CIUDAD DE MÉXICO. En una jornada legislativa que se prolongó debido al desahogo de más de un centenar de reservas, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen de reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, catalogado de forma mediática como la “Ley Antimemes”.
El proyecto de decreto, impulsado por el Poder Ejecutivo, transitó con el respaldo del bloque mayoritario integrado por Morena, el Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México, frente al voto en contra unificado de los partidos de oposición. La resolución final en lo particular registró 310 sufragios a favor y 97 en contra, luego de que la mayoría oficialista desechara de forma sistemática las modificaciones propuestas por las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.
El núcleo de la reforma introduce un esquema de responsabilidad secundaria para los proveedores de servicios de internet y plataformas digitales, obligándolos a retirar contenidos de manera expedita cuando se denuncie una presunta violación a la propiedad intelectual.
Bajo este nuevo ordenamiento, las empresas tecnológicas que no implementen políticas públicas notorias para sancionar y suspender las cuentas de “infractores reincidentes” enfrentarán sanciones económicas que van desde las 5 mil hasta las 40 mil veces la Unidad de Medida y Actualización, lo que equivale a multas de hasta 4.6 millones de pesos administradas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).
El oficialismo argumentó en la tribuna de San Lázaro que la legislación es indispensable para combatir la piratería masiva, evitar fraudes cibernéticos cometidos mediante la clonación de identidades institucionales y armonizar el marco normativo nacional con las directrices del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
A pesar de las promesas de la bancada mayoritaria de que la libertad de prensa y los contenidos humorísticos están a salvo, legisladores de la oposición y organizaciones dedicadas a la protección de derechos digitales encendieron las alertas sobre las implicaciones restrictivas de la ley.
Representantes del Partido Acción Nacional acusaron que la ambigüedad jurídica del texto propiciará un escenario de censura previa automatizada. Explicaron que, ante la amenaza de recibir sanciones multimillonarias, las plataformas digitales preferirán dar de baja publicaciones de forma precautoria mediante algoritmos, suprimiendo críticas legítimas, investigaciones periodísticas y parodias políticas antes de que un juez evalúe el fondo del asunto.
La principal preocupación técnica radica en que el marco normativo no incluyó salvedades explícitas para salvaguardar el ejercicio periodístico, la sátira o la caricatura digital.
Diversos analistas y agrupaciones de la sociedad civil advirtieron que dejar la definición de una infracción al criterio exclusivo de autoridades administrativas del Estado provocará un efecto inhibidor en la discusión pública. Esto forzará a creadores de contenido y comunicadores a la autocensura por el temor de perder permanentemente sus canales digitales o enfrentar procesos punitivos.
Con la aprobación en ambas cámaras, el decreto continuará su proceso constitucional de promulgación, mientras en el entorno digital persiste el debate sobre el impacto que este andamiaje legal tendrá sobre el derecho a la libre manifestación de las ideas en el ecosistema de internet mexicano.
