CIUDAD DE MÉXICO — En una sesión marcada por intensos debates económicos y de seguridad, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen que reforma la Ley de Inversión Extranjera. La iniciativa, promovida originalmente por el Ejecutivo federal, busca dotar al Estado mexicano de mecanismos estrictos para evaluar los flujos de capital internacional bajo un criterio de seguridad nacional.
Con 314 votos a favor por parte de la mayoría oficialista y 117 votos en contra de las bancadas de oposición, el proyecto superó su primera votación regulatoria. Momentos después, la asamblea ratificó el texto en lo particular con 321 votos a favor. Al no presentar modificaciones respecto a la minuta previamente avalada por el Senado de la República, el decreto fue turnado al Ejecutivo federal para su posterior promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.
El núcleo de la reforma consiste en la reconfiguración de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. El nuevo diseño institucional integra con voz y voto a los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Asimismo, la Fiscalía General de la República y la Unidad de Inteligencia Financiera participarán en calidad de invitados técnicos con voz, pero sin voto.
Bajo este nuevo marco legal, cualquier corporación o inversionista extranjero que pretenda adquirir más del 49 por ciento de las acciones en empresas que operen dentro de sectores estratégicos deberá someterse a un proceso de autorización previa. Entre las áreas catalogadas como sensibles se encuentran la infraestructura crítica, energía, minería, telecomunicaciones, ciberseguridad e inteligencia artificial.
La normativa establece un periodo máximo de 45 días hábiles para que la comisión emita un dictamen técnico. En caso de que el plazo expire sin un pronunciamiento oficial, operará el principio de negativa ficta, lo que significa que la solicitud será rechazada de manera automática.
Los legisladores del bloque mayoritario defendieron la pertinencia de la reforma argumentando que alinea a México con los estándares de supervisión financiera de potencias globales, resguardando activos clave de riesgos cibernéticos o de financiamiento ilícito. Por el contrario, los grupos parlamentarios de oposición manifestaron su preocupación ante lo que consideran una intervención militar excesiva en el ámbito civil y mercantil, advirtiendo que los nuevos plazos y la negativa ficta podrían restar predictibilidad jurídica e inhibir la llegada de capitales al país.
