Oaxaca.- La paciencia de la ciudadanía oaxaqueña se agotó. Lo que los gremios de transportistas llaman “jornadas de protesta” en contra del reordenamiento vial de la Secretaría de Movilidad (Semovi), para los usuarios de a pie es un secuestro cotidiano de su tiempo, su dinero y su derecho al libre tránsito.
La indignación social ha escalado a tal grado que hoy la demanda ya no es que el gobierno abra mesas de diálogo, sino que aplique mano dura, ejecute la ley y comience a retirar masivamente las concesiones a quienes usan los vehículos de transporte público como arietes de chantaje político.
El mapa del caos sumó nuevos puntos críticos que evidencian el colapso coordinado. Sobre la Carretera Federal 190, a la altura de la Macroplaza, choferes de taxis foráneos y unidades de transporte tipo Urvan procedentes de diversas comunidades estrangularon por completo el carril con dirección al Centro histórico, instalando un campamento frente a las oficinas del Centro SICT.
Esta acción paralizó la zona oriente de la capital, obligando a miles de personas a descender de los autobuses para caminar largas distancias con el fin de llegar a sus empleos o escuelas.
La agresión a la movilidad no es un hecho aislado; se suma a la ola de cierres que en días pasados asfixió de igual forma al Parque del Amor y a la avenida Símbolos Patrios, confirmando la intención de estos gremios foráneos de estrangular sistemáticamente todos los accesos a la ciudad.
Al mismo tiempo, la crisis rompió las fronteras de los Valles Centrales para golpear al interior del estado. En la región de la Mixteca, habitantes denunciaron el abandono total de las rutas que conectan a Tlaxiaco con la capital. Decenas de taxistas foráneos y operadores de Urvans de esa zona prefirieron dejar sin servicio a sus usuarios habituales en las comunidades para trasladarse en caravana hacia la capital oaxaqueña, sumándose a las protestas que exigen mantener impunes sus antiguas bases de operación.
Con esto, los transportistas cometieron una doble falta: desampararon a las poblaciones rurales que por ley deben servir y colapsaron la capital con unidades ajenas a la demarcación local. Lo más alarmante para la sociedad es la advertencia lanzada por los propios choferes, quienes ya amenazan abiertamente con boicotear e impedir la celebración de las fiestas de la Guelaguetza si las autoridades no ceden a sus demandas, poniendo en riesgo la temporada turística y la estabilidad económica del estado.
“Es una total injusticia”, reclama Leticia Ordaz, empleada doméstica originaria de Santa Cruz Xoxocotlán, quien tuvo que caminar más de tres kilómetros cargando sus pertenencias para cruzar un cerco vehicular. “Ellos protestan porque los quieren meter en cintura y ordenar sus rutas, pero ¿quién nos defiende a nosotros de sus malos tratos y sus unidades viejas? Si los trabajadores independientes no vamos a trabajar, no cobramos. Ellos paran la ciudad, usan los taxis y las Urvans comunitarias para tapar calles, amenazan con arruinar la Guelaguetza y la autoridad no les hace absolutamente nada”.
Esta impunidad es precisamente el centro de las críticas de los sectores comerciales. Carlos Mendoza, comerciante de la Central de Abastos, señala que la complacencia gubernamental ha empoderado a las mafias del volante. “Una concesión no es una propiedad privada, es un permiso que el pueblo les da a través del gobierno para prestar un servicio. Si usan las Urvans de las comunidades o los taxis foráneos para agredir a la ciudadanía y bloquear la Macroplaza o el Parque del Amor, la sanción debe ser fulminante: retirarles las placas y cancelarles el permiso de por vida en ese mismo momento”, argumenta con firmeza.
Lejos de ser una petición inviable, la exigencia de los afectados encuentra un respaldo absoluto en el marco jurídico de Oaxaca, el cual suele ser letra muerta durante los conflictos viales. El andamiaje legal está diseñado para castigar severamente estas conductas desde tres frentes distintos: el administrativo, el vial y el penal.
La herramienta principal la tiene la Semovi a través del Artículo 187 de la Ley de Movilidad para el Estado de Oaxaca. Este apartado estipula con total claridad que las concesiones serán revocadas de manera inmediata cuando las unidades del servicio público sean utilizadas por los choferes para bloquear vialidades, suspender el servicio sin causa justificada o cerrar oficinas gubernamentales. La ley entiende que usar un taxi o una Urvan para tapar una avenida rompe el principio de interés social del transporte, lo que anula automáticamente el derecho de explotación del particular.
Complementando esta medida, el Artículo 79 de la Ley de Tránsito, Movilidad y Vialidad del Estado prohíbe de forma tajante cualquier obstrucción deliberada de los carriles de circulación. Este artículo faculta directamente a la Policía Vial para retirar los vehículos infractores con grúas y enviarlos al corralón.
Finalmente, el desafío de los transportistas cruza al terreno penal mediante el Artículo 182 del Código Penal para el Estado de Oaxaca, el cual tipifica los delitos contra el ataque a las vías de comunicación, castigando con penas de prisión y multas económicas a quienes bloqueen calles de manera dolosa o saboteen servicios esenciales.
Los argumentos legales existen y las afectaciones están plenamente documentadas. El clamor de los oaxaqueños es unánime: ante la amenaza de boicotear la Guelaguetza, la Semovi debe dejar de lado las negociaciones políticas a puerta cerrada y aplicar las sanciones de forma estricta. Unidad que participe en un bloqueo debe ser una concesión cancelada para siempre.
