CIUDAD DE MÉXICO.– En un golpe definitivo contra las llamadas “fantasma” y el ‘spam’ telefónico, el Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma histórica a la Ley Federal de Protección al Consumidor. La nueva medida busca erradicar el acoso comercial masivo estableciendo multas severas que pueden alcanzar los 2.3 millones de pesos para las empresas infractoras.
Con esta modificación legal, queda estrictamente prohibido que las marcas realicen llamadas de venta o envíen mensajes de texto publicitarios a los usuarios sin que exista una autorización previa y explícita por parte del consumidor.
Castigo a las empresas y fin a los vacíos legales
Uno de los puntos clave de la reforma es el aumento radical en las sanciones económicas. Mientras que anteriormente la multa mínima por este tipo de prácticas era de apenas 760 pesos —una cifra que las empresas preferían pagar antes que detener sus campañas—, el nuevo piso de sanción se eleva a 56 mil 570 pesos, pudiendo escalar hasta los 2 millones 345 mil 728 pesos en casos de reincidencia o gravedad.
Además, la ley cierra la puerta a una de las estrategias más comunes de las empresas: deslindarse de la responsabilidad culpando a los call centers contratados. A partir de ahora, se implementa la responsabilidad solidaria, lo que significa que tanto la marca dueña del producto como la agencia externa que realiza la llamada serán sancionadas por igual si violan la privacidad del ciudadano.
La iniciativa, que fue turnada a la Cámara de Diputados para su posterior revisión y eventual ratificación, responde a una demanda social generalizada contra la saturación y molestia que generan estas llamadas a cualquier hora del día.
