Imágenes de Ines de la Vara
Acampada indefinida en Sol: el derecho a la vivienda explota en Madrid tras la masiva manifestación del 26-S
La histórica Puerta del Sol de Madrid vuelve a ser el epicentro de la indignación ciudadana. Cientos de personas mantienen una acampada indefinida en el centro de la capital tras la multitudinaria manifestación celebrada el pasado sábado 26 de septiembre de 2026, la cual desbordó las principales arterias de la ciudad bajo el lema por el derecho a la vivienda y contra el colapso habitacional.
La movilización, impulsada por el Sindicato de Inquilinas junto a diversas organizaciones vecinales como la FRAVM y colectivos ecologistas, nació como respuesta directa a una crisis de precios que los organizadores califican de “insostenible”. Las principales demandas de este nuevo Movimiento 26-S exigen la paralización inmediata de los desahucios por impago de alquiler, la regulación estricta de las viviendas turísticas y el freno a la especulación de los fondos de inversión.
El detonante humano que encendió la mecha de la protesta fue el caso de Maricarmen Abascal, una pensionista de 87 años con un 50% de discapacidad. Abascal fue desahuciada de su hogar de toda la vida tras la compra de su edificio por parte de un fondo de inversión, que pretendía elevar el coste de su renta de forma inasumible. Su rostro y su historia se han convertido en el símbolo de las pancartas y cánticos de los manifestantes, quienes reclaman al Gobierno Central una legislación urgente bautizada popularmente como el “Decreto Maricarmen”.
Tras la marcha del sábado, decenas de manifestantes decidieron desplegar lonas y montar las primeras tiendas de campaña para pasar la noche en la plaza, en un escenario que evoca de forma inevitable al histórico movimiento 15M de 2011.
Con el campamento ya firmemente asentado, la protesta sumó un nuevo e importante respaldo durante la jornada del domingo. La manifestación de la “marea verde” en defensa de la educación pública, convocada originalmente desde Atocha, marchó hacia el centro de la capital y terminó confluyendo de forma solidaria con la acampada por la vivienda. “Sin educación y sin vivienda no hay futuro”, corearon de manera unificada ambos movimientos frente a la Real Casa de Correos.
El gobierno regional exige el desalojo
La tensión política e institucional ha escalado drásticamente en las últimas horas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cuya sede de gobierno se encuentra precisamente frente a las tiendas de campaña de los manifestantes, ha solicitado formalmente el desalojo de la Puerta del Sol en un plazo máximo de 48 horas.
La líder autonómica ha lanzado un ultimátum advirtiendo que emprenderá acciones legales urgentes contra la Delegación del Gobierno si las fuerzas de seguridad del Estado no intervienen de inmediato para desmantelar la acampada. Al requerimiento de la Comunidad se ha sumado también el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, denunciando el uso indebido del espacio público.
Ante la ofensiva de la administración autonómica y local, la Delegación del Gobierno en Madrid, encabezada por Francisco Martín Aguirre, ha respondido de forma contundente rechazando la ejecución de un desalojo exprés. Fuentes del organismo confirmaron la recepción del requerimiento de la Comunidad, pero se reafirmaron firmemente en su postura de exigir respeto al derecho fundamental de reunión y manifestación consagrado en la Constitución.
Desde la Delegación del Gobierno argumentaron que la concentración se está desarrollando de manera pacífica y cívica.
Asimismo, señalaron que la prioridad del organismo seguirá siendo garantizar la seguridad ciudadana de los propios acampados en la Puerta del Sol y mantener la debida protección del edificio de la Real Casa de Correos en su condición de Bien de Interés Cultural, rechazando entrar en lo que consideran una instrumentalización política de las fuerzas de seguridad.
El Ejecutivo central añadieron además que, de existir problemas menores de ordenanza en el espacio público, las competencias reguladoras primarias corresponden a la propia Policía Municipal de la capital.
Por su parte, portavoces del Sindicato de Inquilinas han declarado que la ocupación del espacio público se mantendrá firme de manera asamblearia. Los acampados insisten en que no se moverán hasta ver publicados compromisos políticos reales, asegurando que el caso de Maricarmen debe marcar el fin de la impunidad especulativa en el país.
