CIUDAD DE MÉXICO. — El traslado por carretera del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, desde el penal de máxima seguridad del Altiplano hasta su residencia en Ensenada, ha desatado una intensa ola de indignación política y acusaciones de venganza por parte de la oposición mexicana.
El trayecto, que abarca casi 3,000 kilómetros y más de 30 horas de viaje continuo, contradice la justificación médica y de derechos humanos por la cual una jueza federal le concedió el beneficio de la prisión domiciliaria.
Hasta el momento, las autoridades federales no han emitido una explicación técnica o de seguridad sobre por qué determinaron trasladar al exmandatario de 74 años por vía terrestre, restringiendo el uso de transporte aéreo.
En su último pronunciamiento oficial, la Fiscalía General de la República (FGR) omitió cualquier mención sobre la logística del traslado, limitándose a recordar que el cambio de medida cautelar se otorgó por razones humanitarias debidas a su edad y salud.
No obstante, diversos analistas y figuras políticas argumentan que las acusaciones de la fiscalía por delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos carecen de sustento real y operan más bien como un montaje mediático y una selectividad judicial.
Su propia defensa ha señalado que Ruffo era un accionista minoritario sin funciones operativas en la comercialización de combustibles de la empresa señalada, lo que se suma a la fuerte crítica de que el despliegue obedece a un golpe estrictamente político.
La gravedad del traslado cobra una relevancia histórica particular debido a la trayectoria de Ruffo Appel, un personaje fundamental para la transición democrática en México. En 1989, al ganar la gubernatura de Baja California bajo las siglas del Partido Acción Nacional (PAN), Ruffo rompió con más de 60 años de hegemonía del partido oficial, sacudiendo el sistema político y forzando por primera vez el reconocimiento de un triunfo electoral de la oposición en un estado.
Durante su mandato consolidó hitos institucionales de enorme relevancia a nivel nacional, tales como la emisión de la primera credencial de elector con fotografía y la creación de la primera Procuraduría de los Derechos Humanos autónoma en el país.
Por ello, para sus simpatizantes y amplios sectores civiles, someter a un pilar de la alternancia democrática a un traslado extenuante constituye un trato humillante y un mensaje de amedrentamiento hacia la disidencia política.
La defensa legal y sus familiares argumentaron ante el juez que el exgobernador padece de problemas crónicos de salud, un cuadro severo de delgadez y las secuelas de una reciente operación de cadera, condiciones que limitan drásticamente su movilidad y que hacían urgente su excarcelación de El Altiplano.
Precisamente por ello, voceros del Partido Acción Nacional y líderes del partido Somos tildaron la medida de castigo sicológico y físico, denunciando que Ruffo realiza el viaje esposado dentro de un vehículo blindado.
Este trato contrasta abiertamente con el operativo de su detención en julio pasado, cuando fue movilizado de inmediato a la Ciudad de México en una aeronave oficial.
También se ha cuestionado fuertemente el impacto económico y los riesgos de seguridad que implica movilizar un convoy custodiado a lo largo de varios estados conflictivos de la República, señalando que por criterios elementales de economía, precaución y humanidad debió autorizarse un traslado aéreo.
Mientras el convoy avanza a marchas forzadas por el norte del país, organizaciones civiles han llamado a establecer observatorios ciudadanos en las carreteras para documentar el trayecto y asegurar la integridad física del exgobernador hasta su llegada a Ensenada.
