su cónyuge recibieron transferencias directas de empresas contratistas.
El paquete de denuncias ante la FGR también incluye:
- Veracruz: Cinco denuncias penales por anomalías en las cuentas públicas de 2020 y 2021 en el municipio de Alvarado.
- Nayarit: Cinco denuncias correspondientes a la gestión financiera estatal del ejercicio 2021.
- Estado de México: Tres denuncias dirigidas contra la administración del municipio de Donato Guerra, además de pliegos adicionales en Valle de Bravo.
- Otras entidades: Acciones legales individuales contra Talleres Gráficos de México, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), y los municipios de Maravatío (Michoacán) y Matehuala (San Luis Potosí).
La presentación de estas denuncias coincidió con la entrega del primer paquete de informes de la Cuenta Pública ante la Cámara de Diputados. Durante el acto, el auditor Hernández Palacios Cardel explicó que estas acciones penales son resultado de nuevas facultades normativas que permiten a la ASF realizar investigaciones directas de alto impacto.
Con esta estrategia, el órgano fiscalizador ya no requiere esperar a que concluyan los largos plazos de las auditorías tradicionales. Al detectar indicios sólidos de corrupción o colusión en contrataciones públicas, la ASF tiene la facultad de acudir inmediatamente ante el Ministerio Público Federal. Paralelo a las denuncias, la institución informó el inicio de 31 expedientes de investigación adicionales y 30 procedimientos por responsabilidades administrativas graves.
