El contrato por adjudicación directa financia hamburguesas, pozole y taquizas “premium” con dinero de la Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios.
Por: Redacción
Ciudad de México — Mientras millones de adultos mayores, personas con discapacidad y familias en situación de pobreza extrema enfrentan el encarecimiento de la canasta básica y la falta de medicamentos, la Secretaría de Bienestar, encabezada por Leticia Ramírez Amaya, aprobó un gasto de 83 millones de pesos para garantizar el servicio de alimentos, banquetes y logística en sus reuniones internas durante el segundo semestre de 2026.
La indignación social y el debate sobre el uso de los recursos públicos se han encendido tras revelarse que el dinero no proviene de un presupuesto operativo ordinario, sino del Fondo 201 de la “Unidad para la Atención de Grupos Prioritarios”. Este fondo tiene como mandato legal e institucional el financiamiento de políticas sociales, programas de apoyo y proyectos de inclusión dirigidos exclusivamente a las poblaciones más desprotegidas del país.
Banquetes y carpas climatizadas en la oficina institucional
Los documentos del contrato detallan un menú que contrasta drásticamente con la realidad económica de los beneficiarios de los programas sociales. El servicio contratado incluye:
- Menús ejecutivos y tradicionales: Platillos como mole con pollo, pozole, chilaquiles, enchiladas, hot cakes, hamburguesas y hot dogs.
- Servicios especiales: Taquizas calificadas como “premium” y bufets completos.
- Logística de eventos: Montaje de carpas y lonas para eventos de entre 50 y 500 personas, sistemas de aire acondicionado, iluminación decorativa, personal de seguridad privada, estacionamiento y sanitarios móviles.
El periodo de ejecución de este gasto está estipulado del 16 de junio al 31 de diciembre de 2026, lo que representa un promedio de gasto en comida de casi 14 millones de pesos mensuales.
Adjudicación directa y anomalías comerciales
La investigación periodística inicial de El Universal destapó una red de irregularidades en el proceso de contratación. La Secretaría de Bienestar otorgó los contratos mediante adjudicación directa (sin licitación ni competencia de precios) a dos empresas: Grupo Maferefun y Market Foodie BR.
Los expedientes revelan que ambas compañías comparten al mismo representante legal. Además, ninguna de las dos firmas se encuentra inscrita en el Registro Público de Comercio de la Secretaría de Economía, una omisión legal grave para cualquier proveedor de la administración pública federal.
La justificación oficial: “Planeación institucional”
Ante los señalamientos de opacidad y el cuestionamiento ético de gastar el dinero de los más necesitados en comidas de oficina, la Secretaría de Bienestar defendió la legalidad de los contratos.
De acuerdo con la dependencia, el gasto es “estratégico y necesario” para la planeación, evaluación, seguimiento y coordinación del Programa de Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores. La institución argumentó que estas reuniones son indispensables para capacitar y coordinar al personal operativo y administrativo encargado de dispersar los apoyos económicos en todo el territorio nacional.
Sin embargo, para los críticos de la gestión actual y las organizaciones civiles de rendición de cuentas, el argumento resulta insuficiente. Señalan que la operación burocrática jamás debería financiarse a costa de los fondos de asistencia directa, ensanchando la brecha entre los funcionarios públicos y los ciudadanos que esperan apoyo del gobierno.
