Entra en vigor Ley General de Catastro: arranca transición hacia la homologación digital y el ajuste fiscal municipal
CIUDAD DE MÉXICO — El sistema de registro inmobiliario en México inicia una transformación estructural profunda. Desde el pasado 24 de octubre entró en vigor la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El nuevo marco normativo obliga a una coordinación sin precedentes entre los tres órdenes de gobierno para modernizar y unificar los catastros y los Registros Públicos de la Propiedad en todo el país.
El corazón de la reforma radica en la creación de la Clave Única Catastral y la Cédula Única Catastral y Registral. Estos mecanismos vincularán de forma definitiva la descripción física de los inmuebles con su estatus jurídico.
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones será la entidad encargada de coordinar la infraestructura tecnológica y las plataformas nacionales de datos.
Para los gobiernos locales, la legislación establece un calendario institucional sumamente agresivo. La Agencia dispone de 30 días hábiles para emitir los lineamientos técnicos, mientras que las autoridades catastrales estatales y municipales deberán adoptar los nuevos modelos de software y bases de datos a más tardar el 31 de diciembre de 2026, con el fin de iniciar operaciones el 1 de enero de 2027.
Asimismo, los congresos de las entidades federativas contarán con un plazo de 180 días para adecuar sus leyes locales.
Desde la perspectiva de las finanzas públicas, el impacto principal se concentrará en las haciendas municipales. Aunque el texto legal no modifica ni eleva de forma directa las tasas fiscales, su aplicación busca reducir la brecha histórica entre el valor catastral y el valor comercial real de la tierra.
Especialistas en federalismo fiscal anticipan que la actualización de los padrones inmobiliarios derivará en un incremento en la recaudación del impuesto predial a mediano plazo, una vez que los cabildos locales aprueben sus respectivas leyes de ingresos bajo los nuevos criterios de valuación.
