Por Diego Martínez
La pasión por el fútbol en México ha cruzado una línea sumamente peligrosa, transformando la fiesta pública en una tragedia predecible. Hoy en día, independientemente del resultado que se obtenga en la cancha, el balance final en las calles está siendo devastador; la euforia mal entendida ya ha cobrado vidas humanas y ha convertido el espacio común en un escenario de luto, miedo y absoluto descontrol.
Lo que originalmente debería ser un punto de encuentro para el júbilo y la convivencia comunitaria se ha degradado, bajo la mirada pasiva de los cuerpos de seguridad, en un riesgo mortal para miles de ciudadanos que salen a festejar sin saber que caminan hacia una emboscada.
El reflejo más crudo de esta crisis ocurrió tras el reciente encuentro contra la selección de Ecuador, donde las escenas de alegría desmedida se tornaron rápidamente en un caos absoluto. Las aglomeraciones en los principales puntos de reunión colapsaron debido a la ausencia total de un protocolo de manejo de masas y a una evidente falta de vigilancia policial.
Esta alarmante carencia de orden permitió que el consumo de alcohol, las riñas y las estampidas humanas cobraran víctimas de forma trágica. Los testimonios de esa noche coinciden en el absoluto inmovilismo de los mandos policiales, quienes se limitaron a observar el desastre a la distancia, completamente superados en número y carentes de cualquier plan de contingencia efectivo.
Esta vulnerabilidad institucional no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de una grave irresponsabilidad política. La Jefa de Gobierno ha sido la principal promotora de estas concentraciones, invitando de manera reiterada a la ciudadanía a salir y apropiarse de los espacios públicos para celebrar el torneo mundialista. Sin embargo, lanzar convocatorias masivas sin garantizar la infraestructura mínima de protección civil constituye una omisión imperdonable; al incentivar estos eventos sin el resguardo adecuado, la administración local ha transformado las plazas y avenidas en auténticas trampas mortales.
Este descontrol y descomposición social no son exclusivos de la capital, sino que se extienden con fuerza por todo el país como un síntoma de la alarmante pérdida de límites éticos. Un ejemplo perturbador de esta realidad ocurrió en Baja California, donde un conductor arrolló a 17 personas en medio del desorden de los festejos.
La respuesta de la multitud, lejos de buscar auxilio, fue un brutal linchamiento masivo que terminó con el asesinato a golpes del automovilista. Este imponente acto de barbarie demuestra cómo la masa, escudándose en el pretexto del balón, pierde toda brújula moral y utiliza la fiesta como una licencia para desatar la hostilidad más salvaje.
Ante este panorama, resulta urgente generar una profunda conciencia social sobre lo que realmente significa festejar, recordando que el derecho al júbilo termina estrictamente donde empieza la integridad del otro. Es imperativo entender que el frenesí deportivo jamás debe justificar la destrucción de propiedad, el agravio a transeúntes o el homicidio. Si la ciudadanía no recobra el sentido de la responsabilidad individual y colectiva, la algarabía deja de serlo para convertirse en un ataque directo contra la comunidad misma.
La desprotección actual, visible en la inexistencia de filtros de control y en la nula regulación del alcohol en la vía pública, enciende todas las alarmas de cara a este fin de semana, una fecha crucial que marca un escenario de alto riesgo sin importar lo que dictamine el silbatazo final.
Si el equipo avanza y concreta el pase a las siguientes fases, el fervor callejero se duplicará, convirtiendo cada nueva jornada en un reto logístico aún más peligroso. Por el contrario, una eliminación o un resultado adverso podría desatar un escenario igual de grave o incluso peor, donde la frustración, el enojo masivo y el alcohol acumulado detonen brotes de violencia incontrolables.
Si el gobierno local insiste en mantener la misma desidia operativa y apatía institucional desde ahora, el riesgo de un desastre mayor se volverá inminente en cualquiera de los dos frentes posibles.
Los espacios públicos no pueden seguir siendo gestionados como zonas de anarquía; de lo contrario, al concluir el partido, el país no estará pendiente de las estadísticas de juego, sino de contar nuevas pérdidas de vidas humanas que podrían evitarse si la autoridad simplemente hiciera su trabajo y cumpliera con su deber de protegernos.
